Organizaciones ciudadanas piden a Aguas Andinas terminar convenio con Alto Maipo por poner en riesgo abastecimiento de la población

Más de 70 organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, como el Colegio de Profesoras y Profesores, la Fundación Miles Chile, Greenpeace, Fridays for the Future Santiago, Modatima Chile, Center for International Environmental Law CIEL, International Rivers (Estados Unidos), CATAPA (Bélgica), Movimiento Ríos Vivos (Colombia), Fundación Danielle Miterrand (Francia), Urgewald (Alemania)redactaron conjuntamente un documento dirigido a la empresa Aguas Andinas solicitando ponga fin al contrato que celebró con AES Gener, dueña del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.

Según los firmantes, el cuestionado contrato permite a la empresa eléctrica acceder al agua del Embalse El Yeso y de las lagunas Negra y Lo Encañado en su proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. 

El punto que argumentan las organizaciones es que Aguas Andinas obtuvo su concesión con un propósito exclusivo: el de proveer de agua potable a los habitantes de Santiago. 

Al respecto, el escrito señala : «Aguas Andinas excede sus prerrogativas al utilizar las reservas de agua dulce que le fueron encomendadas por el Estado de Chile, tal como la infraestructura hídrica pública que administra, para fines distintos a los específicamente establecidos en la concesión».

“Aguas Andinas al igual que nuestra organización era una opositora más al proyecto y eso está documentado. Entre otras cosas, ellos decían que el proyecto Alto Maipo pondría en riesgo la operación sanitaria de Santiago y, por lo tanto, la concesión que ellos tenían con el Estado de Chile para proveer de agua potable y servicios de saneamiento a la capital de Chile, explicó Marcela Mella, vocera de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, según reseñó el portal de InduAmbiente.

En la carta, las organizaciones ciudadanas advierten también a Aguas Andinas que «su concesión sanitaria actuando fuera de la ley puede ser revocada» y recuerdan que el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, Léo Heller, en alusión directa al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, expresó: «El Gobierno chileno no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud».

Sobre ese escenario, los adherentes al documento instan a Aguas Andinas a hacer efectiva la cláusula de término del convenio, señalando que la sanitaria está facultada para hacerlo ya que Alto Maipo retrasó nuevamente su entrada en funcionamiento, ahora hasta fines de 2021.

«La sanitaria podría haber dado por terminado el convenio en 2019, pero firmó una prórroga con AES Gener por $10 millones de dólares, la cual mantiene vigente el convenio entre ambas empresas hasta este año», agregó Mella.

Para las organizaciones ciudadanas, el convenio con Alto Maipo reduce las opciones de la empresa sanitaria para actuar frente a eventuales emergencias que afecten el suministro hídrico en Santiago.

En ese sentido, la misiva plantea: «Aguas Andinas sabe mejor que nadie la subordinación en que queda el consumo humano de agua frente a la generación eléctrica (con este convenio), sabe que pierde la capacidad de decidir frente a contingencias climáticas, que pierde el control del embalse El Yeso, que limita la posibilidad de construir nuevos ductos y bocatomas que lleven el agua directamente a la ciudad sin pasar por los túneles y las centrales, susceptibles de fallas técnicas, tal como se indica en el contrato para efectos de repartir el dinero que entregarán las aseguradoras ante dichas eventualidades. Aguas Andinas sabe también acerca de los débiles mecanismos establecidos en el contrato para retomar el control del agua en caso de emergencias, y si no lo sabe, basta leer el contrato y contrastarlo con la presentación que hizo en un momento de mayor lucidez, cuando se oponían a la construcción de Alto Maipo».

Además, las más de 70 organizaciones, os ambientalistas Sara Larraín y Juan Pablo Orrego, ganador del Premio Right Livelihood conocido como Nobel Alternativo, y Rodrigo Mundaca, activista por el agua y ganador del Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg, plantean que en la Subsecretaría del Medio Ambiente se han acumulado decenas de denuncias que no han sido resueltas de modo satisfactorio y que el proyecto hidroeléctrico presenta una larga lista de incumplimientos e inconsistencias. 

Entre éstas señalan: desarrollo de estudios ambientales débiles, parciales e incompletos; retrasos en la entrada en funcionamiento; aumento del costo del proyecto de 800 a 3.400 millones de dólares; y el deterioro que significará para la cuenca del Río Maipo, fundamental para proveer de agua potable a los siete millones de habitantes de Santiago.