sábado, febrero 22, 2020

Anteproyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas contempla BAJA participación de los pueblos involucrados

Organizaciones indígenas y de la sociedad civil hicieron llegar una carta al Presidente de la República donde entregan su visión y aportes en la materia, para que éstas sean recogidas por el Gobierno en la elaboración del anteproyecto de ley que debe ser presentado al Congreso Nacional para su discusión y aprobación.

(12 de octubre 2010) Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas de diversas regiones del país, interesadas en la protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad, enviaron una carta al Presidente de la Republica Sebastián Piñera, manifestando su preocupación ante la escasa participación ciudadana en la elaboración del anteproyecto que creará el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuyo plazo para  envió al Parlamento vence en cuatro meses.

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran la Asociación Mapu Lahual del Butahuillimapu, el Consejo de Pueblos Atacameños, Fundación Terram, Observatorio Ciudadano, WWF Chile y Ética en los Bosques, realizaron un seminario el 24 de agosto,  donde participaron organismos de gobierno. En este contexto las organizaciones firmantes junto a otras que participaron de dicho evento, ya habían manifestado públicamente su interés de participar en el proceso de elaboración del anteproyecto, previsto en la Ley N°20.417, de enero de 2010, que reformó la Ley de Bases del Medio Ambiente (N°19.300 de 1994) y creó el Ministerio del Medio Ambiente.

En este sentido, en la misiva recuerdan al mandatario que “de acuerdo al artículo 8° transitorio de la ley reformada, es el Presidente de la República quien tiene “el plazo de un año para enviar al Congreso Nacional uno o más proyectos de ley con esta finalidad”.  Sin embargo, “faltando sólo cuatro meses para el cumplimiento del plazo asignado por el legislador para el cumplimiento de tan importante mandato, queremos manifestar nuestra preocupación frente a la escasa participación que organizaciones como las que representamos hemos tenido a la fecha”, señalan.

Consideran por ello fundamental hacer llegar su visión y los aportes de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de pueblos indígenas interesadas en esta materia, para que éstas puedan ser recogidas por el Gobierno en la elaboración de dicho anteproyecto antes de su envío al Congreso Nacional para su discusión y aprobación.

Recordando que en el caso de los pueblos indígenas, los fundamentos de esta participación se encuentran contemplados en el Convenio N° 169 de la OIT, ratificado por Chile el año 2008, que establece el deber del Estado de consultar a estos pueblos de buena fe, a través de procedimientos apropiados cada vez que se prevean medidas legislativas, como es el caso, o administrativas susceptibles de afectarles.

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ASPECTOS CLAVES QUE DEBIERAN INCORPORARSE EN EL ANTEPROYECTO

En cuanto a los elementos centrales que debe incorporar el anteproyecto respecto de la figura del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, señalan que éste debe ser una institución del Estado de carácter autónomo, y que su misión y rol fundamental deben ser la protección del patrimonio natural de Chile, en especial la biodiversidad y los recursos hídricos.

Mientras que respecto a las áreas silvestres protegidas terrestres, marinas o de aguas continentales, debería ser dicho Servicio el encargado de generar propuestas para la creación de “Áreas Protegidas públicas, promover el establecimiento y adecuado manejo de áreas protegidas privadas, e integrar ambos tipos de iniciativas con un enfoque ecosistémico en sistemas nacionales, regionales y locales, coordinando con países vecinos la gestión integrada de Áreas Protegidas binacionales”, señalan.

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Finalmente, de conformidad con los lineamientos de UICN (2008) y del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, debe prohibirse expresamente que las áreas protegidas de gobernanza pública o privada puedan constituirse sin el consentimiento libre e informado sobre tierras, territorios o recursos naturales que estos pueblos ocupan tradicionalmente.  Así también, se debe garantizar que se resuelvan adecuadamente los reclamos territoriales de las comunidades indígenas sobre aquellas áreas protegidas que hayan sido establecidas sin su consentimiento, incluyendo entre las alternativas posibles, que estas áreas protegidas sean objeto de restitución a estos pueblos, para que sean gestionadas por ellos como territorios indígenas de conservación.

Todos estos planteamientos formulados al Presidente de la República, fueron enviados con copia al Ministro Secretario General de la Presidencia, la Ministra del Medio Ambiente, la Ministra de Bienes Nacionales y el Ministro de Agricultura.

Por Pamela Suárez

El Ciudadano

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