Permisología sin filtros: advierten que nueva ley “abre la puerta a la impunidad ambiental total”

El proyecto de Ley de Autorizaciones Sectoriales, más conocida como Ley de «Permisología» genera preocupación ante el aumento de planes que no buscan beneficios sociales ni ambientales sino que apuntan a generar ganancias económicas para sus propietarios.

La iniciativa impulsada por el Gobierno del presidente Gabriel Boric, se encuentra en segundo trámite constitucional y tras pasar por la Comisión de Economía del Senado, en términos reglamentarios, deberá ser revisada por la comisión de Hacienda, para luego pasar a votación en Sala del Senado.

Concluida esta etapa, tendrá volver a ser revisada por la comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados sólo respecto de aquellas modificaciones introducidas en el Senado. En caso de rechazarse algunas de estas modificaciones, una comisión mixta de ambas cámaras resolverá
específicamente sobre estos puntos.

La nueva ley hace referencia a la «permisología», un término que en nuestro país se relaciona con la complejidad y lentitud de los procedimientos para la aprobación de proyectos, especialmente en aquellos vinculados a sectores como minería, forestal y construcción, entre otros.

Por lo general, se emplea en debates políticos y económicos con la finalidad de criticar la rigidez administrativa y burocrática que frena el desarrollo de propuestas y ahuyenta la inversión.

Según lo recogido por la Biblioteca del Congreso Naciona, la permisología se relaciona con el «conjunto de permisos que deben obtenerse para realizar un proyecto de inversión».

Desde La Moneda argumentan que Ley de Autorizaciones Sectoriales apunta a optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos que no forman parte del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), y además apuesta por una simplificación y modernización de los procesos administrativos.

Esta iniciativa forma parte del paquete normativo compuesto también por la reforma a la
institucionalidad ambiental y la ley de administración del borde costero y concesiones marítimas, las cuales buscan flexibilizar la aprobación de proyectos en pos de la inversión.

Sin embargo, la nueva ley ha sido centro de críticas por ampararse en la «permisología» y la necesidad de simplificar trámites y «agilizar la inversión», para desmantelar los controles públicos que buscan proteger al medio ambiente, pero que estorban al empresariado.

Ley de Permisología “abre la puerta a la impunidad ambiental total”

Alejandra Parra Muñoz, Master en Planificación de la Universidad de Otago, bióloga en Gestión de Recursos Naturales y cofundadora de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, ha sido una de las expertas que ha levantado su voz en contra de la nueva Ley de «Permisología».

La también coordinadora de la Alianza Basura Cero Chile y asesora en Plásticos y Basura Cero para la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA) ha alertado sobre el hecho de que la mayoría de los empresarios del país que cuentan con influencia en La Moneda, tienen como objetivo que los negocios se desarrollen a destajo, y por eso exigen la aprobación de la Ley de Permisos Sectoriales.

En su columna de opinión «Permisología: la economía que el Estado No debería promover», Parra planteó que en caso de que esta iniciativa sea finalmente aprobada, permitiría por ejemplo, que alguien que quiere instalar un vertedero para menos de 5.000 personas, lo pueda hacer simplemente a través de una declaración jurada; ya que este tipo de proyectos no entrarían a evaluación ambiental y solo requerirían permisos sectoriales, como por ejemplo los otorgados por la SEREMI de Salud.

En conversación con El Ciudadano, la académica y activista medio ambiental advirtió, que si resulta promulgada, la Ley de Permisos Sectoriales «va a abrir la puerta a la impunidad total», ya que busca debilitar la evaluación y la institucionalidad para facilitar la instalación de los proyectos de inversión, más allá de si aportan o no algún beneficio al país.

-¿Cree usted que la Ley de Permisos Sectoriales, al permitir aprobaciones por “silencio administrativo” o declaración jurada, podría abrir la puerta a una mayor impunidad ambiental, especialmente en zonas vulnerables?.

-Claramente la posibilidad de que alguien simplemente obtenga un permiso por silencio administrativo abre totalmente la puerta a la impunidad desde la perspectiva de que si un permiso real, es decir sin una respuesta de un servicio público luego de la evaluación de la propuesta que está solicitando el permiso. Significará que cualquiera haga cualquier cosa en cualquier lugar, sintiéndose en el derecho de hacerlo, solo por haber obtenido un permiso por silencio administrativo.

