¿Privatización de parques nacionales? Por qué dos sindicatos de Conaf rechazan ley que creará el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

Por Rodrigo Gallardo y Francisco Marín

Durante los primeros días de abril circuló profusamente en redes sociales un video de un minuto y 25 segundos con la etiqueta #NoALaLeySBAP, en la que se critica el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), argumentando que es una iniciativa del gobierno de Sebastián Piñera para privatizar los Parques y Reservas Nacionales.

Frente a esta polémica causada en las redes sociales, la politóloga, magíster en sociología y encargada de políticas públicas e incidencia de Chile Sustentable, Pamela Poo, se refirió al video en un hilo de Twitter tildándolo de “fake news”.

En conversación con El Ciudadano, Poo destacó una serie de imprecisiones y omisiones del video que en su opinión fueron hechas para desinformar y obstaculizar la aprobación de un proyecto que actualmente se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

Es así, como el primero de varios errores encontrados en el video se hallaría al principio del mismo, cuando se atribuye al gobierno de Piñera la autoría del proyecto, siendo que en realidad fue presentado en 2014 durante el gobierno de Michelle Bachelet. “Es un proyecto que de hecho a mí me asusta que se pierda, en el sentido que para el gobierno actual no es una prioridad, al no ser de su gobierno”, afirmó.

Otra imprecisión del video -que no señalan sus autores- es la supuesta naturaleza secreta de la discusión del proyecto al que se acusa de realizarse a espaldas de la ciudadanía.

Al respecto, la politóloga Pamela Poo indicó que se han seguido los mismos canales de discusión que cualquier otra iniciativa. “Se discute semana a semana, y, como todo trámite legislativo, tuvo audiencias donde fueron comunidades indígenas, la industria, ONGs y muchos académicos que están de acuerdo con que haya un servicio”, destacó la especialista en Políticas Públicas e Incidencia.

De hecho, en marzo una carta impulsada por la Sociedad de Ecología de Chile (SOCECOL) reunió a 265 personas del ámbito científico, incluyendo a los Premios Nacionales de Ciencias Naturales Fabián Jaksic (2018) y Francisco Bozinovic (2020), quienes firmaron a favor del proyecto. “No recuerdo una carta que haya tenido tantas firmas para apoyar una cosa tan específica” comenta Barbara Saavedra, directora del Wildlife Conservation Society – Chile (WCS) y ex presidenta del SOCECOL.

En la misma línea, el académico del departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte y también firmante de la carta, Carlos Gaymer, aclara que la comunidad científica no solo está al tanto y ha participado del proyecto, sino que incluso fueron consultados antes de su primer envío.

Según explica el académico, fue durante el primer gobierno de Piñera (2010-14) que surgió el primer intento del SBAP, siendo presentada a la SOCECOL durante una reunión anual en Puerto Varas, en un evento que también contó con la presencia del Ministerio del Medio Ambiente. “Al final se desechó esa propuesta, al tener una serie de falencias desde el punto de vista científico, siendo mejor partir con una propuesta nueva en vez de tratar de arreglar la que había en ese entonces” recuerda.

Fue así, como en el segundo gobierno de Bachelet (2014-18) entró una segunda propuesta que nuevamente contó con la revisión y supervisión de la comunidad científica, siendo esta la que finalmente obtuvo el respaldo para su envío al congreso.

Finalmente, uno de los puntos más polémicos del video dice relación con la supuesta destrucción y venta al mejor postor de áreas protegidas en caso de aprobarse el proyecto, mediante el financiamiento de los bancos de compensación.

Esto también sería falso ya que, según señala Poo, “los bancos de compensación fueron rechazados el 20 de diciembre de 2020 en el seno de la comisión (en un cambio) respaldado por el ejecutivo”.

Por otra parte, el video apunta a la potencial destrucción de áreas protegidas que se produciría al concesionarse reservas o parques a privados. Pero lo cierto es que esto ya es una realidad que ocurre con la institucionalidad actual.

La doctora en ecología Fernanda Salinas ha documentado los distintos errores cometidos por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la principal administradora de áreas protegidas. 

Según señala, Chile actualmente posee más de 3 millones de hectáreas cubiertas por plantaciones forestales no nativas, siendo éstas -en gran medida- financiadas con dinero público a través del Decreto Ley 701 el que entregó financiamiento hasta el 2017.

En el video se destacaba una posible privatización de las áreas protegidas, pero es bueno recordar que la Conaf es una institución privada.

¿Quiénes están detrás de la campaña contra la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas?

Al revisar las redes sociales, comunicados y notas de prensa, se puede notar que los principales detractores del proyecto resultan ser forestales, empresas del agro, además de los sindicatos de profesionales y trabajadores de Conaf.

Estos últimos son quizás los más activos en su campaña, algo que para el dirigente del Sindicato de Trabajadores Empresa Conaf, Osvaldo Herrera, se vuelve relevante al tratarse de un proyecto que para ellos no solo amenaza la biodiversidad sino también su propia institucionalidad. “Este proyecto de ley viene a precarizar todo el sistema laboral que tenemos los guardaparques, porque nos viene a dejar con tipos de contrato paupérrimos y no responde a la protección laboral que debiésemos tener en un nuevo proyecto de ley” denuncia.

Sin embargo, Pamela Poo responsabiliza a estos sindicatos de Conaf de llevar a cabo estás criticas mediante una estrategia de desinformación, al ser un organismo que desaparecerá de aprobarse el proyecto, al tener que dividirse en dos: Servicio Nacional Forestal (Sernafor) y Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).  “Si uno se fija, los actores que hablan en contra del SBAP están relacionados con CONAF. Yo puedo entender esta resistencia de los sindicatos, pero lo que no puedo entender es que hagan un video para mentir”, condenó la politóloga.

Pese a ello, los sindicatos de Conaf niegan estos comentarios y contratacan aduciendo supuestos beneficios financieros que otorgaría el proyecto a ONGs y comunidades científicas. Herrera incluso menciona que hay un artículo que crea un fondo de unos 1.500 millones de pesos para traspasar a estas organizaciones. “A ellas les conviene que se apruebe este proyecto así como está. Son egoístas en pensar en ellas por sobre los ecosistemas del país y por sobre lo que quiere la ciudadanía”, acusa.

Sin embargo, desde los propios espacios académicos niegan rotundamente esto, considerándolo un sinsentido. “Nosotros como científicos obtenemos fondos a partir de financistas o fondos estatales que históricamente se tienen que concursar, el SBAP es una figura que genera la gestión pero no una caja de buenas cuentas para pagar cosas”, aclara.

Para muchos, estas acusaciones por parte de Conaf responden a una estrategia de amedrentamiento que ha afectado a defensores del proyecto y miembros de la propia corporación por igual. “Yo tengo bloqueados a los sindicatos de CONAF porque son muy agresivos, con ellos no se puede hablar”, indica Pamela Poo, quien por su parte ha denunciado constantemente en su cuenta de Twitter la desinformación respecto al proyecto.

Por otro lado, desde los Guardaparques de Conaf también ha existido un apoyo que se ha visto constantemente atacado por los propios sindicatos de su corporación. De hecho, un comunicado publicado en conjunto por el Consejo Nacional de Guardaparques y el Sindicato Nacional de Guardaparques y Trabajadores(as) del SNASPE, reveló que un 81,5% de sus trabajadores está de acuerdo con la aprobación del proyecto.

Sin embargo, al tratar de contactarse con ellos, todos declinaron referirse al tema admitiendo un temor a represalias por parte de los otros sindicatos de Conaf. “Dentro de la Conaf hay un sindicato especifico que aparentemente son quienes están empujando esto porque lo que ha salido en la red ni siquiera está firmado. Como organización yo no he visto ningún comunicado que diga que está en su totalidad en contra”, explica Barbara Saavedra.

El verdadero proyecto

Alexandre Sánchez, biólogo y abogado, se desempeña como asesor legislativo externo en el Senado y es una de las personas que ha seguido el proyecto de cerca desde su envío en 2014. Según indica, el proyecto realmente data de hace décadas, cuando se planteó como un complemento de la Superintendencia del Medioambiente, Ministerio del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación y Tribunales Ambientales.

«La institucionalidad ambiental chilena, creada en los años 90, pensó la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas. Es la pieza faltante de esa institucionalidad «, destacó en declaraciones a El Ciudadano.

Desde su perspectiva, el proyecto viene a mejorar distintas áreas de protección ambiental que los actuales organismos no han logrado resguardar y que probablemente nunca lo harán, considerando que el Tribunal Constitucional ha dictaminado en el pasado que por la naturaleza privada de CONAF no se pueden hacer leyes que le den más facultades a esta.

Actualmente, las áreas de protección naturales se les conoce como Áreas Protegidas y forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), lo que se traducen en áreas de protección pequeñas y aisladas entre sí que solo son terrestres (CONAF no puede administrar áreas marinas).

De hecho, históricamente Chile se ha visto con una gran dispersión de instrumentos legales para hacer conservación marina y terrestre, teniendo a cargo a instituciones que van desde la subsecretaria de Pesca, Ministerio del Medio Ambiente, Armada, Servicio Nacional de Pesca y SAG.

Como biólogo marino, Carlos Gaymer ve en esto un gran problema, al entender que los sistemas marinos y terrestres están integrados y en constante interacción. “Si uno quiere conservar a el pingüino de Humboldt, al ser esta un ave marina se edifica en tierra y se alimenta en el mar, por lo que en el mar la protege el Sernapesca, en tierra Conaf y en la franja costera la Armada. Están tratando de proteger a una misma especie y son distintas instituciones que en la práctica no tienen potestad para protegerla en el área del otro”, puntualiza.

Es por esto que el SBAP propone un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que incluye a dichas áreas de protección, además de anexar las distintas áreas controladas por propietarios o iniciativas de conservación particulares.

“Actualmente ese cuidado privado no se puede integrar a la red, el nuevo sistema permitirá que los privados se puedan conectar a esta y reciban los beneficios del estado, creando una red estandarizada publico/privada de áreas protegidas», subrayó.

En la misma línea opina la doctora Salinas quien no solo ve de forma positiva el que se integre en un solo servicio todas las áreas protegidas, sino que también recrimina a Conaf por su campaña negativa en contra del proyecto. “Ellos ven a las áreas privadas protegidas como una amenaza ¿Cómo podría ser una amenaza que un privado quiera hacer conservación? No ven como amenaza que las plantaciones forestales no nativas se expandan por todo el territorio nacional, pero si ven como amenaza que un privado haga conservación”, ironiza.

En Chile la mayoría de las áreas protegidas están ubicadas al sur del país, esto debido en gran medida a la baja densidad poblacional de esa zona, sin embargo, un gran porcentaje de especies que constituyen la biodiversidad de Chile se ubican en la zona central, la que paradójicamente concentra la mayor cantidad de habitantes.

“Justamente por ese uso intenso, son áreas que están muy degradadas y con pocos niveles de protección, por lo tanto, tenemos nosotros que articular distintas herramientas para poder avanzar en la recuperación, restauración y la promoción de la naturaleza en estas zonas de alto valor”, enfatiza Bárbara Saavedra.

Intereses particulares de CONAF

Al final, las verdaderas razones de los sindicatos de CONAF para oponerse parecen teñirse de intereses particulares alejados de la protección ambiental. En efecto, en julio de 2018 un dictamen de la Contraloría General de la República muestra como los mismos sindicatos del CONAF que están detrás de la campaña contra el proyecto de ley que crea el SBAP se opusieron a que la Reserva Nacional Río Clarillo fuera reclasificada y convertida en Parque Nacional, cambio que implica un mayor nivel de protección ambiental.

«Se han dirigido a esta Contraloría General la Federación Nacional de Sindicatos de CONAF (FENASIC) y el Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF (SINAPROF) reclamando en contra del Acuerdo N° 8, de 2016, del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, de reclasificar la Reserva Nacional Río Clarillo a la categoría de parque nacional, sujeto a la condición que la Corporación Nacional Forestal (CONAF), dueña de los inmuebles en los cuales se emplaza dicha reserva, los done al Ministerio de Bienes Nacionales para tales efectos», se puede leer en el texto al que tuvo acceso El Ciudadano.

El dictamen plantea que el Servicio de Bienestar de la CONAF tiene en la Reserva Nacional Río Clarillo dos cabañas en el sector de camping y un vivero, destinados al uso de los trabajadores de esa corporación privada, por lo que la Contraloría General entiende que el «reclamo de los recurrentes tiene relación con dichos bienes, construidos con fondos propios del aludido servicio de bienestar».

Es importante señalar que en el documento señalado la CGR establece que la con la re-categorización de Río Clarillo se elevaría su estándar de “reserva nacional” a “parque nacional”, en favor de la protección del medio ambiente, pero que sólo excluiría el sector donde se ubican las cabañas del Departamento de Bienestar de la CONAF.

Es por ello, que a juicio de Sánchez el mayor problema de la actual legislación es resolver cómo los organismos terminan gestionando realmente las concesiones.

“Dentro de las áreas protegidas vas a encontrar proyectos de acuicultura, salmones que se escapan, proyectos hidroeléctricos e incluso se puede hacer minería», planteó.

Destacó que el proyecto de ley no solo plantea un marco regulatorio más estricto en el nuevo sistema, sino que también otorga facultades al SBAP para regular la biodiversidad fuera de las áreas protegidas, lo que representa “un avance histórico” al reconocer la naturaleza como algo que no solo está presente en áreas definidas sino en todo el territorio.

«La naturaleza no es algo que podamos agarrar, poner en una jaula y obligarla a que permanezca solo allí, está en todo el territorio”, precisó.

Finalmente, cabe destacar que el proyecto de ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) sigue en revisión por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, algo que según la politóloga Pamela Poo, se mantendrá hasta mediados de este año, ya  que debe pasar por la Comisión de Agricultura y una posible Comisión Mixta.