Lago Ranco

Comunidad rechaza proyecto hidroeléctrico impulsado por ex ministro Gabriel Ruiz

La comunidad Ikatun Cheyen, de Riñinahue, perteneciente a la alianza territorial Puelwillimapu, declaró mediante comunicado público su total rechazo a la instalación de una «mini» central Hidroeléctrica en el Parque Futangue,  PDGM Riñinahue, propiedad de la empresa HidroRiñinahue SA, entre cuyos principales inversionistas destaca el papel de Gabriel Ruiz-Tagle, ex ministro de deporte y dueño […]

Por CVN

28/11/2014

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La comunidad Ikatun Cheyen, de Riñinahue, perteneciente a la alianza territorial Puelwillimapu, declaró mediante comunicado público su total rechazo a la instalación de una «mini» central Hidroeléctrica en el Parque Futangue,  PDGM Riñinahue, propiedad de la empresa HidroRiñinahue SA, entre cuyos principales inversionistas destaca el papel de Gabriel Ruiz-Tagle, ex ministro de deporte y dueño de del Parque Futangue y la Fundación Ranco.

La comunidad critica que la instalación del proyecto va contraposición al objetivo del parque, que es desarrollar el turismo sustentable, preservar el patrimonio natural y dar apoyo a la comunidad local.

Tanto el caudal del río Riñinahue como el estero collico se verán afectados, perjudicando asimismo al salto Riñinahue, uno de los atractivos turísticos de la zona.

Salto Riñinahue

Salto Riñinahue

Dado que se trata de una central geneadora de menos de 3KW, no está obligada a someterse al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), por lo que no han sido estudiados los impactos ambientales que tendría su instalación en la zona, pero la comunidad señala que, además del impacto turístico, las especies del río se verían afectadas por la extracción del agua mediante tuberías.

Aparte de los daños ambientales, la cultura de la comunidad se verá atropellada, ya que se estarían interviniendo las aguas donde habitan los Genes (espíritus), que según su cosmovisión se encuentran principalmente en el citado salto.

Pero sin duda, el mayor atropello contra la comunidad indígena es el hecho de que no se haya realizado una consulta previa para su instalación, tal y como establece el Convenio 169 OIT, ratificado por Chile en 2009.

La comunidad denuncia que, sin embargo, no es esta la primera vez que se transgreden sus derechos, habiéndoles ya prohibido el acceso a determinadas zonas y, entre otros, la actividad pesquera en la Laguna Pichi. Retóricamente se preguntan si es ético que el Estado esté financiando un parque para su conservación que está destruyendo poco a poco el ecosistema de las comunidades.

Luisa Saldaña Unión, presidenta de la comunidad y firmantedel comunicado, señaló que por el momento comenzarán una campaña de sensibilización para impedir que se levante la central.

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