Defender el medioambiente en Chile puede costar caro, así lo evidencia el caso de Alejandra Parra miembro de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA), quien este lunes 3 de marzo interpuso una querella por las amenazas que ha recibido debido a su trabajo de defensa de la naturaleza y los derechos ambientales frente el proyecto WTE Araucanía que pretende instalar un incinerador de basura en el ingreso norte de Lautaro.
La activista denunció que ha sido objeto de una campaña de desprestigio en su contra, y de un intento
de vinculación con actos de violencia en la región, mediante un video circulado en internet.
Tomando en consideración que América Latina es catalogada como la región en el mundo donde más defensores de la naturaleza son asesinados al año, se hace más relevante investigar las acciones con las que se intenta amedrentar a Parra.
Video para desprestigiar a la activista
El video en cuestión fue publicado en la red social Facebook, a modo de comentario en las cuentas de diversos medios.
El día 18 de febrero, se difundió un registro dentro de los comentarios a una publicación realizada por el medio Araucanía Diario, referente a la presentación realizada por Alejandra Parra en el Concejo Municipal de Lautaro donde expuso acerca de los riesgos del proyecto WTE Araucanía.
El video, que fue compartido por una cuenta personal, no contiene la fuente de quién sería responsable de dicha información.
En el registro se muestran 7 fotografías de la defensora ambiental, se menciona su nombre completo y apellido en reiteradas ocasiones, se le culpa de esparcir mentiras que ponen en riesgo a la ciudadanía de Lautaro, y se afirma que se encuentra vinculada públicamente al dirigente mapuche Héctor Llaitul. Además se le señala de estar involucrada en actos de violencia e incendios en La Araucanía.
Aunque no se puede identificar su autoría, el video difundido claramente aboga por la construcción de la planta para quemar basura dentro de Lautaro, acusando a Alejandra Parra de difundir datos erróneos respecto de la contaminación que efectivamente generará la planta, si se construye.
«Alejandra Parra Muñoz, la activista que ha difundido mentiras alarmistas sobre el proyecto WTE sin evidencia científica, intentando frenar una solución segura y moderna para la crisis de residuos», comienza una voz en off en el material audiovisual difundido, mostrando una imagen de la defensora del medio ambiente.
«Parra ha difundido información errónea, afirmando que la planta WTE causaría graves problemas de salud, como la emisión de dioxinas cancerígenas …», sigue el video.
El registro arremete contra del modelo Basura Cero, el cual sí ha funcionado en varios lugares del mundo e incluso en Chile. «Además, defiende un modelo basura cero que ha fracasado incluso en lugares más desarrollados, como San Francisco, Estados Unidos …», señala erróneamente el video.
«Y aunque Parra afirma un rechazo masivo de la comunidad, los datos demuestran que la oposición proviene principalmente de activistas externos, no de los habitantes locales», señala la voz en off en un intento de desinformar, ya que justamente ha sido la comunidad de Lautaro quienes se oponen a al proyecto WTE Araucanía.
Cabe destacar, que el video fue compartido a modo de comentario en otras publicaciones en otros medios digitales regionales para intentar desprestigiar a Parra.
Además, el mismo contenido ha sido difundida de manera escrita en otros medios digitales.
Si bien el video no realiza amenazas directas, se trata de una estrategia de amedrentamiento contra
la activista que ha cumplido un rol preponderante en la entrega de información técnica y de
experiencias internacionales sobre los riesgos de la incineración de basura para la salud de las
personas y del ambiente.
Esto cobra mayor relevancia por el contexto territorial donde suceden los hechos, ya que América
Latina es el lugar más peligroso del mundo para las y los defensores de la naturaleza, siendo el lugar
con más asesinatos de defensoras y defensores de la naturaleza, con el 85% de todos los casos
documentados en 2023.
Por esta razón en la querella interpuesta por Parra este lunes, se hace referencia al Acuerdo de Escazú,
firmado y ratificado por Chile, el cual establece que: “Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales: Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
Este acuerdo vinculante para Chile, incluye un protocolo de acción que “se aplicará cuando se
produzca lesión o amenaza a la vida; a la integridad física y/o psíquica; a la honra; a la propiedad u
otro derecho humano fundamental de una persona defensora de derechos humanos, siempre que
dicha lesión o amenaza tenga su causa en el ejercicio de su labor de defensa de derechos”. (Art.6,
protocolo, Acuerdo de Escazú).
Querella busca que se investigue la procedencia del material difamatorio
Aunque se desconoce la fuente del video, dado que se intenta desacreditar a la activista por su
defensa frente a la amenaza del proyecto WTE Araucanía, existen fuertes indicios de la relación de
las amenazas con quienes promueven el proyecto: la empresa WTE Araucanía, y La Multigremial
Araucanía. Por ello, en la acción legal se solicita al Ministerio público se investigue la procedencia del material difamatorio.
“El hecho de que se recurra a este tipo de estrategias para desacreditar a quienes defendemos la naturaleza y los derechos de las comunidades afectadas, es una demostración de lo malo que es el proyecto WTE Araucanía, que ya fue rechazado el 2022 por la Comisión Evaluadora Regional, y el 2023 por el Comité de Ministros. La empresa hoy intenta nuevamente obtener permisos, para lo cual interpuso una reclamación en el Tribunal Ambiental de Valdivia, con audiencia fijada para el 13 de marzo», señaló la querellante.
“Es en ese contexto que surge esta arremetida que demuestra la falta de ética de quienes promueven este proyecto que solo traería contaminación, enfermedades y pobreza si llegara a instalarse. Reiteramos que la incineración de basura genera inevitablemente contaminantes altamente cancerígenos, que se bioacumulan y biomagnifican, que contaminan no solo el aire sino que toda la cadena de alimentación, que el rechazo ciudadano al proyecto es masivo y transversal, y que existen alternativas como la estrategia Basura Cero, implementada con éxito en más de 500 ciudades del mundo”, planteó.
Alejandra Parra, reconocida como Defensora de Derechos Humanos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el año 2023, señaló que hará uso del Protocolo de defensores ambientales de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que corresponde a la operativización del protocolo del acuerdo de Escazú en Chile.
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