Con 105 votos a favor Cámara aprueba adhesión al acuerdo de Escazú y despacha proyecto al Senado

Durante la tarde de este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de acuerdo aprobatorio del acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.

La moción presidencial obtuvo 105 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones por parte de las y los legisladores.

Con la aprobación del proyecto en la sala de la Cámara Baja, su tramitación continuará ahora en las comisiones del Senado.

En la discusión en sala estuvo presente la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, junto a la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas y la canciller, Antonia Urrejola, quienes adhirieron testimonialmente al acuerdo a principios de marzo junto al Presidente Gabriel Boric, instando al Congreso ratificar esta incorporación.

Tras la votación, la ministra de Relaciones Exteriores valoró el resultado, destacando que este es un paso fundamental en materia de justicia ambiental, acceso a la información, democracia y de defensa de derechos.

Recordó que El acuerdo no fue suscrito por el expresidente Sebastián Piñera, por lo que el Gobierno de Gabriel Boric debió iniciar un proyecto de ley para poder adherir a Chile.

«Eso es tremendo si recordamos que hace tres, cuatro años, Chile se salió de la ratificación, le había dado la espalda a Escazú, y a dos meses de iniciado el gobierno hemos tenido este amplio apoyo», señaló.

“Hemos tenido este amplio apoyo que da cuenta de la importancia del acuerdo de Escazú, da cuenta de que trata materias que son políticas de Estado y yo quiero agradecer no sólo a los parlamentarios del oficialismo sino también a los parlamentarios de oposición que hicieron este acuerdo posible y quiero agradecer a los presidentes de las tres comisiones que nos ayudaron en esta labor”, expresó citada por Radio U de Chile.

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, dijo estar alegre de que, a dos meses de la instalación del Gobierno se haya cumplido este hito y destacó la amplia votación que tuvo el acuerdo en la Cámara.

“Es una buena noticia para el país que profundizar la democracia ambiental sea visto como una política de Estado y de esta manera podamos tener mecanismos efectivos para enfrentar la triple crisis que estamos enfrentando, la crisis climática, una crisis de biodiversidad y de contaminación y también una crisis social”, señaló.

«Faltan un par de pasos, pero lo de hoy fue muy importante, ya que en el Senado ya hay un acuerdo de aprobarlo”, acotó.

Asimismo, se refirió al contenido de este acuerdo y la discusión constitucional sobre la materia, por lo que declaró que: “El tratado es un tratado de derechos humanos en temas ambientales, y las discusiones en la Convención van muy en línea con el espíritu del Tratado de Escazú”.

Finalmente, llamó al empresariado a valorar la firma de este acuerdo. “El sector empresarial debería sentirse muy seguro de que cuando hay más transparencia habrá menos corrupción. Además, habrá más certezas jurídicas”, cerró Maisa Rojas.

Por su parte, la diputada presidenta de la comisión de Agricultura, Consuelo Veloso (RD) señaló que “este es un día de celebración para Chile y el mundo” y que a diferencia de lo planteado por los y las diputadas contrarias al acuerdo, “avanzar en legislación por el medio ambiente, no es un capricho del Gobierno”, sino que “es de toda supervivencia”.

“Hablar de crisis climática es decir que miles de empleos en Chile sobre todo para la pequeña agricultura se están viendo afectados por la falta de agua y que no protejamos a quienes luchan por defender el agua, por defender el medio ambiente, garantiza que no tenemos derecho a sobrevivir y que vamos a perder millones de empleos en Chile”, manifestó.

Por otro lado, el diputado y presidente de la comisión de Medio Ambiente, Daniel Melo (PS), valoró la determinación de la Cámara Baja, afirmando que la aprobación «es un gran avance».

«Esperamos que con este avance el Senado también lo apruebe, con el fin de enmendar hechos tan lamentables como la existencia de zonas de sacrificio como se les ha identificado a Tocopilla, Mejillones, Huasco, Coronel, Quintero-Puchuncaví y Til Til, territorios que están gravemente contaminados y en donde se justifica la contaminación en pos de un desarrollo que solo a algunos les llega», enfatizó.

«Esperamos además, que con la aprobación de este acuerdo, la legislación de nuestro país se adecue de forma expedita en torno a la profundización de la información, participación, justicia y democracia ambiental, como también se profundice en la protección de las y los defensores ambientales, ya que Chile no se encuentra exente de la realidad que amenaza a los activistas, quienes colocan en riesgo su vida por proteger el medioambiente, entre ellos, cómo no recordar a Macarena Valdés y Alejandro Castro, quienes perdieron su vida por enfrentarse al mal desarrollo», destacó, citado por El Mostrador.

En la misma línea, la diputada Carmen Hertz (PC) señaló que “hoy tenemos democracia ambiental y una institucionalidad que va a proteger a los defensores de derechos humanos ambientales”.

“Hoy nos hemos sumado a un tratado del que fuimos participes activos en su comienzo, fuimos los principales negociadores junto con Costa Rica para lograr este tratado pionero y que tal como lo ha señalado la OCDE, la Banca Multilateral, las inversiones en nuestro país gracias a la adhesión a este tratado van a ser inversiones sostenibles”, destacó.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, como es llamado oficialmente, fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.

Este es el primer acuerdo ambiental regional de Latinoamérica y el Caribe, además de ser el primero en el mundo en regular disposiciones específicas relacionadas a la protección de defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales.

Dentro de sus principios considera como objetivo que las personas tengan acceso a la información ambiental y sean parte del proceso de toma de decisiones ambientales, además de tener la oportunidad de acudir a la justicia en caso de ver afectado el medio ambiente.

Asimismo, promueve la defensa de los derechos de los defensores ambientalistas y el respeto por los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales.