Racismo ambiental en la región de la Araucanía y la deuda del Estado de Chile

Años lleva el conflicto sobre racismo socio ambiental en la Región de la Araucanía a causa de recintos de vertederos y plantas de tratamiento de aguas servidas instaladas mayoritariamente en comunidades Mapuche las que enfrentan severas situaciones sociales e impactos culturales, ambientales y económicos, hechos que hasta el momento no se han resuelto eficazmente

Por Director

18/12/2009

Publicado en

Medio Ambiente

0 0


Años lleva el conflicto sobre racismo socio ambiental en la Región de la Araucanía a causa de recintos de vertederos y plantas de tratamiento de aguas servidas instaladas mayoritariamente en comunidades Mapuche las que enfrentan severas situaciones sociales e impactos culturales, ambientales y económicos, hechos que hasta el momento no se han resuelto eficazmente.

Desde el año 2007 se tramita en el Comité de eliminación de la discriminación racial de la ONU una denuncia contra el estado chileno presentada por la Coordinación de Comunidades en conflictos ambientales y la Red de acción por los Derechos ambientales (Rada); integrantes de esta última explican las gestiones realizadas, los eventuales avances y las proyecciones que se tiene al respecto.

UNA OBLIGACIÓN PENDIENTE A RESORVER POR EL ESTADO DE CHILE

Años lleva la Coordinación de Comunidades en conflictos Ambientales en la Región de la Araucanía buscando una solución a los graves impactos que han debido soportar por el racismo socio ambiental a causa de vertederos y plantas de tratamiento de aguas servidas. En el devenir de estos últimos años han sido numerosas manifestaciones, recursos legales, denuncias públicas las que se han hecho al respecto. La última, una denuncia ante un órgano de las Naciones Unidas la que ha visto estos casos

GESTIONES EN LA ONU

Integrantes de la Red de acción por los Derechos Ambientales (RADA) comentan sobre estas acciones, la que contempló la presencia en agosto de este 2009 de dos delegados, en el propio Comité de eliminación de discriminación Racial: Mauricio Peñailillo de Rada y Manuel Curilen de la Coordinación de Comunidades en conflictos ambientales, quienes presentaron nuevos antecedentes a dicho órgano.

Enrique Pizarro, Ingeniero Ambiental y participante de RADA nos comenta en cuanto al viaje de esta delegación, que siempre es bueno que se pueda enviar representantes de la denuncia, “y por sobre todo hay que recalcar que los dos enviados son afectados directos y personales por los basurales y la plantas de tratamiento de aguas servidas, ya que, mas allá de los informes, registros u otros antecedentes, lo miembros del comité pudieron escuchar a las personas afectadas directamente, lo que ya es una instancia personal de denuncia”

Pizarro, señala también que en cuanto a lo referido por el comité en su informe de recomendaciones hacia el estado chileno, dice “Creo que las recomendaciones referidas a la denuncia por racismo ambiental, están encaminadas a lo que aspirábamos como denunciantes. El hecho de que el CEDR exhorte al estado a: 1) realizar estudios científicos de evaluación periódica, a llevar a cabo una política especifica en relación al tema de racismo ambiental, y a tomar medidas inmediatas para resolver el problema de los basurales en las comunidades; y consecutivamente 2) que se revisen las legislaciones y los proyectos acorde con las disposiciones del principio de protección de los derechos de los pueblos indígenas por sobre los intereses económicos y comerciales”, explica el integrante de RADA.

Mauricio Peñaillillo, integrante RADA y afectado directamente en su predio por una Planta de tratamiento de aguas servidas en el sector Botrolhue, nos comenta de las gestiones realizadas en la ONU: “Las gestiones realizadas en la ONU con algunos expertos que participan del comité contra toda forma de discriminación se ven reflejadas en las recomendaciones emitidas por el comité del 28 de agosto del 2009, que en su artículo 23 considera los requerimientos presentados por las comunidades afectadas Y por la reunión efectuada con el relator para temas indígenas Jame Anaya la cual refuerza la información que el manejaba desde chile. Anaya manifiesta su preocupación por temas relacionados a la denuncia de racismo ambiental en el artículo 35”, agrega Peñailillo “En relación a la denuncia por racismo ambiental, ésta aportó para hacer retornar a Chile ante este comité ya que por 3 periodos chile no había presentado los informes periódicos que este comité requiere, esto Chile tuvo que hacerlo a través de la ministra Paula Quintana (planificación). También obliga a Chile a dar informes en diferentes áreas, como migración, leyes internas , conflicto con las comunidades mapuche , salud intercultural, etc. , lo cual es un claro aporte en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, por ello, creemos que fue fundamental la presencia de la delegación mapuche y de apoyo en Ginebra para difundir en el corazón de la ONU y ante diferentes estamentos la situación actual de racismo en chile”.

