HidroWatt, en el Valle de Elicura, Región del Bío Bío

Sin estudio de impacto ambiental se aprueba hidroeléctrica de transnacional española

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región del Bío Bío aprobó la construcción de la central hidroeléctrica “Provoque”, que se suma a la Central “Gustavito” de 2,1 MW de potencia, aprobada en julio de 2016

Por paulwalder

28/05/2018

Publicado en

Chile / Mapuche / Medio Ambiente / Regiones

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El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región del Bío Bío aprobó la construcción de la central hidroeléctrica “Provoque”, que se suma a la Central “Gustavito” de 2,1 MW de potencia, aprobada en julio de 2016. Ambos proyectos intervendrán el río Provoque del Valle de Elicura, en la comuna de Contulmo, y son impulsados por la transnacional española HidroWatt.

El SEA resolvió que ambos proyectos no deben ingresar al Servicio de Estudio de Impacto Ambiental (SEIA). Dicha normativa exige que para ser sometidos al SEIA los proyectos deben superar los 3MW de potencia. «Si sumamos Gustativo y Provoque, ambos alcanzan los 3.5 MW, lo que evidencia el fraccionamiento del proyecto», denuncian las comunidades mapuche del Valle de Elicura.

En marzo de 2017 la Corte de Apelaciones de Concepción se declaró incompetente para revisar tres recursos de protección presentados por las comunidades. En mayo del año pasado, el Lof Elicura interpuso una denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de la Región del Bío Bío, la que aún no tiene respuesta a un año de su tramitación.

Ambo proyectos son propiedad del empresario español José María Grugues Ortuño, del Grupo Impulso. Gustavito es la primera etapa de una intervención mayor en la zona que incluiría al menos otras dos centrales hidroeléctricas. Las comunidades del Valle de Elicura exigen que la Superintendencia de Medio Ambiente investigue a la empresa HidroWatt por «evasión del Sistema de Evaluación Ambiental y fraccionamiento en tres proyectos hidroeléctricos». Además, requieren «la realización de una Consulta Indígena, debido a que la ley nos ampara al considerar que los proyectos pueden afectar no solamente el ecosistema local sino también el modo de vida de las comunidades».

 

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