El atentado y asesinato contra el General Carlos Prats y Sofía Cuthbert por la dictadura de Pinochet en Buenos Aires

El 30 de septiembre de 1974, un atentado con bomba asesina en Buenos Aires al General del Ejército (R) Carlos Prats y a Sofía Cuthbert, su esposa, siendo un nuevo crimen de la dictadura en este caso contra quien detentó la comandancia del ejército tras el también asesinado General René Schneider en octubre de 1970 y hasta el 23 de agosto de 1973. Carlos Prats se encontraba exiliado en Argentina tras el Golpe de Estado, y los agentes de la inteligencia chilena en conjunto con el agente de la CIA estadounidense Michael Townley, el extremista de derechas Enrique Arancibia Clavel de la DINA, entre otros, logran la complicidad de funcionarios argentinos para mantener a Prats bajo vigilancia. Es Michael Townley, doble agente de la DINA chilena y de la CIA, quien coloca una bomba controlada a distancia bajo el auto del general chileno. Se hace estallar el artefacto a las 0:50 horas del viernes 30 de septiembre de 1974, cuando Prats y Sofía Cuthbert regresan de una reunión social. El matrimonio muere al instante, y pedazos del automóvil se encontaron en la terraza de un departamente ubicado en un séptimo piso.

En 2000 se condenó en Argentina al agente chileno Enrique Arancibia Clavel por su participación en el atentado. En junio de 2008 la justicia chilena condenó a Manuel Contreras, ex jefe de la DINA y organizador superior de la operación desde Santiago, a cadena perpetua por la muerte de Prats. En esta nota repasamos las distintas aristas de este crimen del régimen dictatorial, que muestran varias claves para comprender la operatoria del terrorismo de Estado desatado en esos años en Chile y la región.

La cobertura de la prensa oficial y del régimen civil y militar

Como era la norma en la larga dictadura civil y militar chilena y en varios de los países de la región con regímenes similares, el suceso fue informado de manera en extremo parcial y tergiversada por parte de la prensa dominante, culpando del crimen a supuestos «grupos extremistas».

En el caso de El Mercurio, en una información que repitieron los otros medios similares en otros países de la región, se afirma:

«Prats, de 69 años de edad, quien residía y trabajaba en esta capital desde el derrocamiento de Allende hace un año, fue asesinado esta madrugada junto con su esposa Sofía, cuando se disponía a ingresar a su domicilio, luego de asistir a una reunión con connacionales, según fuentes de los residentes chilenos.

El atentado se registró en momentos en que el general retirado se disponía a abrir la puerta del garaje para ingresar el auto, en el que aún se encontraba su esposa, según una fuente policial.

Desde una camioneta estacionada cerca, cuatro o cinco individuos le efectuaron disparos, que aparentemente no lo alcanzaron, tras lo cual Prats se parapetó detrás de su coche. Los agresores dispararon entonces contra el tanque de nafta del vehículo, al tiempo que arrojaban debajo del automóvil una bomba plástica o una granada.

La explosión, según vecinos, fue tremenda, conmoviendo a numerosos edificios, al tiempo que la onda expansiva rompía los vidrios en varios centenares de metros a la redonda. El auto de Prats fue alzado con violencia, mientras su capot y parte del techo volaban hasta caer en la terraza de un edificio de siete pisos a 50 metros del lugar del atentado.»

Lo cierto es la explosión del auto se debió a una bomba que había sido colocada y activada a distancia por un grupo de agentes encabezado por Michael Townley, el estadounidense y doble agente de la CIA estadounidense y la DINA chilena, también parte del grupo plafinicador y ejecutor del atentado y asesinato en Washington del ex canciller del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier, el 21 de septiembre de 1976, y del intento de asesinato del dirigente democratacristiano Bernardo Leighton en Roma, el 6 de octubre de 1975.

A la cabeza de la operación estuvieron integrantes de la alta cúpula de la DINA: Raúl Iturriaga Neumann, Armando Fernández Larios, entre otros.

