Región del Bío Bío

ENAP solicita a vecinos afectados por refinería desistir de acciones judiciales a cambio de relocalización

Tras la relocalización oficiada el pasado viernes para las 290 familias aledañas a la planta de refinería de Enap ubicada en la localidad de Hualpén, la estatal solicitó a los vecinos como moneda de cambio la paralización del trámite referido al recurso de protección interpuesto en octubre en la Corte de Apelaciones de Concepción, que buscaba la paralización […]

Por CVN

14/01/2015

Publicado en

Chile / Medio Ambiente / Regiones / Salud

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Vecinos de Hualpén protestan en contra de ENAP_Bíobio.

Tras la relocalización oficiada el pasado viernes para las 290 familias aledañas a la planta de refinería de Enap ubicada en la localidad de Hualpén, la estatal solicitó a los vecinos como moneda de cambio la paralización del trámite referido al recurso de protección interpuesto en octubre en la Corte de Apelaciones de Concepción, que buscaba la paralización de la planta.

Los vecinos del Sector El Triángulo accedieron como primer paso a suspender la tramitación hasta marzo hasta que el abogado representante, Adolfo Ortega, analice la petición en profundidad.

Sin embargo, además de este recuso, la empresa enfrenta el interpuesto por la alcaldesa de Hualpén, Fabiola Lagos. En este caso, según lo sostenido por el abogado  del municipio, Braulio Engelberger, no hay intención de paralizar la tramitación. Engelberger sostuvo además, en declaraciones que recoge RBB, que la relocalización no es algo que se vaya a concretar a corto plazo.

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre la mesa de negociación entre los vecinos y la estatal fue quebrada luego de que ENAP insistiera en no establecer una claúsula de libertad que permitiera a los vecinos iniciar acciones indemnizatorias una vez que fueran relocalizados, algo que los afectados no estuvieron dispuestos a aceptar.

Las diligencias contra la estatal se arrastran desde hace años, luego de continuos episodios de intoxicación provocados por los gases tóxicos emanados de la planta, sin embargo, parece que una vez más, tal como fue con el caso de Bocamina en Coronel, el dinero permitirá que no se modifique el funcionamiento de la planta, alrededor de la cual se siguen implementando proyectos habitacionales, violándose el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación consagrado en la Constitución, y cuya protección es responsabilidad del Estado, propietario de la petrolera.

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