Exministro Marcelo Mena asegura que nueva Constitución impulsaría un modelo de desarrollo sustentable para Chile

Rechazar el nuevo texto constitucional “Implicaría desaprovechar una instancia única de brindar al Estado de herramientas mucho más potentes para la gestión y protección ambiental”, señaló el exministro del medio ambiente.

“Actualmente en Chile tenemos muy poco marco jurídico para poder sancionar a quienes han destruido la naturaleza, por tanto, muchas veces nos encontramos con pocas herramientas para poder impedirlo y tener una Defensoría fortalece ese propósito”.

Dice Marcelo Mena en entrevista con Mongabay Latam

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La propuesta de la nueva Constitución para Chile, elaborada por la Convención Constituyente, innova en materia ambiental respecto a la actual. Un estatuto de las aguas, reconocimiento de los derechos de la naturaleza y el fortalecimiento del rol del Estado para combatir la crisis climática son algunas de las normas que incluye.

Marcelo Mena, fue ministro de Medio Ambiente del segundo gobierno de Michelle Bachelet y hoy es director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso, quien fue recientemente entrevistado por la revista internacional de medio ambiente, Mongabay Latam, abordando  las expectativas en Chile en la nueva Constitución, las posibilidades que el texto ofrece para fortalecer el ámbito medio ambiental y de las tensiones que genera la posibilidad de que sea rechazada.

 Chile: “Quienes rechacen la nueva Carta Magna impedirían un fortalecimiento del marco jurídico ambiental del país”: Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente | ENTREVISTA

Por Barinia Montoya Montenegro

Mongabay Latam

—En el primer artículo de la nueva Constitución se reconoce al Estado de Chile como un Estado ecológico. ¿A qué apunta esa definición?

—Esa definición habla de un giro del objetivo del Estado, que se empieza a preocupar por los temas ambientales en vista de los conflictos potentes que ha vivido el país en el último tiempo, incluyendo lo que ha pasado con la crisis hídrica. Esa falta de desacople entre el crecimiento económico y el consumo de materiales ha contribuido a desarrollar problemas ambientales. Ejemplo de esto son las zonas de sacrificio, por nombrar algunas. Por tanto, es una respuesta al modelo de desarrollo lineal que había imperado hasta ahora, a través de un modelo de desarrollo sustentable a largo plazo del que carece la actual Constitución.

—¿Cuáles son las propuestas ambientales que a su juicio son las más destacables y por qué? ¿Qué cambios generarían en la práctica?

—El deber del Estado de enfrentar la crisis climática, por ejemplo, fortalece toda la actividad en torno a la conservación y a la lucha del cambio climático y a las normativas que pueden establecerse en torno a esto. Las personas que trabajan en el área entienden que a la vuelta de la esquina viene un conflicto de transiciones, por ejemplo, el cierre de termoeléctricas o el fin de la venta de motores de combustión interna. Todas estas cosas van a tener implicaciones en algún tipo de actividad económica que se pueda desarrollar y, por tanto, va haber que ponderar los derechos de la propiedad y de la actividad económica versus este deber del Estado de proteger a la población con respecto a la crisis climática. Eso será bastante importante.

Otra incorporación destacable en la nueva Constitución es el Principio de Equidad Intergeneracional. Este es un principio que apunta a desarrollar políticas que no afecten a futuras generaciones, con el objetivo de resguardarlas, y por ello es un principio que también fortalece mucho el ámbito medio ambiental.

Después está el tema de la conservación ecológica y el deber del Estado de proteger los ecosistemas. Allí es fundamental limitar la actividad extractiva en glaciares y todo lo relacionado con la distribución de los derechos de aguas y el paso de un régimen de propiedad del agua hacia un régimen de autorizaciones de uso del agua. Es fundamental decir que Chile ha estado constantemente limitado en su gestión hídrica por un régimen oligopólico poco transparente que, en su momento, impulsó la dictadura; se entregaron derechos de agua a unos pocos, sin transparencia, con una alta concentración y en forma gratuita, lo que ha significado que en muchos lugares del país en donde fueron otorgados esos derechos, se ha terminado pagando por el agua a camiones aljibe dispuestos por los dueños de esos derechos, quienes la venden. Tenemos una administración altamente distorsionada, poco justa y poco transparente que cambia radicalmente con este régimen que propone la nueva Constitución.

—De aprobarse la nueva Constitución, Chile podría ser el primer país en crear una Defensoría de la Naturaleza. ¿Qué hará concretamente ese organismo?

—Será un ente autónomo que tiene como objetivo defender a la naturaleza en diferentes ámbitos. Es decir, la naturaleza tendrá derechos y por ello poseerá un ámbito de acción legal que permitirá enfrentar a quienes han impactado a la naturaleza y llevarlos a causas penales.

Actualmente en Chile tenemos muy poco marco jurídico para poder sancionar a quienes han destruido la naturaleza, por tanto, muchas veces nos encontramos con pocas herramientas para poder impedirlo y tener una Defensoría fortalece ese propósito.

—Que se le reconozcan los derechos a la naturaleza en la nueva Constitución generó en su momento bastante revuelo en la ciudadanía, tanto para bien y para mal. ¿Es un principio básico que debe contemplar un Estado ecológico en su Carta Magna?

—El hecho de otorgar derechos propios a la naturaleza es muy importante. La visión antropocéntrica de la naturaleza ha cambiado mucho. Ahora hay un entendimiento de que la relación con la naturaleza es fundamental y que protegerla, en definitiva, es proteger al ser humano.

