Seminario dio claves para anular Ley de Pesca y llamó a sumarse a campaña para recuperar patrimonio pesquero

Existen elementos constitucionales para anular la corrupta Ley de Pesca y a esto hay que sumarle la fuerza ciudadana para avanzar en la recuperación del Patrimonio Pesquero Nacional que fue entregado de manera gratuita y a perpetuidad a las 7 familias de industriales pesqueros. Así se pudo evidenciar en el Seminario ciudadano organizado este lunes por el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), el Consejo de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) y el Cento Ecoceanos, actividad en la que participaron académicos, parlamentarios, pescadores, tripulantes de la industria, estudiantes y organizaciones ciudadanas.

En la ocasión los expositores entregaron las claves para recuperar el Patrimonio Pesquero Nacional y se llamó a la ciudadanía a sumarse a la campaña que busca anular la Ley Longueira, nacida del poder corruptor del dinero empresarial, y del cohecho de algunos parlamentarios que la legislaron.

El encuentro realizado en uno de los salones del Congreso Nacional en Santiago, llamó a abrir un amplio y participativo debate nacional sobre la anulación de esta normativa pesquera. En la ocasión el senador Rabindranath Quinteros defendió su proyecto de Ley que persigue la recuperación de las pesquerías para la ciudadanía. El diputado Hugo Gutierrez dijo que los artículos 6 y 7 de la Constitución permitirían anular la Ley Longueira. En tanto los pescadores afirmaron que al eliminar la actual Ley de Pesca deberá regir la Ley de 1991. Mientras que las organizaciones ciudadanas afirmaron que solo la organización y movilización de los estudiantes, pescadores, pueblos originarios y ciudadanos, permitirá los cambios que el antidemocrático sistema político, judicial y parlamentario, está bloqueando.

En la ocasión también se discutió acerca de la pesquería de Jibia en la que los exponentes, entre ellos el académico de la Universidad Austral Julio Lamilla, el Biologo Marino y miembro del ICAL, Edgardo Fuentes, el diputado Daniel Nuñez y el dirigente Sergio Vera, coincidieron en la necesidad de eliminar totalmente la pesca de arrastre y darle exclusividad al arte de la patera para capturar Jibia.

Senador Quinteros: Los recursos del mar pertenecen a todos los chilenos

Uno de los oradores fue el senador socialista por la Región de Los Lagos, Rabindranath Quinteros, quien presentó el proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a la Ley General de Pesca y a la Ley 20.657, fundamentalmente en lo que respecta a que el Estado vuelva a ser el administrador de los recursos marinos que deben volver a ser propiedad de toda la ciudadanía y pueblos indígenas.

Quinteros se refirió también a los mitos que ha levantado la gran industria pesquera y que han comenzado a repetir sectores de trabajadores y algunos dirigentes de la pesca artesanal que tienen una “posición proindustria” y han estado defendiendo los intereses de las siete familias de industriales pesqueros.

Quinteros citando datos de Sernapesca afirmó que el sector artesanal ha sufrido una baja considerable desde la aprobación de la Ley Longueira, pasando de desembarcar más de 1 millón de toneladas el año 2012 a lograr solo más de medio millón el año 2013.

Quinteros agregó que “los sistemas de administración de las pesquerías industriales aplicados hasta aquí, sólo han permitido por un lado llevar a límites insostenibles la explotación de los recursos marinos y por otro concentrar en unos pocos grupos económicos el esfuerzo y renta pesquera·.

Frente a esto el senador afirmó que “investigaciones judiciales han hecho aún más necesaria la revisión de la señalada ley, al alertar sobre influencias y presiones indebidas en la discusión legislativa.”

En definitiva Quinteros resumió que la iniciativa legal persigue el carácter público de los Recursos del Mar, las licencias transables por 10 años, sujetas a licitaciones sucesivas y anuales, la extensión a todo el territorio nacional de las 5 millas de protección para la pesca artesanal, eliminar perforaciones en las 5 millas, la eliminación total de la pesca de arrastre y la ampliación de la cuotas de consumo humano, entre otros puntos.

Diputado Guitierrez: Cohecho y Soborno viola la Constitución y por tanto Ley de Pesca se puede Anular

Otro de los expositores que se refirió a las fórmulas para anular la Ley de Pesca fue el diputado Hugo Gutiérrez quien afirmó que todo el proceso de discusión de la Ley estuvo ausente de claras señales de probidad y transparencia, no se ajustó a los cánones que exige la Constitución, la ley y el pueblo de Chile y que la actuación de diversos parlamentarios estuvo reñida con la Ley y la ética parlamentaria.

