Investigadores apoyan a CONAF y exigen cumplir ley ambiental: acusan graves incumplimientos en el proceso de la ruta Corral-La Unión

Controversia ha causado el retraso de la apertura de la ruta Corral-La Unión entre autoridades que desean su pronta habilitación y quienes exigen que el proyecto sea correctamente evaluado de acuerdo con las normas y legislación ambientales. Recientemente han aparecido en la prensa quejas dirigidas en contra de CONAF tras conocerse la última ronda de observaciones al estudio que extiende la tramitación del Proyecto de mejoramiento de la ruta T-720, cuyo camino atraviesa el Parque Nacional Alerce Costero. Desde la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la UACh y la Corporación Alerce han manifestado su apoyo a la Corporación Nacional Forestal y han enfatizado en la importancia de hacer cumplir la ley ambiental, realizando fuertes críticas a la ejecución del proceso.

Así lo explicó el Dr. Antonio Lara, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la UACh, quien expresó “respaldamos totalmente las acciones de CONAF al hacer nuevas observaciones, ya que su deber es velar por el futuro de los ecosistemas forestales y la flora y fauna. También doy mi apoyo a las declaraciones de su director regional, Arnoldo Shibar. Es absolutamente impropio ejercer presión política sobre los organismos del Estado que están velando por el cumplimiento de la legislación y resguardando el medio ambiente”, señaló el Profesor Lara.

Además, el académico criticó fuertemente las acciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), ya que no han realizado las cosas correctamente y llevan 8 años de incumplimiento, como queda de manifiesto en un informe de la Fundación FORECOS donde se muestra una cronología de reiteradas irregularidades. Estas irregularidades afectaron a alerces y cipreses de las Guaitecas en la fase previa de construcción de la ruta T-720, donde se cursaron multas por CONAF y no se realizaron todas las medidas de protección ambiental acordes a un área borde de parque nacional con presencia de un monumento natural como el alerce.

Antecedentes sobre ruta Corral-La Unión

El proyecto “Mejoramiento de la ruta T-720” en tres tramos fue lanzado en el año 2008 como parte del programa “Integración para la nueva región: ejes para la integración y el desarrollo turístico sustentable” del gobierno de Michelle Bachelet, en un momento donde se creaba la nueva Región de Los Ríos.

De acuerdo con lo informado por el Dr. Jonathan Barichivich, Ingeniero Forestal del directorio de la Corporación Alerce, científico de bosques y clima global y laureado del Consejo Europeo de Investigación Científica (ERC), su objetivo era recuperar la conectividad entre las comunas de Corral y La Unión, con un fuerte énfasis en el turismo, a través de la ruta T-720 que fue interrumpida en la década de los 80’ con la caída del puente La Piedra, después de concluir la fase de explotación maderera.

“El MOP presentó una simple Declaración de Impacto Ambiental en 2009 e inició las obras en 2012. Durante este proceso, CONAF recibió una denuncia por tala ilegal de bosque nativo y de alerce en el tramo 3 del Parque, cometiéndose una grave violación a la legislación ambiental vigente debido a la corta de bosque nativo sin un plan de manejo y de cientos de individuos de la especie protegida”, enfatiza el Dr. Barichivich. Al año siguiente, la Corte de Apelaciones de Valdivia ratificó una condena a la Constructora El Bosque Ltda. por infracciones a la Ley 20.283 de bosque nativo, quien apeló recibir presiones del MOP para iniciar obras antes de obtener los permisos ambientales.

Actualmente, faltando sólo el tramo 2 de 10 km que cruza a través del Parque, los alcaldes de La Unión y Corral y el gobernador regional publicaron en medios una queja dirigida contra CONAF tras conocerse la última ronda de observaciones al estudio que extiende la tramitación del proyecto.

“Los alerces destruidos y no relocalizados o compensados constituyen un precedente de grave daño al monumento natural alerce antes de siquiera comenzar el último tramo a través del Parque Nacional”, acusan los investigadores, quienes indican que el MOP no ha sido capaz de cumplir con el mínimo de las exigencias ambientales según los estándares establecidos por la ley.