Probablemente Chile es el primer país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que tiene un proceso constitucional de esta profundidad, y reconocer estos derechos fortalece ampliamente las herramientas que tiene el Estado para luchar por el Acuerdo de París, además de luchar contra el cambio climático y de implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que son ámbitos mucho más amplios que lo estrictamente ambiental. Sin duda alguna esta es una Constitución tremendamente progresista.

—Por ahora las encuestas dan por ganador al Rechazo a esta nueva Constitución. ¿Qué implicaría, en términos ambientales, que fracase la propuesta constitucional? 

—Implicaría desaprovechar una instancia única de brindar al Estado de herramientas mucho más potentes para la gestión y protección ambiental y, por tanto, no hay que dejar de pensar que quienes se manifiesten a favor del Rechazo, esgrimiendo razones de forma, en realidad quieren ocultar las razones de fondo que tienen que ver con impedir un fortalecimiento del marco jurídico ambiental del país.

Esto es algo que ya escuchamos y conocemos con el Acuerdo de Escazú: se decían argumentos con respecto al tema limítrofe con Bolivia, cuando en realidad el fondo era que sectores conservadores se oponían a una mayor participación ciudadana. Siempre hay que tener en cuenta que hay segundas razones. Es impresentable en el siglo XXI oponerse a temas como el cambio climático o al cuidado de la biodiversidad, utilizando argumentos de forma y no de fondo. Y mientras aquellos sectores no tengan una propuesta que aborde de forma similar lo que hoy día considera la Constitución en su borrador, entonces su propuesta de “Rechazar para Reformar” no tiene lugar, pues deja de lado el trabajo de decenas de profesionales que por años han tratado de destrabar las limitaciones de la actual Constitución en cuanto a la política ambiental.

—¿Esas limitaciones tienen que ver con el marco regulatorio de la industria minera, por ejemplo?

—Ese es uno de los temas fundamentales que no se ha resuelto. Hoy en día, cuando se quiere declarar un Parque Nacional, siempre surgen inquietudes desde el Ministerio de Minería en cuanto a las pertenencias mineras y a la falta de consagración de figuras de protección estrictas, limitadas por ese predominio. Por eso encuentro que es importante que seamos claros en torno a un objetivo de largo plazo no extractivista, que supere el extractivismo de corto plazo que ha buscado el crecimiento económico del país y que ha significado múltiples problemas y conflictos ambientales. Por ejemplo, el hecho de que hoy en día las turberas —ecosistemas que son altamente valiosos— estén en el Código Minero considerados como un mineral, da cuenta de la insensibilidad del marco jurídico actual a la conservación ecológica necesaria para el siglo XXI. En ese sentido, el fracaso de la propuesta de cambio constitucional debilitará la capacidad de hacer frente a la legislación pro minera existente.

—¿Se podrían haber mantenido las propuestas ambientales que usted destaca en un texto que fuera más moderado en los puntos que generan mayor debate? Me refiero, por ejemplo, al sistema de gobierno y al Estado Plurinacional. 

—En ese contexto faltó un análisis más electoral de las implicaciones de lo que se ganaba o perdía con cada una de las posiciones que se podían compartir. Sin embargo, en la recta final del trabajo constituyente, se dio un espíritu hacia un consenso que es manifiesto, que hoy día está presente. Es necesario reformar particularmente la falta de equilibrio del sistema de gobierno, pero eso no obsta que actualmente tenemos un texto propuesto en temas ambientales que no tiene parangón, en su profundidad y ambición, en época reciente entre los países de la OCDE.

—¿Que Chile sea un Estado Plurinacional e Intercultural tiene impactos en términos ambientales?

—Tiene que ver con una visión de inclusión que tenemos que tener. La inclusión de la diversidad, la inclusión de quienes han sido postergados es una mirada que es parte de los ODS. La sustentabilidad también tiene que ver con una visión más amplia, como amar a los hijos de todas las especies para siempre y, por tanto, tiene que ver con pensar en la diversidad como un valor intrínseco y eso el Estado Plurinacional lo refleja.

Ahora, quienes han tenido críticas a esta propuesta han querido hacer símiles con constituciones de Sudamérica, cuando países de la OCDE como Estados Unidos, Canadá o Nueva Zelanda han adoptado el reconocimiento, autonomía y sistemas judiciales propios de distintos pueblos originarios. Por tanto, yo creo que acá se manejó mal la forma en que se comunicó esto, pero no quita el fondo de que efectivamente el Estado Plurinacional fortalece la acción por la protección ambiental.

—¿Se podría llegar a esos mismos impactos sin ser un Estado Plurinacional? ¿Quizás haber declarado un Estado pluricultural bastaría?

—Creo que se podría haber avanzado harto, ya que declarar un Estado Plurinacional explota un sentimiento discriminatorio. Podríamos haber sido más inteligentes y haber comunicado este cambio de una forma más moderada. Yo creo que son temas que se pueden comunicar mejor con el fin de que la mayor cantidad de personas sepa bien qué quiere decir esto.

También se podría haber adoptado la pluriculturalidad, pero no hubiese abarcado otros ámbitos de la sustentabilidad que tienen que ver con el reconocimiento de nuestra diversidad y de los pueblos originarios como tal, por su valor.

—¿Qué caminos alternativos en el reconocimiento de los pueblos indígenas se podrían tomar para lograr hacer los cambios que se requieren y  asegurar la protección de la naturaleza?

—Creo que un camino es el fortalecimiento de lo que está, actualmente, consagrado en el convenio 169 de la OIT, más una participación ciudadana amplia y la adición de la Defensoría Ambiental. Pero con ello no estoy diciendo bajo ninguna circunstancia que esto hubiera reemplazado lo que significa el Estado Plurinacional.