Greenpeace y su lapidario informe sobre crisis en Chiloé: «El gobierno los sacrificó en pro de la industria salmonera”

Foto: Greenpeace

La organización ambientalista Greenpeace se desplazó hasta Ancud en Chiloé para dar a conocer este domingo 4 de septiembre el resultado del estudio que realizó entre los meses de mayo y agosto de este año, respecto a la marea roja que afectó a esa zona.

La investigación reveló que “si bien la evidencia permite afirmar que la zona ya estaba afectada por blooms de algas, la autorización por parte del gobierno de verter casi 5 mil toneladas de salmones actuó como un ‘fertilizante’ potenciador de la marea roja, aumentando su magnitud, intensidad y alcance, lo que desencadenó en la crisis social y ambiental que vimos en Chiloé». Una medida del gobierno -agregó la organización- «tomada apresuradamente, desconociendo la regulación nacional y violando los compromisos internacionales sobre la materia”.

En Greenpeace explicaron que el estudio se basa en el análisis de las muestras de agua tomadas en las expediciones, imágenes satelitales, datos de la NASA y los testimonios recogidos en terreno.

El científico Ernesto Molina, que participó en el estudio, señaló que “no hay fundamentos oceanográficos para afirmar que no hay relación entre el vertimiento y la marea roja que se observó. El vertimiento actuó como fertilizante y las corrientes determinaron el patrón de desplazamiento del amonio proveniente de éste en esa zona».

La responsabilidad del gobierno

“Sabemos que el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, permitió a través de las instituciones que de él dependen que las empresas salmoneras arrojaran el pescado podrido al océano sin realizar un estudio de impacto ambiental que acreditara que el vertimiento no tendría efectos tóxicos en el océano. El gobierno traicionó a Chiloé, lo sacrificó en pro de la industria salmonera”, explicó Estefanía González, Coordinadora de Greenpeace en Chile.

En ese sentido, la organización ambientalista recordó que «la actual regulación sobre acuicultura considera delito el arrojar materiales contaminantes al mar». En ese contexto, agregaron, el gobierno no habría respetado la Convención de Londres, «norma a la que Chile está obligado y que indica que para el manejo de estos incidentes se deben realizar los estudios de los posibles impactos ambientales para garantizar que no habría afectación del medio marino, los cuales, a la luz de los antecedentes, evidentemente no se llevaron a cabo en tiempo y forma».

Greenpeace señala que esta «decisión deliberada del gobierno», además de perjudicar a los más de 150.000 habitantes de Chiloé que dependen económica y culturalmente del mar, «dañó unos de los patrimonios emblema de todos los chilenos».

«Estamos aquí para exigir que lo que sucedió en Chiloé no vuelva a ocurrir nunca más ni aquí ni en ninguna parte de nuestro país”, indicó la organización, al tiempo que instaron al ministro de Economía «a responder frente a estos antecedentes y asumir su responsabilidad de cara a las comunidades de Chiloé».

«Fue como echarle bencina al fuego»

Alvaro Montaña, integrante del Movimiento Defendamos Chiloé, señaló en conversación con El Ciudadano que «el informe de Greenpeace ratifica lo que todos intuíamos, sentíamos y sabíamos desde siempre. Todos sabíamos que arrojar salmones al mar, por sentido común, era contaminar». El geógrafo añade que en términos científicos se confirma que «el adicionar nitratos provenientes de salmones en descomposición a un florecimiento algal nocivo preexistente, lo amplificó, fue darle un segundo aire, incrementando su intensidad y su extensión espacial».

Varamiento moluscos en Chiloé

«Fue como echarle bencina al fuego», dice Montaña, «donde el fuego fue el florecimiento algal preexistente y la bencina fue adicionarle nitratos provenientes de los salmones en descomposición. Fue alimentar una serie de toxinas marinas con su alimento favorito, que son los compuestos nitrogenados».

Para leer el informe completo de Greenpeace haz click aquí.