Agregó que es una Ley Ilicita y que hasta el momento hay 12 parlamentarios que están siendo investigados por denuncias de cohecho y coimas por parte de empresas pesqueras. Además se ha comprobado por parte del Ministerio Público de la existencia de redes corporativas para el financiamiento encubierto a parlamentarios a cambio de intervenir en la tramitación de la ley y beneficiar a las grandes industrias.

“Esta ley debiera ser anulada. No mejorada ni revisada. Uno mejora las falencias, uno revisa los errores y omisiones, pero aquí estamos frente a un delito, a un objeto ilícito, por lo que corresponde es anular el acto jurídico de tramitación y promulgación, con sus consecuentes efectos jurídicos”, afirmó el parlamentario.

Luego de esto invitó a revisar los artículos 6 y 7 de la Constitución los que permitirían anular esta Ley. “La nulidad de la Ley 20.657 (Ley Longueira) no deja a Chile sin Ley de Pesca”, dijo el diputado, pues seguiría operando la Ley 18.892, la cual además debe ser reformada y actualizada con lo cual se abre una ventada para hacer una ley inclusiva, participativa y transparente, aseguró el diputado Hugo Gutiérrez.

Pescadores del Condepp: Si se anula Ley Longueira, rige Ley de 1991

Una de las organizaciones convocantes fue el Consejo de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) con su presidente, Jorge Bustos, y su tesorero Gino Bavestrello, quienes afirmaron que si se anula la Ley Longueira, comenzaría a regir la Ley de 1991, mientras se comienza a elaborar otra ley democrática, con participación y que realmente incorpore criterios de sustentabilidad en el este sector productivo.

Gino Bavestrello afirmó que “podemos anular la Ley de Pesca y el sector no queda en el limbo. Esto es necesario pues si nosotros no podemos salir a pescar, la ciudadanía no va poder comer”.

Respecto a la campaña de firmas, donde ya han reunido 300 mil adhesiones de ciudadanos de todo Chile, el dirigente del Condepp señaló que “firmar no es apoyar a los pescadores artesanales, sino que es apoyarse a uno mismo. Es decir, acá han firmado estudiantes, trabajadores, dueñas de casa y todos firman porque han entendido que deben defender sus derechos a la alimentación sana y de calidad”.

Bavestrello agregó además que están coordinando la fecha para hacer entrega de estas firmas a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, las cuales representan el sentir del Condepp, que agrupa a más del 50 por ciento de los pescadores inscritos en el registro pesquero artesanal y a toda la ciudadanía que ha estampado su firma en esta campaña.

El pescador precisó que quienes habían recibido cuotas de pesca fueron los armadores, los cuales no representan ni el 10 % en el sector de la pesca de pequeña escala y que más del 90% de los pescadores tienen “cero cuota, cero permiso, cero peces”.

Respecto al papel que está jugando la FAO, la Oficina para la Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas, Bavestrello dijo que este organismo “no se puede meter en los problemas internos de los países. La FAO solamente podrá discernir en lo relativo a la seguridad alimentaria en el mundo” y no a temas como corrupción y apropiación del patrimonio pesquero por parte de los industriales.

Frente a esto, el dirigente pesquero cuestionó que la promesa de la Presidenta Bachelet en tiempos de campaña de revisar la Ley no se esté cumpliendo y estén usando a la FAO para mostrar una falsa revisión a este cuerpo legal.

Ecoceanos: Organización y movilización permitirán los cambios

Por su parte Juan Carlos Cárdenas, Director ejecutivo del Centro Ecocéanos señaló que “la ley Angelini-Longueira de privatización pesquera constituye la mayor expropiación de bienes nacionales y de recursos naturales efectuada en el período post-dictadura cívico-militar, empleando para ello a parlamentarios comprados por el dinero empresarial”.

Según Cárdenas, “la exigencia de anulación de esta viciada ley es respaldada por 300.000 ciudadanos, para que el Estado recupere la propiedad de los peces del mar chileno y su capacidad de asignar derechos de acceso, uso y propiedad de las pesquerías nacionales. Por tanto es urgente eliminar las licencias de pesca entregadas a perpetuidad al cartel de los 7 clanes empresariales; restituir los derechos del 90 por ciento de los pescadores artesanales ‘propiamente tales’, y de los pueblos originarios, quienes fueron legalmente despojados de todo derecho al acceso y uso de los recursos marinos”.

El director de Ecocéanos señaló que “sin organización y movilización de los ciudadanos, estudiantes, pescadores y pueblos originarios, no habrá cambio alguno, ya que el antidemocrático sistema político-judicial y parlamentario lo impedirá”