Incoherencia medioambiental: Chile queda fuera del Acuerdo de Escazú

Este sábado, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se cerró el período para que los países de América Latina y el Caribe firmaran el tratado de Escazú, un acuerdo pionero en la región que busca garantizar el acceso a la información, a la participación ciudadana y a la Justicia en asuntos ambientales.

Aunque junto a Costa a Rica, Chile fue uno de los grandes impulsores de esta iniciativa, el gobierno de Sebastián Piñera a última hora se negó a firmar el acuerdo,  suscrito por 23 países con el objetivo de promover los derechos ambientales, fortalecer la capacidad de cooperación internacional en la materia y fomentar el desarrollo sustentable para minimizar los efectos del cambio climático.

La gran contradicción es que justamente durante su primer mandato (2010-2014), Piñera insistía en la necesidad de elaborar el tratado.

«Quisiera destacar el acuerdo que impulsamos conjuntamente con Costa Rica -el Acuerdo de Escazú-, que es un acuerdo que busca darle más transparencia y mayor eficacia a la defensa del medio ambiente, y que vamos a poner a disposición del resto de los países de nuestro continente en la Asamblea General de las Naciones Unidas”, afirmó el mandatario en julio de 2018.

«Chile fue el país que en la primera Presidencia de Sebastián Piñera comenzó con esta idea de celebrar este acuerdo, al poco tiempo, un par de años, se suma la copresidencia de Costa Rica y juntos comenzaron por lo tanto a negociar este tratado internacional, a invitar a otros países de la región a ser parte», declaró a Sputnik Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y profesora de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales e Integración Europea en la Universidad de Concepción de Chile.

«Se adoptó el tratado y se había decidido firmarlo, proceder a la ceremonia de firma en el mes de septiembre, en esta misma época del año 2018. Y a última hora, literalmente a última hora el presidente Piñera decide no firmar el tratado de Escazú para sorpresa de todos, sobre todo de los socios o los otros Estados negociadores que habían viajado a Nueva York a firmar, y finalmente firmaron el tratado», relató.

Pérdida de credibilidad

La resolución de Piñera ha producido desconcierto tanto en el país como fuera de sus fronteras, porque resulta contradictoria, ya que Chile fue promotor de Escazú, negociador y luego estuvo de acuerdo con el texto final, en marzo de 2018, y además, preside la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25).

«Chile pierde credibilidad al no firmar este acuerdo”, explicó a DW Paulina Astroza, experta en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. «Nuestra política exterior habla del compromiso en la lucha contra el cambio climático, asumimos la COP25, somos parte del Acuerdo de París y siempre llevamos el discurso de que Chile está comprometido con un ambiente libre de contaminación. No firmar Escazú es una incoherencia”, agregó la académica, quien fue invitada a exponer sus argumentos frente a la comisión de Medio Ambiente del Senado, cita de la que los ministros de Medio Ambiente y RR. E.E. decidieron ausentarse.

«El liderazgo que Chile tenía se resigna cuando el país se retira del Acuerdo de Escazú. Eso demuestra que los liderazgos no se autoasignan, sino que se logran a través de las acciones y de la coherencia de la política exterior”, expresó por su parte Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018).

Existen cuatro razones esgrimidas por el Gobierno de Chile para no firmar el tratado de Escazú, de acuerdo a un documento preparado por la Cancillería y el Ministerio de Medio Ambiente: que el acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán la legislación ambiental, que implica cambios en la legislación que generarán incertidumbre jurídica, que introduce obligaciones para el Estado “ambiguas, amplias e indefinidas” que dificultan su cumplimiento y, además, que expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y su carácter ambiguo.

«Explicaciones vergonzosas«

Sin embargo, durante una intervención realizada el pasado viernes 25 de septiembre en el frontis del Palacio de la Moneda, integrantes de las comisiones ambientales de partidos políticos de oposición indicaron que las explicaciones del Ejecutivo para restarse del Acuerdo de Escazú “son vergonzosas, ninguna plausible”.

Especialmente cuando los abusos, e incluso los crímenes, vinculados a defensores y defensoras ambientales son un problema que ha ido creciendo en Chile y América Latina, la región más peligrosa del mundo para ser activista ambiental, donde 212 personas fueron asesinadas el año 2019.

“El Ejecutivo busca excusar con argumentos técnicos la toma de una decisión política. Lo que queda claro con la negativa a firmar Escazú es que este gobierno está incómodo con la participación ciudadana y con la defensa de los derechos humanos de los activistas ambientales y eso es grave”, indicó Carolina Palma, integrante del Frente Ecosocial (RD).

Palma recordó que “Chile sigue siendo el país con más conflictos ambientales y territorios completos hoy día se están quedando sin agua y sin derecho a respirar en paz. Sin la firma de Escazú el gobierno le da la espalda a la ciudadanía y la mano al empresariado”.

Por su parte, Catalina Cifuentes, coordinadora de la Comisión Hábitat y Justicia Territorial de Convergencia Social, indicó que “El gobierno dice que el acuerdo modifica nuestra legislación, generando incertidumbre jurídica. Efectivamente implica cambios, pero de los buenos. El Acuerdo de Escazú nos obligaría a avanzar en materias de justicia ambiental, en una participación informada, vinculante y a crear un estatuto especial de protección para quienes defienden nuestros elementos vitales”.

Pablo Santander, presidente de la Comisión Medioambiente y sustentabilidad del Partido por la Democracia, coincidió y señaló que haber impulsado y luego no firmado Escazú “es una vergüenza mundial y da cuenta de la poca importancia que el gobierno le da al medio ambiente y la participación ciudadana».

Felipe Zavala, encargado de la Comisión Nacional Medio Ambiente Partido Comunista, planteó que el Estado debe garantizar la construcción de los territorios de manera inclusiva junto a la ciudadanía, promoviendo espacios de participación reales en pos de una verdadera democracia.

«La participación pública en materia ambiental debe ser un derecho garantizado. Una ciudadanía activa y conciente, además permite guiar al Estado en las mejores decisiones respecto a impactos ambientales y sanitarios, de proyectos que pueden ser invasivos y destruir nuestros recursos. La justicia ambiental no puede continuar siendo un privilegio» puntualizó Zavala, citado por El Desconcierto.

Con información de Sputnik, El País, DW y El Desconcierto.

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