Sobre las recomendaciones, Enrique Pizarro explica “Las primeras recomendaciones son cosas que las comunidades en conflicto en primera instancia desde hace casi 20 años algunas y por otra, de organizaciones ciudadanas, populares e indígenas ya hace casi una década, han estado dialogando y pidiendo a los gobiernos locales, regionales y también a nivel nacional que se hagan cargo de este problema que persiste, por eso mismo hemos recurrido a esta instancia internacional, para que podamos decir que no solo nosotros vemos que aquí hay un problema, sino que ahora lo diga igualmente un órgano de la ONU, y que recomienda al estado a realizar acciones concretas, da un mayor peso a nuestra demandas… ”

DESAFÍOS

Con respecto a los desafíos tanto de RADA como de la Coordinación de comunidades afectadas por racismo ambiental, Enrique Pizarro indicó “bueno, en cuanto a los desafíos, más que desafíos, creo que estamos en la etapa final de un proceso, en donde no podemos llegar place. Después de recorrer tanto trayecto no podemos dejar pasar esta instancia, ya que mas allá de la ONU donde se puede recurrir, entonces con los argumentos que teníamos antes, con el convenio 169, y con las recomendaciones que tenemos ahora, debemos exigir la dignidad de nuestra existencia, nuestros derechos a vivir en un medio libre de contaminación, como dice la constitución que tanto adora nuestra clase política, legisladora y gobernante, entonces, respetemos aunque sea eso”

A su vez, Pizarro adelanta “Pronto se tendrá una conversación, ojala que así sea, con representantes del gobierno a nivel central, para ver como empezamos a cumplir estas recomendaciones, pero si no sucediera esto, creo que el camino que se adoptara, no será el del dialogo que tanto le gusta pedir al gobierno frente a los micrófonos y las cámaras, camino que se ha respetado y mantenido durante mucho tiempo, pero lamentablemente, poco se ha avanzado y conseguido para las comunidades, por que el estado puede decir en la sesión del CEDR que se ha conseguido un prestamos al BID de muchos millones de dólares para solucionar el problemas de los vertederos en comunidades, pero eso es un programa a nivel nacional y nada especifico con las comunidades y si a eso le sumamos que en estos procesos de plan de diseño de cierre de vertedero -proceso que se lleva en todo el país-, las comunidades mapuche de la región de la Araucanía que son afectadas por los vertederos han participado y colaborado dignamente en este proceso, pero una vez mas sus observaciones, demandas y sentimientos, no han sido acogidos por el gobierno local, ni nacional”

Reafirmando esto último, Mauricio Peñaillo señala: “El discurso público del gobierno en organismos internacionales dista de la realidad aplicada en la región por desconocimiento u omisión de problemas con comunidades indígenas y los efectos de instalación de proyectos en territorio mapuche, el nulo compromiso de las autoridades regionales en seguir el discurso central en la ONU solo incrementa el grado de rechazo a la aplicación de políticas públicas en los territorios mapuche. La discordancia entre lo que se manifiesta por el gobierno central y su aplicación en la región impide el avance en la solución de la denuncia de racismo ambiental y seguimos situados en una posición que pone en duda que el diálogo es la vía para la resolución de conflictos ya que por este camino al parecer no llama la atención de las autoridades ni modifica sus actuares en forma significativa”

Enrique Pizarro comenta al respecto “Dicen que en 5 años se cierran los vertederos, pero hace 5 años dijeron lo mismo, ni siquiera los estudios de las consultoras en este proceso de plan de cierre han derivado en un compromiso formal del municipio y del gobierno regional en establecer una fecha limite para la disposición de los residuos cerca de las comunidades, elemento que las comunidades pedían en su participación. Por ahora, queda esperar esta reunión con nivel central, en la cual entregaremos un documento con las exigencias basadas en nuestras peticiones de siempre y en base también a las recomendaciones, y luego de eso, se vendría el trabajo en conjunto con el estado para establecer plazos, programas y/u otros que mermen el daño causado por el racismo ambiental, todo esto si al final de la reunión se sacan cosas positivas, pero si no es así, las comunidades en conflicto socioambiental junto a las organizaciones ciudadanas, populares e indígenas que apoyan, deberán tomar otra alternativa de lucha por su dignidad y sus derechos”, sentenció.

Por Alfredo Seguel

Síguenos y suscríbete a nuestras publicaciones

Comparte ✌️

Comenta 💬