Eliminación de las bolsas plásticas: Cuando la delantera la llevan los municipios

De izq. a dcha.; Pablo Badenier, ministro de Medio Ambiente, Carlos Barra, Alcalde de Pucón y Mariela Formas, gerente general de ASIPLA

El Ciudadano se hizo parte del «Primer Seminario de Uso Sustentable y Reducción de Bolsas Plásticas» que tuvo lugar el pasado viernes 30 de enero en Pucón, donde se personaron alcaldes, parlamentarios, representantes de las industrias afectadas y el Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, que anunció la intención de la cartera que dirige de avanzar hacia políticas que regulen el uso del material plástico en aras de reducir la contaminación ambiental que provoca.

Badenier valoró el trabajo de los municipios que supieron dar una respuesta local a un problema global: «Los municipios han sabido responder a una demanda de su propia comunidad , los municipios han llevado la delantera; Es nuestro deber como Ministerio del Medio Ambiente, y también de los municipios, facilitarle la vida a los ciudadanos que quieren reciclar, que quieren tener un mejor comportamiento ambiental; Alentamos a las comunas a que puedan generar ordenanzas y  disminuir el consumo de bolsas plásticas”, sostuvo.

Entre los objetivos inmediatos del Ministerio se encuentra la creación de normas respecto de la calidad y características de las bolsas plásticas utilizadas, con el objeto de concienciar a la gente del producto utilizado.

El lugar elegido para la celebración de la cumbre, punto de encuentro de experiencias y desafíos, no es casual, y es que Pucón (Cautín, La Araucanía) se ha convertido desde hace dos meses en la primera comuna del país en erradicar de los comercios (mayoristas y minoristas) el uso de bolsas plásticas en un proceso gradual que duró 18 meses y que consiguió concienciar a toda una población que acabó convertida en fiscalizadora.

Informe de la Contraloría y municipios con ordenanzas

Cabe recordar que en el marco del surgimiento de ordenanzas municipales, la Contraloría de la República emitió un informe en Noviembre de 2014 en el que sostuvo la imposibilidad de que a través de una ordenanza se afecte mediante prohibición el desarrollo de una actividad económica, en este caso la fabricación importación y distribución de bolsas plásticas.

No obstante, la Ley orgánica constitucional le ha otorgado a estas potestades y atribuciones en materia ambiental, las cuales se materializan en la dictación de ordenanzas municipales sobre la materia, lo que supone la restricción de ciertas actividades económicas sin afectar derechos en su esencia.

En cualquier caso, lo cierto es que la situación amerita una ley que a nivel nacional permita fortalecer las normativas municipales y establezca una guía a seguir para suplir este tipo de situaciones.   De hecho está presente la intención de presentar una indicación al proyecto que actualmente se tramita de erradicación de bolsas en la Patagonia para hacerlo extensible al resto del territorio nacional.

Actualmente son 13 las comunas del país que tienen publicadas ordenanzas relativas a la materia;  Pucón, Torres del Paine, Puerto Natales, Puerto Williams, Punta Arenas, Chile Chico, Raúl Marín Balmaceda (Cisnes), Bahía Murta en Coyhaique, Villa O´Higgins, Puerto Varas, Cochrane, Futaleufú y Tortel.

La base en la que se sustentan estas ordenanzas es el proyecto de ley presentado en julio de 2009, que establece la prohibición del uso de bolsas plásticas no biodegradables y la disminución paulatina del uso de las convencionales.

La experiencia de Pucón

Evelyn Silva, encargada de la Unidad Ambiental de la Municipalidad abrió el evento explicando la experiencia puconina, surgida tras detectar la terrible invasión de bolsas plásticas en todos los lugares de la comuna, rodeada de parques nacionales y uno de los puntos turísticos más visitados del territorio nacional.

En concreto, tras un mes de reuniones y de establecerse la ordenanza municipal y el protocolo de acuerdos con los comercios -adoptado de manera voluntaria- comenzó un proceso gradual de 18 meses que comprendió cuatro etapas y que puede verse en las siguientes diapositivas.

Silva destacó la importancia del trabajo con todos los actores de la comuna y la implementación del ‘sello verde’ para los comercios que firmaran el protocolo de acuerdo, a los que se entregaron bolsas de papel para sus clientes, que se convirtieron en los mayores fiscalizadores.

Una ordenanza para Santiago 

Por su parte, Carolina Tohá, alcaldesa de Santiago señaló que su municipio, en el marco de la «política integral de sustentabilidad» adoptada, está trabajando en la implementación de una acreditación municipal voluntaria que otorgue un ‘sello verde’ a aquellos comercios que de forma opcional decidan entregar bolsas 100% biodegradables en su actividad económica.

Entre los estímulos para los comercios que ‘ofrecerá’ el municipio, además del ‘sello verde’ y la «publicidad gratuita» que ello supone, está el establecimiento de rebajas de 20% en derechos de publicidad, todo ello sujeto a una fiscalización regular de parte de las autoridades competentes.

Entre los antecedentes que hicieron germinar la propuesta, Tohá aludió a la consulta ciudadana realizada en Santiago, en la que más de un 87% de los casi 56.000 participantes votaron a favor de eliminar gradualmente las bolsas plásticas en un plazo de cinco años.

La autoridad comunal sostuvo que la iniciativa será llevada a concejo «proximamente» y que se tramitará para que sea ordenanza el próximo año, la cual será diseñada en concordancia con el trabajo del MMA para permitir un tránsito fácil en caso de que la medida pase de ser voluntaria a obligatoria.

Carolina Goic, erradicación de bolsas plásticas en la Patagonia 

La senadora Carolina Goic se refirió al proyecto presentado para la prohibición de bolsas plásticas -biodegradables y convencionales- en la Patagonia chilena, bajo pena de multa de 1 a 5 UTM para los comercios que incumplan la normativa.

Goic señaló que la intención es poder sacar adelante la Ley para el presente año y retomar el trámite legislativo en el senado en marzo, con el objetivo de poder «suplir las deficiencias que hoy están enfrentando los municipios con sus ordenanzas», que ya fueron cuestionadas por la Contraloría.