Ley Monsanto: ¿semillas para quién, semillas para qué?

Hace días el gobierno argentino anunció que modificará la Ley de Semillas vigente a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La noticia no tuvo mucha prensa en los medios masivos de comunicación. Nuevamente, sólo organizaciones sociales y políticas, trabajadores/as, productores/as, campesinos/as y algunos académicos, alzaron las voz ya que conocen desde hace tiempo la pretensión de modificar la ley de semillas por pedido o “exigencia” de Monsanto (de allí que esa propuesta de modificación sea conocida como ley Monsanto).

El cambio propuesto en la ley es un ataque feroz a nuestra soberanía. La falta de difusión de la polémica decisión del gobierno, remite a la naturaleza del tema, pues gobierno, oposición, y medios hegemónicos de comunicación están esencialmente de acuerdo en la defensa del modelo de producción agropecuaria basado en el “agronegocio”.

Es muy preocupante la falta de información existente sobre dicho decreto y su contenido. Hasta ahora sólo se han dado a conocer algunos detalles significativos. Habría “consenso” en torno a los siguientes puntos: (a) creación de un fideicomiso para el fomento de la biotecnología en el país a través del cobro de un canon tecnológico, (b) que todos los pagos por derecho de propiedad deben realizarse en la semilla, (c) que se creará un registro de uso propio de la semilla, y (d) que es necesario controlar la venta de la llamada “bolsa blanca”.

Por otra parte, es una vergüenza que el gobierno se jacte de promover la biotecnología que viene siendo impuesta y promovida por la multinacionales “a piacere” desde hace muchos años en nuestro país. Argentina fue el único país que al año de aparecida la soja transgénica en el mercado, en la década de los noventa, tuvo 90% de la superficie sembrada con esa genética. En ese desarrollo hubo complicidad del Estado que había abandonado por completo el trabajo de desarrollo de materiales genéticos propios de los principales cultivos extensivos y simultáneamente promovía las duras reglas de las leyes del mercado. Desde entonces, nada ha cambiado. Hoy los cultivares (híbridos o variedades) de la gran mayoría de los cultivos en nuestro país siguen siendo desarrollados por empresas privadas.

Es una falacia que la biotecnología promueva la agregación de valor. Por el contrario, atenta contra el desarrollo regional y nacional pues quienes se apropian del agregado de valor son las empresas cada vez más grandes y multinacionalizadas. Simultánemente, los productores quedan entrampados en un paquete tecnológico para la producción que supone un alto uso de insumos, negocio detrás del cual también están las multinacionales. Además, la biotecnología no promueve la generación de empleo. El poco empleo generado se produce en unos pocos laboratorios, mientras en nuestros campos seguiremos perdiendo productores y trabajadorxs rurales. De esa forma, se profundiza lo que llaman “agricultura sin agricultores”.

Lo que el gobierno no dice es que el modelo de los agronegocios, que se impuso muy fácilmente en todos estos años, con entrada de capitales financieros o “pools” de siembra y elevado uso de insumos externos (fungicidas, insecticidas, herbicidas, fetilizantes, etc) desarrollados por empresas multinacionales, ha tenido terribles consecuencias. Entre los años 1988 y 2002 se han perdido 87.000 productores en nuestro país, y entre 2002 y 2008 (en la “década ganada”!) se perdieron 60.000 explotaciones agropecuarias adicionales (un 18% del total). Como consecuencia de ello, se profundizó el proceso de concentración de la tierra, pues obviamente los productores que desaparecieron fueron los más pequeños. Vale la pena aclarar que no sólo los productores campesino indígenas han sido víctimas de este modelo sino también los pequeños productores familiares pampeanos (de los que muy pocos hablan pero que durante muchos años han aportado a la producción exportable de nuestro país).

El gobierno nacional permitió (por acción u omisión) que la siembra (casi exclusivamente de soja) de miles o millones de hectáreas en nuestro país quede en manos de pools. Ello ha producido, además, fuertes impactos negativos sobre el ambiente, la salud humana (de productores y consumidores), la cultura y la economía. Aun así, dado que la soja ha permitido una entrada colosal de divisas durante los años de viento de cola del comercio internacional, para el gobierno nacional no importó a qué costo eso se producía y se festejaban las cosechas record.

Mientras se llenaban las arcas del gobierno, se enriquecían las empresas multinacionales: proveedoras de semillas, de insumos (agroquímicos), toda la cadena comercial y las empresas explotadoras (que exportan por puerto privado). La desaparición de productores y los otros impactos negativos son sólo considerados un daño colateral.

Luego del conflicto de la resolución 125 en 2008, el gobierno nacional se enteró que “el campo” no es homogéneo. A partir de allí creó estructuras institucionales para abordar la problemática de la Producción Familiar, como la Subsecretaria de Agricultura Familiar (Ex Programa Social Agropecuario) que en 2011 se eleva a Secretaria.

