Tribunales Ambientales: Institucionalidad amenazada por el poder y el lobby

tribunal ambiental

Fueron creados en el año 2012 como parte de una reestructuración de la institucionalidad ambiental, que se sumaba a las Superintendencias de Medio Ambiente, como una forma de tener un espacio para dirimir la serie de conflictos medioambientales que se sucedían entre diferentes comunidades a lo largo del país y grupos económicos, que con sus proyectos de inversión – sea minero, forestal o pesquero – ponen en riesgo a los habitantes y el ecosistema en el que se pretenden llevar cabo.

A pesar de que han pasado cuatro años desde el momento de su creación, los Tribunales Ambientales aun no se encuentran en completa operatividad ni totalmente constituidos. Hasta la fecha sólo el Tribunal de Santiago se encuentra totalmente constituido, son tres jueces los que son nombrados por el Presidente de la República previa propuesta de una quina de la Corte Suprema; mientras que en el caso del asentado en Valdivia aun falta por nombrar a un juez y, en el caso de Antofagasta, no se ha ratificado a ninguno de los miembros.

Hasta el momento, se ha establecido que esta institucionalidad debe tener un carácter técnico y jurídico, dada la complejidad de las causas y para mantener la independencia a la hora de dictar justicia, más aun considerado el volumen de los intereses que se encuentran en juego. Ahí el juego de la política, el lobby y los grupos económicos comienza a activarse y se refleja en el estancamiento de los nombramientos de los Tribunales.

Mal diseño y lobby

El hecho es considerado grave por las organizaciones medioambientales y algunos parlamentarios, que ven en este hecho un vacío que permite la acción de los grupos de interés en favor de sus proyectos a expensas de las comunidades afectadas.

Álvaro Toro, abogado que ha llevado una serie de casos medioambientales y que por estos días trabaja para detener el proyecto Octupus en la Octava Región, señala a El Ciudadano que el proceso de designación de los ministros de los tribunales ambientales «es muy rara, en el fondo impide su independencia, porque son designados por 6 años y no es indefinida, lo que significa que todos los jueces buscan estar bien con las autoridades políticas. Eso a mi entender impide la designación de los Tribunales tanto de Antofagasta como de Valdivia».

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Al mismo tiempo, Toro precisa que para el caso de la confirmación del Tribunal de Antofagasta «la quina de postulantes no va acorde con lo que piensa la autoridad, y tengo claro que quienes postulan a dicho tribunal están muy vinculados con el área minera. Estoy casi seguro que cuando se constituya será permisivo con esta actividad económica«.

Al respecto, el diputado y miembro de la comisión de medioambiente de la Cámara, Daniel Melo (PS) señala que «Yo creo que es lamentable que después de 3 o 4 años el tribunal de Antofagasta no se constituya, que limita el acceso de la ciudadanía a la justicia ambiental, conculca el derecho a la participación ciudadana y a la posibilidad de defenderse de los abusos que puedan realizar los titulares de los proyectos».

En este sentido, una fuente ligada al Tribunal Ambiental consultada por este medio, y que prefirió mantener en reserva su nombre, señala que el proceso de conformación «Desde que asume Rafael Asenjo, quien es muy ligado a la DC en especial a Gutemberg Martínez y Soledad Alvear, como presidente del tribunal de Santiago, Santiago ha buscado tener hegemonía de la institucionalidad ambiental, tanto a nivel de decisiones técnicas como a través de influencia política».

Al mismo tiempo, la fuente sostiene que se está gestionando el aglutinar en un sólo tribunal la administración de justicia ambiental ya que «se busca con la centralidad es poder presionar a los jueces».

 En este punto el abogado Toro señala que la estructura administrativa de los Tribunales Ambientales, tres tribunales que se dividen el país en zonas, es poco eficiente y apunta a que no se desarrolle el trabajo de manera adecuada pues «La conformación del tribunal ambiental es poco clara. Ya que tener tres tribunales de forma descentralizada no se cumple el objetivo de esta institucionalidad, porque por ejemplo para una comunidad de Copiapó o Arica es tan complicado llegar a Antofagasta como a Santiago. Aquí creo que operó un poco de demagogia«.

«Los tribunales ambientales fueron una transacción a la que se llegó fundamentalmente con las empresas trasnacionales mineras cuando se crearon las superintendencias de medioambiente, pensando en que éstas serían un organismo en extremo controlador y buscaron un espacio que pudiera amortiguar dicho control. En ese marco es que surge dicha institucionalidad» recalca el abogado ambientalista.

Institucionalidad amarrada

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«El punto del asunto es que buena parte de los ministros no tienen historial político, por lo que no existe capacidad para presionar desde el punto de vista político«, señalan desde los Tribunales Ambientales a la hora de diagnosticar cuales son las causas del estancamiento de este órgano de la institucionalidad ambiental.

«Creo que la institucionalidad se ha ido consumiendo en sí misma. De hecho creo que los únicos que dan garantías son la sala constitucional de la Corte Suprema por la libertad que tienen para fallar» sentencia Toro a la hora de evaluar el actual estado de los Tribunales Ambientales y su proyección en el futuro.

Mientras que para el diputado Melo «La instauración de los tribunales era una exigencia para las modificaciones de la institucionalidad ambiental, su no instalación coarta esa posibilidad y da la posibilidad de pensar el peso de ciertas influencias. Se favorece el abuso contra el derechos de la ciudadanía».

Según la fuente consultada por El Ciudadano la situación en la interna de los Tribunales «Está compleja. El desarrollo de los Tribunales Ambientales está en juego. La institucionalidad ambiental da confianza, pero estas cosas que se van armando en paralelo permea a estas instituciones«.

Finalmente, el diputado Melo señala que desde el Congreso «Hemos enviado oficios y dado nuestra opinión critica respecto de este tema. Debe existir voluntad del Ejecutivo para concretar este asunto». Junto con eso el parlamentario agrega que «Esta postergación aumenta la desconfianza de la ciudadania hacia las instituciones, esperamos que el Ejecutivo acelere la toma de decisión al respecto para concretar definitivamente esta institucionalidad«.

José Robredo H. 

@joserobredo

El Ciudadano

 

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