Impactos de los caminos

Si bien la conectividad a través de la construcción de caminos genera impactos positivos para quienes los utilizan, también tienen un lado negativo. Está comprobado que aquellos caminos a través de las últimas áreas de bosques naturales generan explotación, degradación y destrucción irreversible de los bosques y modos de vida locales. En cambio, con un adecuado diseño, construcción y manejo de caminos, así como el diseño y regulación vehicular, se puede disminuir en parte dichos efectos negativos, cumpliendo con la legislación ambiental vigente.

La Dra. Rocío Urrutia, presidenta de la Corporación Alerce y científica especialista en bosques de alerce, se pregunta extrañada por qué no existe preocupación por los impactos que esta ruta tendrá sobre nuestro patrimonio natural y resalta la importancia de recordar que este camino cruzará por un Parque Nacional y afectará de forma directa a cientos de individuos de una especie en peligro de extinción y que es el principal atractivo y objeto de conservación del Parque.

“No se trata simplemente de trasladar alerces y plantarlos en otro lugar, pues ni siquiera se sabe el tamaño de todos los individuos que serán afectados (los alerces centenarios son especialmente irreemplazables). El impacto negativo de este camino va más allá de los individuos directamente afectados, sino que conlleva además un alto riesgo indirecto de ocurrencia incendios, de invasión de vegetación dañina para el ecosistema, de atropello de fauna con problemas de conservación, de afectación severa de los ecosistemas circundantes por el material que fluye del camino y de llegada de perros asilvestrados, entre otros”, explicó la Dra. Urrutia.

Según señala Enrique Cruz, secretario ejecutivo de la Fundación FORECOS, «También se deben considerar los cambios en la microtopografía e hidrología que genera el camino, lo que ya ocurrió en la fase previa de construcción de la ruta donde un estudio de FORECOS da cuenta de la presencia de árboles muertos en pie a orillas de camino en años posteriores a la construcción. Por esto mismo, la evaluación y construcción del camino debe seguir el más alto estándar, tal como lo exige CONAF”.

Invaluable punto de conservación en la región de Los Ríos y el mundo

El Parque Nacional Alerce Costero alberga uno de los árboles vivos más antiguos de la tierra. La región de Los Ríos y el Estado de Chile son privilegiados por tener una especie única en su territorio, pero es también una responsabilidad con el mundo y el futuro del planeta que las autoridades deben asumir. Los estudios genéticos han demostrado que las poblaciones de alerce de la Cordillera de la Costa son distintas a las que crecen en Los Andes, por lo que resulta muy importante su conservación. Se sabe también que el cambio climático afectará negativamente a esta especie y provocará que los incendios que han devastado a estos bosques en el pasado sean ahora más frecuentes e intensos, por lo que se deben minimizar las presiones extras a estos ecosistemas para disminuir su vulnerabilidad.

Frente a este conflicto de intereses, la investigadora es clara y señala que “el desarrollo hoy en día debe ir sí o sí de la mano de la protección de la naturaleza, pues de ella dependemos para sobrevivir como sociedad. Esperamos que las autoridades puedan ver la relevancia de proteger lo que es de todas las chilenas y chilenos, buscando alternativas de conectividad para la gente que no pongan en riesgo el presente y el futuro de nuestro patrimonio natural”.

Los científicos advierten que un Estudio de Impacto Ambiental “no es un mero trámite para obtener una firma”. “Desde la comunidad científica apoyamos plenamente la sólida labor de evaluación técnica de CONAF y los otros servicios públicos con pertinencia ambiental que participan en el proceso y creemos que las instituciones deben ser resilientes a las presiones políticas y económicas. Coincidimos con la posición de la delegada presidencial Paola Peña, en que la institucionalidad debe velar por el cumplimiento irrestricto de la normativa ambiental”, finalizan.