Pascua Lama

Greenpeace: «Barrick Gold jamás debió tener un permiso ambiental para operar en la zona»

Matías Asun, director de Greenpeace Chile, criticó el actuar de la minera canadiense, que anunció llevar "un 50% de avance" en el Memorándum de Entendimiento con las comunidades diaguitas: “Barrick está haciendo una operación comunicacional para hacernos creer se van a comportar como niños buenos y van a respetar una ley que sistemáticamente han desconocido."

Por CVN

14/11/2014

Publicado en

Chile / Medio Ambiente / Portada / Pueblos

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El proyecto Pascua Lama, el yacimiento de oro a cielo abierto más grande del mundo, lleva 13 años esperando aprobación

Los habitantes del Valle del Huasco llevan más de 15 años luchando contra el proyecto minero Pascua Lama, el yacimiento de oro a cielo abierto más grande del mundo.

Ayer la minera canadiense Barrick Gold anunció el nombramiento de Sergio Fuentes, ex vicepresidente de proyectos de Codelco como nuevo director ejecutivo de Pascua Lama, asegurando que “la decisión de retomar la construcción de Pascua-Lama se basará en una mejora de las condiciones económicas para el proyecto, tales como costos futuros, las perspectivas para el precio de los metales y una menor incertidumbre asociada a asuntos legales y otros requerimientos regulatorios en Chile”.

Por su parte,   Patricio Rodrigo, coordinador del memorándum de entendimiento de la empresa, aseguró a RBB que los diálogos con las comunidades diaguitas del Valle están “en un 50% de avance” y esperan finalizar los informes “alrededor del 30 de diciembre” para “alrededor del 15 de enero culminar esta etapa de revisión ambiental independiente”.

Recordemos que como parte de los requisitos para poder ejecutar el proyecto, la empresa debe contar con el apoyo de las comunidades diaguitas de la zona, para lo que estaría realizando reuniones sectoriales con las comunidades opositoras, según fue pactado el pasado mes de mayo en un acuerdo bilateral firmado por 15 de los 18 dirigentes de las comunidades, en el marco de lo estipulado por el convenio 169 de la OIT.

Además,  la minera se encuentra a la espera del fallo de la Corte Suprema sobre el recurso de casación interpuesto  contra el fallo del Tercer Tribunal Ambiental,  que ordenó a la Superintendencia de Medio Ambiente instruir un nuevo proceso sancionatorio, y de la demanda interpuesta por daños a los glaciares ante el Tribunal Ambiental.

Al respecto del Memorándum, Rubén Cruz, dirigente de la comunidad Patay Co, sostuvo a RadioUChile, que si bien se están realizando las mencionadas reuniones, Barrick «le está mintiendo a la población, ofreciendo un trabajo totalmente inestable, logrando un acercamiento mediante el soborno a algunos dirigentes locales, comportamiento que ya han denunciado a diversos medios y que ha dividido a las comunidades.».

En la misma línea  y al referido medio, Matías Asun, director de Greenpeace Chile, señaló que “Es típico de las empresas con pésimas prácticas salir a hacerse autobombos para parecer más amables previo a un juicio que, la verdad, tiene que definir si le revoca sus permisos ambientales a una empresa que se ha caracterizado, y que Chile, además, la reconoce, como una de las peores empresas ambientales de nuestra historia”,  y añadió: “Barrick lo que está haciendo es una operación comunicacional para hacernos creer que ahora, por tercera vez, se van a comportar como niños buenos y van a respetar una ley que, sistemáticamente, han desconocido”.

El ambientalista afirmó que  “lo que queda de relevancia, no sólo en las declaraciones de la gerencia, sino que también en la de las autoridades es que Barrick jamás debió haber tenido un permiso ambiental para operar en la zona”

Un proceso cuestinado

Desde que comenzaran las reuniones sectoriales, no han sido pocas las comunidades que han denunciado irregularidades de parte de la minera. Entre ellas, la de Tatul de Perales, que el pasado mes de julio emitió un comunicado señalando, entre otros, que la compañía manipulaba los datos de los comuneros asistentes a las reuniones.

Cabe señalar también,  que el  acuerdo de intercambio de información firmado por los dirigentes y que propició estas reuniones,  fue  objeto de críticas de parte de algunos sectores, que denunciaron que este último se llevó a cabo a espaldas de los comuneros y con medidas económicas compensatorias para los firmantes.

Asimismo, se cuestionó la figura del abogado que gestionó los acuerdos, Lorenzo Soto, el mismo que representó a las comunidades en el juicio en el que se logró la detención del proyecto minero;  El trabajo de Soto consiste en unificar la resistencia y luego conseguir millonarias indemnizaciones; «Lorenzo Soto es un caza fortuna. Conocemos su currículo y su modus operandi. Yo estoy en contra de lo que le está haciendo a nuestra comunidad. Nos duele muchísimo», señaló Oriel Campillay, concejal de Alto del Carmen.

Flavia Liberona: «Aquí hay una ausencia de Estado y cada vez que pasa esto sabemos quien gana, ganan las grandes corporaciones privadas”.

Por otro lado, la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia  Liberona, criticó la desinformación del ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, quien, al ser preguntado sobre los avances  de los informes entre las comunidades y la minera canadiense, señaló a RBB:

“Yo lo desconozco, eso está fuera del trámite del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; no obstante a nosotros nos importa, nos interesa, pero no es parte de la evaluación ambiental”.

Al respecto, Flavia Liberona sostuvo que “El Gobierno tiene que cumplir un rol, no se puede dejar a las comunidades negociando solas;Aquí hay una ausencia de Estado y cada vez que pasa esto sabemos quien gana, ganan las grandes corporaciones privadas”.

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