Una cuestión que además va a ser muy difícil de fiscalizar y de culpabilizar al empresario o al tutor del proyecto, porque finalmente la responsabilidad va a caer en la institución pública que no contestó a tiempo. Entonces ciertamente va a abrir la puerta a la impunidad total y al no cumplimiento de las leyes ambientales, ni de las cuestiones más básicas de protección de los territorios.

-¿Cómo se garantizará la fiscalización efectiva de los proyectos si no se contempla un aumento de presupuesto ni de dotación para los organismos técnicos como las SEREMIs de Salud o la Superintendencia de Medio Ambiente?.

-Lo que lo que nos va a garantizar esta ley, si se aprueba, es la no fiscalización, precisamente porque no tiene contemplado el aumento ni de presupuesto ni de dotación de personal para la fiscalización. Recordemos que hoy en día ya el personal no da abasto para realizar todas las fiscalizaciones que son necesarias. por ejemplo la SEREMI de Salud que es una de las instituciones que le corresponde fiscalizar más leyes y más reglamentos desde los restaurantes hasta las grúas de construcción, pasando por todas las instalaciones que tienen que ver con manejo de residuos, de agua servidas, de tratamientos de agua, denuncias por vertido ilegal de basura. Todo eso lo fiscaliza la SEREMI de Salud y el personal de salud no da abasto para todas esas denuncias.

La Superintendencia de Medio Ambiente, por su lado, tiene que fiscalizar el cumplimiento de las RCA de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de todos los proyectos aprobados en el Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental, en toda la historia del sistema de evaluación más las denuncias por fraccionamiento de proyectos, más las denuncias por evasión del Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental. Entonces esos funcionarios tampoco dan abasto.

Hoy en día por ejemplo en la Región de la Araucanía hay dos fiscalizadores para toda la región, que con suerte logran fiscalizar una vez, cada dos o cada tres años los proyectos, y hay denuncias que no logran ser atendidas por estos funcionarios. Entonces, claramente lo que busca este proyecto de ley es debilitar la evaluación de los proyectos, debilitar la institucionalidad para facilitar la instalación de proyectos de inversión, pero de cualquier tipo, sin tener ningún filtro sobre qué inversión queremos y qué inversión necesitamos promover.

-Esta ley facilita un modelo económico basado en negocios rápidos y extractivos? ¿Qué alternativas propone usted para promover un desarrollo económico que priorice la justicia ambiental y social?.

En un contexto de triple crisis planetaria, lo que deberíamos estar promoviendo son solamente negocios sustentables y lo que debería aprobarse entonces en la institucionalidad pública, ya sea a través de los permisos sectoriales, como a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son proyectos que respeten los principios de el desarrollo sustentable, que son por un lado generar beneficios económicos, pero por otro, por lo menos no generar perjuicios ambientales ni sociales.

Existen negocios que funcionan de esa manera y que el Estado debería estar promoviendo, por ejemplo, todos los negocios que tienen que ver con la implementación de la estrategia basura cero, que significan por ejemplo servicios de compostaje o de comercialización de compost o de lombricompost o de humus de lombriz, que son productos del compostaje que sirven para el desarrollo de agricultura orgánica, por ejemplo, y que a su vez podría promover la producción local de productos orgánicos para el consumo local, con sistemas de distribución que no generen basura, sistemas de distribución en base a el rellenado, la reutilización de envases y envoltorios. Además de servicios de recolección diferenciada de residuos, de separación de residuos, servicios de educación ambiental, que tienen que también venir aparejados con estos sistemas. Así como servicios de preparación de alimentos locales, de producción de artículos de uso doméstico de origen local con materiales locales.

Todo eso se puede promover, desarrollar y son cuestiones que el Gobierno y el Estado deberían estar promoviendo para desarrollar economías locales que sean bajas en emisiones de gases de efecto invernadero, que reduzcan la producción de basura y de residuos en el proceso de producción; y que además fomenten un consumo responsable también de las y los consumidores y la responsabilidad de los propios empresarios.

Esa es la economía que deberíamos estar promoviendo, al contrario de la economía que se promueve con este tipo de proyectos de ley, que son simplemente negocios sin ninguna responsabilidad y sin ningún miramiento de los impactos que generan; solo preocupándose de aumentar los macro indicadores e indicadores económicos que no son indicadores de la calidad de vida de las personas, sino que se enfocan solamente en cuánto ganan los negocios más grandes en el país.