Esto no implicó, sin embargo, que el kirchnerismo tuviera una política activa para revertir el proceso de concentración de la tierra, despoblamiento del campo por migración hacia las ciudades y agriculturización. Nada ha hecho durante la década ganada para cambiar de modo estructural la producción agropecuaria de nuestro país a favor de la pequeña y mediana producción y de recuperar soberanía alimentaria. Es por ello que la creación de las estructuras estatales para la Producción Familiar han sido como repartir curitas luego de apretar el botón rojo de la bomba de destrucción masiva. O sea, paliativos para algunos de los daños colaterales del modelo de producción dominante.

Además, la pretendida convivencia pacífica de la Agricultura Familiar con el modelo de “agronegocio”, aparece como otra mentira pues el agronegocio avanza necesariamente despojando de recursos a la agricultura familiar y campesino-indígena, contraponiéndose a cualquier modelo productivo que pretenda alcanzar la soberanía alimentaria. Los números crudos en el reparto de la torta así lo demuestran: el gobierno había comprometido, hace apenas cinco meses, 1.500 millones de pesos para la agricultura familiar, en la mismísima casa de gobierno, a través del ministro de agricultura, Carlos Casamiquela, y el secretario de agricultura familiar, Emilio Pérsico, en consonancia con la aprobación de la flamante “Ley de Reparación Histórica para la Agricultura Familiar” que beneficiaria a los pequeños productores y campesinos más castigados del país, pero los fondos nunca fueron asignados ni lo serán a lo largo del año, sinceraron los funcionarios que el presupuesto “se esfumó”. Sin embargo, el gobierno sí asignó recursos a los productores de granos (entre ellos, de soja y maíz transgénicos). Fueron 2.500 millones de pesos, asignados para este sector en marzo pasado.

El DNU (y la ley Monsanto) propone la creación de “registro de uso propio” que pretende el DNU (y la ley Monsanto). Eso es una vergonzosa medida, totalmente regresiva. La ley de semillas vigente permite al productor guardar semillas para las futuras siembras, algo que está consagrado en la ley como universalización del derecho. Eso es lo que Monsanto quiere avasallar y el gobierno parece querer darle la derecha a través del DNU. Con ese cambio los pequeños productores serán las excepciones de la regla, siendo su derecho completamente atropellado.

El proyecto propone que los grandes propietarios paguen mientras los pequeños no, algo que aparece como aceptable pero que es por demás engañoso. Ello implica que haya una enorme brecha entre los chicos y los grandes (que incluyen obviamente a los pools) y esconde la enorme responsabilidad del gobierno nacional en ese proceso de concentración.

En otra parte, el proyecto de DNU propone que sería necesario controlar la venta de semilla “bolsa blanca”, esto la semilla que los productores se venden entre sí y que por ello no paga regalías. Sin embargo, para alcanzar ese objetivo no es necesario cambiar la ley vigente, por lo que modificarla con para ello no resiste ningún análisis.

La noticia sobre el avance de una reforma por la vía de un DNU habla de haber alcanzado el “consenso” en el sector. En términos prácticos, sin embargo, ello significa que han logrado el acuerdo con las corporaciones, porque… a qué otro sector llamaron para discutir y consensuar?

En cualquier caso, la modificación de la ley de semillas debe darse en un marco de discusión amplio de todo el pueblo, con especial participación de productores, trabajadores rurales, consumidores, etc., pues la regulación sobre el uso y producción de semillas pone en juego la soberanía. De allí que es repudiable que se pretenda avanzar en este tema a través de un Decreto Presidencial, sin discusión alguna.

Por último, en una nueva ley de semillas deberíamos consagrar que sobre las semillas no deben existir patentes, como forma de garantizar soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Hay varios ejemplos para seguir en esta línea. Por ejemplo, la ley de semillas de Venezuela dice en su artículo 1 : La presente Ley tiene por objeto preservar, proteger, garantizar la producción, multiplicación, conservación, libre circulación y el uso de la semilla, así como la promoción, investigación, distribución y comercialización de la misma, desde una visión agroecológica socialista, haciendo especial énfasis en la valoración de la semilla indígena, afrodescendiente, campesina y local, que beneficie a la diversidad biológica, y ayude a la preservación de la vida en el planeta a fin de consolidar nuestra seguridad y soberanía alimentaria, prohibiendo la liberación, el uso, la multiplicación, la entrada al país y la producción nacional de semillas transgénicas y prohibiendo las patentes y derechos de obtentor sobre la semilla.

Por el contrario, lo que sucede en nuestro país, demuestra cómo el Estado capitalista ha sido y es esencial para garantizar las operaciones de los mercados y la defensa de las relaciones sociales de producción dominante. Quien controla las semillas controla la vida… es la frase que quizás mejor sintetice el avance de este sistema que ya pone al servicio del mercado las semillas como una mercancía. Hoy el modelo extractivista cuenta con una herramienta más para poder seguir nutriéndose con la explotación de los y las trabajadoras, las mujeres, los pueblos indígenas y la naturaleza.

Por Nora Tamagno, Ing. Agrónoma, Docente Universidad Nacional de La Plata; Eliana Negrete, Ing. Agrónoma UNLP; Bernardo Ferraris, Ing. Forestal, UNLP; y Mariano Féliz, Economista, Docente UNLP. Militantes del Frente Popular Darío Santillán.