es Spanish

El Código de Aguas y el temor (de unos pocos) al cambio (primera parte)

cristian_frene

Se estima que al menos 200 mil personas (hasta 400 mil) no poseen servicio de agua potable a lo largo de Chile, y se encuentran desprotegidas frente al acaparamiento de los derechos de aprovechamiento de agua por parte de grandes corporaciones privadas. Quienes concentran los derechos de uso de agua lo utilizan para lucrar a través de distintas actividades, siendo la agricultura y la minería los principales consumidores de agua.

Estas y otras actividades productivas ejercen su poder fáctico para impedir las modificaciones al Código de Aguas. Grupos como la Sociedad Nacional de Agricultura, el Consejo Minero, la Corporación de la Madera y las Generadoras Eléctricas, se sirven de su autoridad informal o su capacidad de presión (expresadas en dinero) para influir políticamente. Para esto utilizan los medios de comunicación masivos, que también son de su propiedad o de sus amigos/socios, además de otros medios menos visibles para el común de la gente, donde el lobby en Parlamento y Palacio, financiamiento de campañas electorales y eventos ostentosos con autoridades públicas son el piso mínimo de su accionar. Ejemplos surgen a borbotones dondequiera uno se encuentre.

{destacado-1}

Defender el Código de Aguas torciendo argumentos para ajustar un discurso a la medida de los poderosos no resiste análisis. Planteamientos que se leen o escuchan en los medios de comunicación masiva, tales como que “lo que se requiere son mecanismos de emergencia para proveer agua potable de uso doméstico en ciertos poblados, sin que sea procedente ni necesario que se dañen actividades productivas próximas a ellas”, es reconocer que hay agua disponible, pero que se debe favorecer actividades productivas antes que satisfacer las demandas humanas. ¿Acaso el “daño” a una actividad productiva es más relevante que el “daño” que provoca a un ser humano no disponer de agua? Hablamos de Derechos Humanos, el Estado es responsable de proveerlos a todos sus habitantes.

El poder fáctico no está legitimado ni busca legitimación para ejercerse; la soberanía popular si tiene legitimidad, pero está dormida y no se ejerce. Cuando la soberanía popular se ejerza para exigir un cambio en esta tiranía del agua (y de tantas otras cosas), el Estado en su conjunto tendrá que decidir si sigue sirviendo a los poderosos o cambia. En cualquier caso, la autoridad actual debe entender que es pasajera en este trance.

En este contexto, se requiere una modificación al Código de Aguas y la Constitución que respondan al menos a las demandas de los habitantes por la conculcación de sus Derechos Humanos. Chile ha suscrito una serie de acuerdos internacionales, tales como la Carta Fundamental de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales otorgan al acceso al agua y saneamiento el carácter de derecho humano fundamental. En consecuencia, el Estado de Chile está incumpliendo estas normas de relación internacional al no entregar agua potable y saneamiento a todos sus habitantes.

{destacado-2}

Entregar al Estado la atribución de establecer una prelación en el acceso a los derechos de uso del agua es necesario para asegurar agua de calidad para consumo humano, soberanía alimentaria y funcionamiento de los ecosistemas. Sin esta prerrogativa las empresas del agro, minería y forestal seguirán acaparando los derechos de agua consuntivos, dejando sin agua a miles de chilenos, como ocurre hoy en muchos territorios del centro, norte y sur de Chile.

El régimen de propiedad privada establecido sobre estos derechos otorga seguridad jurídica y transabilidad, pero también permite la especulación, garantizando su asignación entre los más poderosos y excluye a la inmensa mayoría de los chilenos. NO es aceptable que a estas alturas, con la “chapa” OCDE que tenemos como país, cientos de miles de personas no tengan acceso a agua potable de acuerdo a los estándares internacionales (OMS, ONU, OCDE); NO es estratégico que todas las empresas proveedoras de agua potable para las urbes estén al arbitrio de corporaciones privadas y; NO es digno que los Comités de Agua Potable Rural reciban solo migajas del Ministerio de Obras Públicas, uno de los más poderosos dentro del aparato estatal. En síntesis, NO es estratégico ni ético que el Estado se desentienda de su deber de entregar agua en cantidad y calidad suficiente a cada ciudadano de este país.

Así las cosas, es preferible cambiar las reglas de una buena vez, con el fin de asegurar el agua necesaria para las funciones vitales de humanos y ecosistemas, evitando un estallido social y un nuevo bochorno internacional del Estado por incumplir tratados internacionales que demandan una vida digna para los seres humanos.

 

Facebook Comments

4,250,388FansMe gusta
172,890SeguidoresSeguir
291,943SeguidoresSeguir
16,520SuscriptoresSuscribirte

Edición Impresa El Ciudadano

- Advertisment -

Más Leídos

- Advertisment -