Tribunal Ambiental admite reclamación de los defensores de la cuenca del río Puelo contra Central Mediterráneo

El Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, admitió a trámite la reclamación de una comunidad indígena que persigue anular la Resolución de Calificación Ambiental que le otorgó la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos al proyecto Central Mediterráneo en 2014.

En la acción judicial, quienes defienden la cuenca del río Puelo argumentan que el recurso de reposición debió ser acogido, porque la Resolución Exenta N° 128/14 no se hace cargo de todos los impactos ambientales que generaría el citado proyecto al tiempo que constituiría una seria violación a Derechos Humanos de los pueblos originarios.

La comunidad de Cochamó ve al proyecto como el inicio del saqueo de los recursos naturales del territorio que destruirá de manera irreversible  sus espacios milenarios, afectando además, su existencia como pueblo. Y cómo no considerarlo de manera destructiva, si hace pocos días el Tribunal Ambiental de Valdivia autorizó la paralización de las obras del camino utilizado para comunicar la hidroeléctrica Central Mediterráneo con la ruta V-721, por intervenir una zona caracterizada por fragilidad de suelo que presenta riesgos de deslizamientos, procesos erosivos y contaminación.

Luego de la admisión, el Tercer Tribunal Ambiental ofició al Comité de Ministros, a fin de que informe de conformidad al artículo 29 de la Ley N° 20.600, esto es, adjuntando copia física autentificada del expediente administrativo que dio lugar a la reclamación.

Recordemos que el proyecto consiste en la construcción de una hidroeléctrica que estaría ubicada en la comuna de Cochamó, y que tiene entre sus dueños a José Cox, socio y amigo de Sebastián Piñera y Ricardo Bachelet, primo de la Presidenta Michelle Bachelet.

Además, según la información presentada al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el 7 de diciembre de 2011, la hidroeléctrica tendrá dos generadores y requerirá la construcción de un tendido de líneas de alta tensión de más de 63 kilómetros, sostenidas por más de 211 torres metálicas, con alturas que oscilan entre 42 y 150 metros.

Esta iniciativa ya ha tenido varias acusaciones de parte de la ciudadanía afectada, destacándose -entre otras- la supresión de mala fe de antecedentes relativos a especies nativas por parte de las consultoras que participaron en la elaboración del proyecto y la negativa de realizar una consulta indígena a las comunidades del sector, establecidas a través del convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos originarios.

El Ciudadano