Presentan nuevo informe por racismo socio ambiental ante las Naciones Unidas

La Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA, trabajó codo a codo con la Coordinación de Comunidades en conflictos ambientales en la Región de la Araucanía, para apoyar técnicamente en la preparación de un Informe para ser presentado ante el Comité de Eliminación del Racismo de las Naciones Unidas – CEDR – que, actualiza […]

Por Director

04/08/2009

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La Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA, trabajó codo a codo con la Coordinación de Comunidades en conflictos ambientales en la Región de la Araucanía, para apoyar técnicamente en la preparación de un Informe para ser presentado ante el Comité de Eliminación del Racismo de las Naciones Unidas – CEDR – que, actualiza la denuncia presentada en el año 2007 por dicha coordinación de Comunidades. Para este fin, las comunidades junto a RADA sostuvieron varios encuentros preparativos y trabajos en terreno para exponer en la  ONU,  en el marco del examen al que será sometido el Estado chileno.

Con el apoyo de técnicos, como el preventor en riesgos,  Claudio Sandoval; y el Ingeniero Ambiental Enrique Pizarro ;  El Psicólogo e integrante del Grupo de Trabajo por Derechos Mapuches Colectivos, Ronny Leiva, el sicólogo Oscar Allaire, se contribuyó  a ordenar y preparar la información presentada por las propias Comunidades Mapuches.

Mauricio Peñailillo, integrante de RADA y también afectado en su predio por una planta de tratamiento de aguas servidas en el sector de Botrolhue, Labranza,  viajará junto al representante de las Comunidades Mapuches Manuel Curilen para presenciar el exámen al que será sometido el Estado chileno.

Peñailillo señaló que una de las expectativas, es que el Gobierno y la institucionalidad pública del estado chileno, comience a tomar en serio el racismo y discriminación al que han sometido a cientos de familias Mapuches y campesinos chilenos en la Región de la Araucanía, a quienes se les ha obligado a vivir al lado de la basura, la contaminación y las cloacas,  hechos absolutamente indignantes.

Manuel Curilen, vocero de la Coordinación de Comunidades, señaló que “No es digno que tengamos que vivir al lado de focos de contaminación y que tengamos que sentir que es una situación normal. El Gobierno debe darse cuenta  que la denuncia en la ONU no es para que  vaya a justificarse, sino para que de cuenta de manera seria, real y efectiva, de cuáles son sus propuestas para revertir el racismo y discriminación al que hemos sido sometidos los Mapuches”, señaló el dirigente.

El trabajo de diversos representantes de Comunidades Mapuches que fue compilado por RADA a través de la coordinación de Claudio Sandoval,  y Enrique Pizaro, será presentado ante el CEDR en Ginebra por Manuel Curilen y Mauricio Peñailillo, en el marco del examen al que es sometido el Estado Chileno en la ONU, donde, en el caso de la denuncia por racismo ambiental, deberá responder a una serie de preguntas relativas a procesos de consultas, respeto a espacios de significación cultural y contaminación.

Asimismo, el Estado, representado por el Gobierno, será también sometido a exámenes por el periodo universal que le corresponde, en medio de una serie de denuncias relativas a la situación general de racismo y discriminación en Chile.

A continuación, un resumen sobre los hechos de Racismo socio Ambiental en la Región de la Araucanía a causa de recintos de basurales y Plantas de Tratamiento de Aguas servidas.

Contexto

En la región de La Araucanía vive la mayor proporción de población indígena de Chile, mayoritariamente del pueblo mapuche. La región es además la que cuenta con mayores índices de pobreza del país, y la región en que menos ha disminuido la pobreza en las últimas décadas.

La población mapuche es mayoritariamente rural, y el 45% de los habitantes rurales de la región viven en comunidades mapuche, las que poseen alrededor del 15% del territorio regional. De esto se deduce que las tierras mapuche son escasas, y que la densidad poblacional en las comunidades es mayor a la de la superficie rural regional no mapuche. Es decir, cualquier intervención dentro de una comunidad mapuche impactará a muchas más personas que si se realizara en tierras no mapuche.

Desde la década del 90 se han instalado alrededor de 26 vertederos, 13 de ellos dentro y 4 aledaños a comunidades mapuche, más del 65% de los vertederos de la región, afectando alrededor de 50 comunidades, y más de 3.000 personas. En total se disponen 9.220 toneladas de residuos dentro de comunidades mapuche al mes, el 58,8% del total regional.

Las plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) se comenzaron a instalar en la región desde el año 2000, y muchas de ellas se instalaron aledañas o dentro de comunidades mapuche sin su consentimiento y la mayoría de las veces sin previo aviso, afectando el medio ambiente y la integridad social de las comunidades al intervenirlas ofreciendo incentivos para aceptar la instalación de los proyectos por parte de la empresa, con la omisión de estas malas prácticas por parte del estado.

Los impactos de las PTAS se comenzaron a sentir desde que se comenzaron a construir, y los de los vertederos se llevan sintiendo por décadas.

Al tomar conciencia de que los proyectos de tratamiento de los residuos de las ciudades se estaban instalando preferentemente en comunidades mapuche, las comunidades afectadas decidieron unirse y luchar unidas por lo que consideran es una clara discriminación al llevar los residuos de las ciudades a las comunidades, sin consulta ni información previa. El racismo ambiental se hizo patente y las comunidades afectadas tomaron conciencia de ello.

Luego de muchas protestas, recursos legales y mesas de trabajo con las autoridades gubernamentales, las comunidades agrupadas en la Coordinación de comunidades en conflicto socioambiental decidieron poner una denuncia por racismo ambiental contra el estado chileno por los casos de vertederos y plantas de tratamiento de aguas servidas en comunidades mapuche ante el comité para la eliminación de todas las formas de discriminación racial.

Las comunidades concluyen luego del proceso de reclamación que han llevado hasta la fecha, que el estado debe reconocer y reparar el daño que ha causado a las comunidades por la instalación de estos proyectos, que a la fecha no ha habido cambios concretos a favor de las comunidades afectadas, y que se debe buscar una solución específica para los casos de racismo ambiental en la región de la Araucanía, considerando el daño que se ha causado al pueblo mapuche en su dignidad y calidad de vida de sus miembros en la región de La Araucanía.

Por Alfredo Seguel

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