En la nota se detallaban algunas características del atentado y sus efectos, aunque en una versión con varias manipulaciones y falsedades: «Prats, sorprendido en cuclillas, fue despedido hacia atrás unos cinco metros, mientras sus ropas se prendían fuego por el estallido del tanque de nafta. Las quemaduras y grandes mutilaciones que sufrió le causaron la muerte casi instantáneamente.

Entretanto, su esposa, que se hallaba en el interior del automóvil, quedó envuelta en llamas, y sufrió también grandes mutilaciones, pero logró salir del vehículo, muriendo pocos instantes después, según las fuentes policiales.

Los terroristas huyeron sin dejar ninguna señal que los identificara, y posteriormente ningún grupo extremista se atribuyó tampoco el atentado».

La Junta Militar no se hizo responsable de ninguna de estas acciones, como tampoco de su vínculo con Michael Townley, y será entregado a las autoridades estadounidenses en 1978. En la misma portada de El Mercurio se insertó lo que será la versión oficial frente a los hechos:

«Gobierno chileno condenó crímenes.

El Gobierno condenó en forma enérgica el atentado de que fue víctima en Buenos Aires (…) La reacción oficial frente al lamentable suceso fue dada a conocer a través dle Secretario General de Gobierno, coronel Pedro Ewing. El Mandatario fue informado de la trágica noticia a las 05:45 horas. El coronel Ewing expuso por otra parte, que el atentado terrorista no puede entorpecer o alterar las excelentes relaciones entre Chile y Argentina (…)»

El comunicado gubernamental dice: «Informado de la trágica muerte del general del Ejército (R) Carlos Prats González y su señora esposa doña Sofía Cuthbert de Prats, el Gobierno lamenta este brutal acto de violencia y lo condena enérgicamente.

Se han arbitrado las medidas para que se trasladen a Buenos Aires, de inmediato, los familiares que residen en Chile, otorgándoseles las más amplias facilidades.

El alevoso homocidio del señor general Prats y su esposa y el clima de terror que el extremismo crea internacionalmente justifican las medidas de seguridad y orden que el Gobierno de la República ha adoptado y seguirá adoptando para tranquilidad y resguardo de la vida de todos los habitantes de Chile.

HONORES

Posteriormente, el Secretario de Prensa de la Junta de Gobierno Federico Willoughby declaró que es intención del Ejecutivo respetar lo que decidan los familiares respecto a los funerales del malogrado ex Vicepresidente de la República y su esposa.
Expresó que si los restos son traídos a Chile, el general Prats será sepultado con los honores que corresponden a un general de la institución».

Michael Townley

Fue sometido a juicio y condenado tras su envío a Estados Unidos, y a cambio de la información otorgada, fue liberado bajo el programa de protección especial de testigos del país norteamericano, donde vive actualmente bajo otro nombre. Es decir, una impunidad encubierta en enjuiciamiento.

El manto de impunidad también implicó silencios en nuestro país. A inicios del Gobierno de Patricio Aylwin es recordado el episodio en que desde La Moneda se emitió la orden de detener un reportaje en el programa de investigaciones periodísticas «Informe Especial» que incorporaba una larga entrevista con el propio Townley. Una abierta censura ordenada por el Gobierno de Patricio Aylwin (acá disponible la entrevista completa: Informe Especial: Michael Townley – Confesiones de un asesino).

El relato de Townley siempre fue que él cumplía órdenes directas de Manuel Contreras, el jefe de la DINA y brazo ejecutor de las políticas de terrorismo de Estado bajo el mando de Pinochet. Esto contradecía la versión sobre los atentados de Orlando Letelier y Carlos Prats, que mantuvo siempre Manuel Contreras.

