Gobierno argentino aprueba construcción de polémicas represas objetadas por agrupaciones ecologistas

El Gobierno de Argentina aprobó este lunes la construcción de dos gigantescas centrales hidroeléctricas en el sur del país que serán financiadas con inversiones chinas y que son cuestionadas por asociaciones de ambientalistas.

El proyecto para construir las centrales Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz fue aprobado mediante una resolución conjunta de los Ministerios de Energía y Minería, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable publicada hoy en el Boletín Oficial.

La resolución dispone que para la ejecución de la iniciativa se adopten 17 recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado en una audiencia pública celebrada en julio. La realización de esa audiencia había sido puesta como un requisito por la Corte Suprema argentina para avanzar con las obras en la sureña provincia argentina de Santa Cruz.

Tras la publicación de la resolución, un grupo de organizaciones ambientalistas que se opone al proyecto dijo en un comunicado que la aprobación por parte del Ejecutivo nos es un «hecho consumado» ya que en esta controversia será «la Justicia quien tiene la última palabra». Desde las organizaciones ambientales señalaron que «con esta medida el Gobierno buscar avanzar con las represas para cumplir con el cronograma impuesto desde la República Popular de China», que financiará las represas.

«Lo que hizo el Gobierno es un trámite administrativo con el objetivo de completar un requisito legal, pero de ninguna manera implica la autorización directa para continuar la obra», señaló Andrés Nápoli, director ejecutivo en Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una de las organizaciones que firma el comunicado.

Nápoli indicó que la Justicia «tendrá que decidir si considera que hay elementos suficientes para levantar la medida cautelar dictada por la Corte Suprema» en diciembre pasado. En aquel momento, el Supremo ordenó suspender la construcción de las centrales hidroeléctricas hasta que se conociera el impacto medioambiental que pueden generar.

Las represas se habían comenzado a construir gracias a un acuerdo firmado en 2015 por la entonces presidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y el Gobierno chino, con el objetivo de abastecer de energía a esa región del sur de Argentina. Pero las obras se frenaron por la medida cautelar dictada por la Corte a pedido de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que advirtió de los daños que las obras pudieran causar al Lago Argentino y a los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala, así como al parque nacional Los Glaciares.