Gobierno ecológico en el papel: Informe denuncia retrocesos y deriva extractivista bajo la administración Boric

A 10 meses de que concluya la administración del presidente Gabriel Boric, un informe de evaluación del cumplimiento del programa ambiental de su gestión denuncia retrocesos y el impulso a una agenda pro crecimiento que acelera el extractivismo.

Revela que aunque no se incorporaron modificaciones sustanciales a la estructura de la regulación ambiental del país, se evidenció el desarrollo de algunos instrumentos de gestión ambiental y de ordenamiento territorial.

El análisis titulado «Estado de cumplimiento del Programa de Gobierno Apruebo Dignidad de Gabriel Boric», publicado por la Fundación Chile Sustentable señala que el programa del actual gobierno que se consideró a sí mismo “ecologista” mantiene importantes deudas en áreas estratégicas como agua, biodiversidad, energías limpias, áreas protegidas y cambio climático.

De acuerdo con el documento, más de un tercio de los compromisos clave en temas ecológicos no se han cumplido, y apenas una parte muestra avances sustantivos.

En concreto, el informe presenta un análisis de los principales compromisos de relevancia ambiental presentados durante la campaña presidencial de Gabriel Boric, y contenidos en su programa de gobierno denominado “Programa de Gobierno Apruebo Dignidad”.

Dicho análisis abarca proyectos de ley, incluyendo aquellos presentados por el mismo Ejecutivo, así como aquellos que recibieron impulso desde el Ejecutivo en su tramitación, y aquellos que fueron aprobados o promulgados durante el gobierno. También considera los compromisos reglamentarios, materializados en la dictación de decretos y reglamentos; además del cumplimiento de compromisos mediante la implementación efectiva de políticas públicas o acciones comprometidas en el texto “Programa de Gobierno Apruebo Dignidad”.

Chile Sustentable clasificó la evaluación del programa de gobierno del jefe de Estado en 9 temas: Recursos hídricos, Biodiversidad, Cambio Climático, Transición Energética, Transición Socioecológica, Institucionalidad, Ordenamiento Territorial, Minería y Transporte Sustentable.

Recursos hídricos

De acuerdo con la agrupación, los compromisos sobre recursos hídricos en el “Programa de Gobierno Apruebo Dignidad” fueron ambiciosos al proponer cambios profundos en la gestión del agua y en la institucionalidad vigente, buscando modificar el enfoque que considera el agua como un bien privado y un recurso productivo, hacia un enfoque de bien común, donde el derecho humano al agua y la gestión
integrada, democrática y sostenible del agua y de las cuencas, se proponen como criterios rectores del sistema de planificación y gestión integrada de recursos hídricos.

La evaluación plantea que la falta de convicción y liderazgo del Ministerio de Obras Públicas, y la incapacidad de los ministerios sectoriales para establecer una agenda de trabajo y dar continuidad al Comité Interministerial de Recursos Hídricos, obstaculizaron la implementación de la reforma al Código de Aguas y las reformas institucionales sobre información, gestión integrada, asesoría científica y Planes Estratégicos de Cuencas contenidos en dicha reforma.

«El gobierno no avanzó en la ruta de la reforma en el sistema de gestión de las aguas y las cuencas, ni en fiscalización, ni en las propuestas institucionales. No obstante, es posible constatar avances en la dictación de los reglamentos de la reforma de 2022, y débilmente en materia de servicios de agua potable rural y la regulación sobre reutilización de aguas grises», afirman desde Chile Sustentable.

El análisis revela que la administración de Boric incumplió su compromiso de «generar acciones de colaboración con gobiernos regionales y comunales para establecer ofi cinas hídricas con énfasis en
zonas de escasez y falta de pro gramas de saneamiento rural».

Tampoco se creó un» Sistema Nacional de Gestión de Aguas, que materialice la implementación de
un nuevo modelo sistémico de gestión en sintonía con la naturaleza», ni hubo una «transición hacia un sistema de licencias de uso de aguas con características que se condigan con la naturaleza jurídica de
bien nacional de uso público, y que permita otorgarlas sujetas a revisión periódica».

El gobierno no impulsó el desarrollo de un «organismo rector que unifique, dirija y coordine las competencias del Estado en materia de aguas en sus distintos niveles».

La gestión de Boric no revisó «los procedimientos que determinan la oferta y disponibilidad de derechos de agua, considerando las proyecciones de cambio climático y la incorporación de variables medioambientales».

Tampoco incentivó el «uso de técnicas ancestrales de pueblos originarios que han permitido garantizar la sostenibilidad agrícola».

Biodiversidad

Según el análisis, el cumplimiento de los compromisos del actual gobierno en materia de biodiversidad ha sido medio.