Enrique Arancibia Clavel

Otro de los agentes del grupo, Enrique Arancibia Clavel, era un chileno que bajo la fachada de ser ejecutivo del Banco del Estado de Chile en Buenos Aires, y fue un punto central de la coordinación con Argentina en el marco de la Operación Cóndor, la red de represión y terrorismo estatal de las dictaduras civiles y militares existentes en varios países de la región en ese entonces, en particular del Cono Sur sudamericano.

Enrique Arancibia Clavel vivía en Argentina bajo otro nombre desde 1972, tras su huida de Chile al ser juzgado por su responsabilidad en atentados con bombas a torres eléctricas y otras infraestructuras para evitar la ratificación del Congreso Nacional a Salvador Allende como nuevo Presidente de la República, en octubre de 1970. Por esto, se le conocía como «el dinamitero».

Arancibia Clavel fue uno de los tantos agentes del «Proyecto Fubelt» de la CIA estadounidense, el conjunto de operaciones destinadas a desestabilizar al Gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular. Entre estas operaciones, destacan las acciones de bandera falsa para culpar a organizaciones de izquierda (como fue el intento de secuestro y finalmente asesinato del General René Schneider), y acciones de boicot a infraestructura esencial para la economía del país y la continuidad del abastecimiento a la población de bienes y servicios, como puentes, torres y líneas eléctricas, o vías férreas.

La importancia de Carlos Prats y la significación de su asesinato

Carlos Prats fue el sucesor en la cabeza del Ejército de Chile tras el asesinato del General René Schneider, y mantuvo durante el Gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular una posición de defensa de la Constitución y el gobierno constitucional.

En el contexto de la búsqueda del Gobierno de Allende y la UP de una contención de los planes desestabilizadores y golpistas, Carlos Prats fue ministro en dos períodos: primero, nombrado como Ministro del Interior en el marco de las respuestas del Gobierno al extendido «Paro de Octubre» de 1972 encabezado por los transportistas o «camioneros» y por sectores importantes de las capas medias altas en una especie de «paro patronal» (desde el 2 noviembre de 1972 hasta marzo de 1973), y luego, como Ministro de Defensa, desde el 9 de agosto hasta el 23 de agosto de 1973, fecha en que renunció también a su cargo de Comandante en Jefe del Ejército.

El General Prats vivía por esas semanas un permanente asedio y acoso incluso en su propio hogar, donde se habían hecho usuales las manifestaciones en su contra. La participación de mujeres del mismo entorno de las Fuerzas Armadas en esas manifestaciones fuera de su casa, incluyendo esposas de varios generales, era una presión directa contra su mando. En las cortas declaraciones que dio, Prats dice: «En las manifestaciones frente a mi casa participaron varias esposas de generales. No todos ellos han actuado en forma correspondiente. No puedo quebrar al Ejército. El Presidente me aceptó mi renuncia».

En los relatos de varios integrantes del Comité Político de la Unidad Popular y el equipo asesor presidencial de Salvador Allende, se indica de mnaera frecuente la afirmación de que Carlos Prats fue quien recomendó a Augusto Pinochet para su sucesión al mando del Ejército de Chile. La situación de presión vivida por Prats lo mantuvo en las últimas semanas previas al Golpe de Estado, en relativa incomunicación frente al entorno presidencial, como indican entre otros el asesor Joan Garcés.

Más allá de las razones por las que se puede conjeturar que su presencia en Buenos Aires era vista como problemática para el régimen, la figura de Carlos Prats se encuentra entre los militares más referenciales de aquellas partes de las Fuerzas Armadas de Chile que no se prestaron para las operaciones desestabilizadoras y golpistas, e intentaron detenerlas.

Décadas después, en el contexto de los funerales de Pinochet tras su fallecimiento impune el 10 de diciembre de 2006, un nieto de Carlos Prats, Francisco Cuadrado, hizo la larga fila que hacían los y las pinochetistas para despedir al tirano, y escupió el ataúd, en un puntual pero significativo acto de justicia al menos simbólica ante el asesino y traidor a su abuelo.

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