Señala que entre los compromisos cumplidos se destaca la conclusión de la tramitación y la
promulgación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Ley SBAP N°21.600) y la promulgación de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales (Ley N°21.595).

Sin embargo, plantea que en lo referente a la gestión de políticas públicas comprometida, y la creación de sistemas y redes, no hay avances en lo comprometido.

«La gestión sobre conservación de la biodiversidad y las áreas protegidas ha sido deficiente, y no se advierte un crecimiento relevante de la superficie de Áreas Protegidas, ni tampoco un aumento del presupuesto destinado a su conservación», destaca el documento.

Institucionalidad ambiental

De acuerdo con Chile Sustentable, el cumplimiento de los compromisos en materia de institucionalidad ambiental en el “Programa de Gobierno Apruebo Dignidad” ha sido dispar.

Por un lado, las modifica ciones comprometidas para la transformación del SEIA que fueron incluidas en
el proyecto de ley de reforma al SEIA (Boletín 16.552-12) no apuntan en el sentido propuesto; y en otros casos como el del Proyecto de Ley de Permisos Sectoriales (Boletín 16.566-03) el gobierno ha enviado a tramitación un proyecto con elementos regresivos para la protección de la salud y del medio ambiente.

No obstante, en este contexto, la agrupación destaca como un avance positivo respecto de los compromisos institucionales, la presentación del proyecto de ley de fortalecimiento de la Superintendencia de Medioambiente (Boletín 16.553-12) que busca entregar mayores herramientas y competencias a la institucionalidad pública para la fiscalización ambiental y la Ley sobre Delitos Económicos y Ambienta les (Ley N°21.595).

Asimismo, subraya la rápida firma del Acuerdo de Escazú y la elaboración de un plan de implementación del mismo.

Ordenamiento territorial

En materia de los compromisos sobre planificación territorial , el documento advierte que existe un incumplimiento casi total de lo comprometido.

«Durante el período de gobierno no se han presentado al Congreso los proyectos de ley prometidos, ni tampoco las modificaciones parciales o menores a otras leyes. Tampoco se ha impulsado la elaboración de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial», señala.

De acuerdo con la investigación, el gobierno de Boric sí ha apoyado el Proyecto de Ley de Administración del Borde Costero, «el cual ha sido criticado por amplios sectores ciudadanos debido a su enfoque regulatorio que considera el otorgamiento de concesiones de uso en los territorios costeros sin incorporar una mirada de protección del borde costero».

Transición energética

En lo concerniente al cumplimiento de los compromisos en materia de transición energética, el informa plantea que se evidencian avances en cuanto a una mayor inversión en acondicionamiento térmico de viviendas y en la denomina da “ley de la leña”, «los cuales representan un impacto positivo a nivel residencial, pero no relevante en el total de emisiones del sector energético».

Chile Sustentable, señala que más allá de estos avances, el gobierno no cumplió con compromisos alcanzables y de beneficios directos para la población, como la instalación de 500 MW en sistemas de autogeneración de energía renovable distribuida en forma descentralizada, residencial y comunitaria.

En el caso de los compromisos de mayor impacto para la transición energética, como los impuestos verdes, estos no fueron incluidos en el proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo, al margen del posterior rechazo de dicha reforma por el Congreso.

El documento indica que desde La Moneda tampoco se ha puesto urgencia a la tramitación del proyecto de Promoción de Energías Renovables (Boletín N°14.755-08), que triplica las cuotas obligatorias de energías renovables y limpias al sistema eléctrico al 2030, y que es coherente con lo acordado en la COP28 sobre el incremento de la generación limpia.

El análisis considera como el mayor avance legislativo durante el período, la aprobación del Proyecto de Ley para el Almacenamiento de Energía, promulgada como Ley N°21.505, que posibilitará el respaldo de la generación en base a fuentes variables como la solar y eólica, y, en consecuencia, una mayor inserción de energías renovables, nacionales y limpias.

«En general, la política de transición energética del gobierno ha sido fragmentada y deficiente, con algunos avances legislativos, pero un estancamiento notorio en la salida de los combustibles fósiles. En particular, el anteproyecto de actualización del Plan de Descarbonización es francamente deficiente: no contiene metas ni plazos para la descarbonización, ni para el incremento de generación renovable, e incluye como alternativas de transición energética a tecnologías basadas en quema de combustibles fósiles, como la co-combustión de carbón con amoníaco. Durante el actual gobierno, la propuesta de transición energética no avanzó ni en las metas ni en los plazos de descarbonización establecidas
por el pasado gobierno», concluye Chile Sustentable.

Transición socioecológica

El informe es tajan al afirmar que los compromisos para una transición ecológica contenidos en el “Programa de Gobierno Apruebo Dignidad” no fueron implementados por la gestión del presidente Boric. y señala «que no se advierten esfuerzos significativos por orientar las políticas y acciones hacia un nuevo modelo de desarrollo, ni propuestas concretas para corregir las políticas sectoriales relativas a los sectores económicos vinculados a las industrias extractivistas».

Según el análisis los proyectos de ley presentados por el gobierno han apuntado a «acelerar la tramitación y aprobación de las evaluaciones ambientales y de los proyectos de inversión, y a modificar radicalmente la naturaleza jurídica de permisos y autorizaciones sectoriales que resguardan bienes públicos, o bien a sustituir dichas autorizaciones por declaraciones juradas de los incumbentes, en vez de mejorar la calidad, capacidad de los servicios y eficiencia de los procedimientos. del Estado, lo cual significa una regresión en el estándar de la normativa vigente y un debilitamiento en la fiscalización de las autorizaciones».

En materia de desarrollo de nuevas industrias, la investigación señala que desde el actual gobierno se apostó por dar continuidad al plan de apoyo a la industria del hidrógeno verde iniciado durante la administración del expresidente Sebastián Piñera, «con un alto nivel de subsidios, apoyo político nacional e intervención territorial, contenidos en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y su Plan de Acción».

«Otra política de desarrollo industrial impulsada por el gobierno es la Estrategia Nacional del Litio, que busca una alianza público-privada para aumentar de forma significativa las concesiones y la extracción de este mineral para la exportación en nombre de la transición energética, poniendo a disposición de inversionistas los salares del norte del país, sin una evaluación adecuada de la afectación de las cuencas hídricas donde estos se encuentran localizados, ni sobre los impactos sobre la flora, fauna y placas microbacterianas asociadas a dichos ecosistemas», plantea Chile Sustentable en su investigación.

Cambio climático

En lo que respecta al cambio climático, el informe señala que el cumplimiento de los compromisos «es bajo».

Plantea que pesar de las herramientas establecidas en la Ley Marco de Cambio Climático (Ley Nº21.455) y
promulgada durante el primer año de gobierno en 2022, la administración de Gabriel Boric no concretó las propuestas legislativas comprometidas en su Programa de Gobierno.

Sin embrago, sí generó un avance en los reglamentos para la implementación de la Ley de Cambio Climático y en la publicación de los Planes sectoriales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.

Minería

En el apartado de minería, el documento desarrollado por Chile Sustentable indica que el cumplimniebto de los compromisos es deficiente.

Según el análisis, es posible destacar la aprobación del royalty a la gran minería del cobre y la distribución de su recaudación en todas las regiones del país.

Además, señala que «buena parte de los esfuerzos de implementación de los compromisos mineros
se concentraron en el desarrollo de la Estrategia Nacional del Litio, orientada a la explotación de los salares del norte del país, y que incluyó la prórroga de la concesión que actualmente tiene la empresa Soquimich (SQM) con Codelco, así como la integración de un eje de investigación y desarrollo en torno a este mineral, considerando la creación del Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares».

Sin embargo, advierte que más allá de estas acciones no se registran esfuerzos para reorientar la política minera, «ni tampoco la destinación de recursos para la investigación en ciencia aplicada a la minería, la generación de valor agregado a esta materia prima, ni recursos para la remediación de los
cientos de pasivos ambientales mineros a través del país».

Transporte sustentable

De acuerdo con el documento, los compromisos en materia de transporte sustentable incluidos en el “Programa de Gobierno Apruebo Dignidad” «se «han cumplido medianamente, con avances a destacar, como el impulso a la política ferroviaria desde la gestión y el desarrollo de nuevos proyectos».

Bajo cumplimiento de compromisos y retroceso en materia ambiental

En las conclusiones de su informe, Chile Sustentable advierte que más allá de lamentar los incumplimientos del Programa de Gobierno Apruebo Dignidad, la ciudadanía deba enfrentar la «aprobación y posible promulgación de iniciativas legislativas impulsadas por el gobierno que generan regresiones ambientales, tales como la Ley N° 21.691 que aplaza la entrada en vigencia de la ley de plásticos de un solo uso, y el proyecto de ley de simplificación regulatoria (Boletín 17.322-03), que también modifica normas sectoriales retrocediendo en sus estándares ambientales».

También señala que se evidencia una desviación desde la promesa ecologista hacia una agenda pro crecimiento que profundiza el modelo extractivista.

De forma tajante, la agrupación plantea que el Programa Apruebo Dignidad, comprometido por el gobierno del presidente Gabriel Boric, presenta un «bajo cumplimiento en materias de relevancia ambiental, evidenciándose una deriva desde una impronta programática ecologista hacia una agenda
pro crecimiento, sin realizar las modificaciones profundas comprometidas y ampliando y profundizando varios problemas del modelo de desarrollo extractivista y exportador de recursos naturales sin valor agregado».

*Descarga el informe en este enlace