Denuncia víctima de violencia vicaria «presiones» para detener el caso

Andrea Lezama acusó a la agente del Ministerio Público de buscar un acuerdo con el victimario, quien sustrajo a su hijo hace 6 años

Andrea Lezama Bonilla, víctima de violencia vicaria, denunció «presiones» por parte del personal del Ministerio Público encargado de su caso, para que detenga el proceso legal contra su expareja, quien está preso por la sustracción de su hijo hace seis años.

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La madre señaló a la agente Fabiola Romero Aguirre, titular de la mesa de litigación 5, por buscar un acuerdo con el padre, a pesar de los años que le negó ver a su hijo, y la posibilidad de que lo vuelva a sustraer.

Afuera de Casa de Justicia de Puebla capital, antes de una audiencia Intermedia al acusado Ricardo N, Andrea Lezama señaló que insistirá en que se aplique la ley contra el presunto agresor, por lo que rechazó la solicitud de suspensión condicional del proceso que pide la defensa del acusado.

A decir de la agraviada, la agente del Ministerio Público trata de convencerla de llegar a un acuerdo, con argumento del «interés superior de la niñez» y para que el menor «pueda ver» a su padre.

La madre denunció la insistencia de la encargada del caso y reiteró que «un agresor jamás podrá ser buen padre», por lo que rechazó la suspensión.

Solicita protección a la Fiscalía

Lezama Bonilla, del Colectivo de Amorosas Madres contra la Violencia Vicaria (CAM-CAI), denunció que ya no cuenta con las medidas de protección de la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que teme por su vida o alguna agresión a su familia.

Por lo anterior, pidió atención de la autoridad ante la posibilidad de que su expareja, Ricardo N, atente contra ella o intente sustraer al menor si es liberado.

Piden hasta 19 años de cárcel

El abogado de la madre, Cristian Hernández Arellano aseveró que seguirán el proceso para que Ricardo N sea condenado por violencia familiar, con la agraviante de violencia vicaria cometida por medio de un menor, lo que será una pena de hasta 14 años.

Lo anterior se suma a la sustracción del menor hace seis años a Baja California, que podría aumentar cinco años de cárcel en caso de que les favorezca el fallo.

El abogado reprochó que actualmente Ricardo N sólo está procesado por sustracción del menor, pues consideró que «de nada sirvió» la modificación a la ley por parte del Congreso de Puebla para tipificar la violencia vicaria.

El representante de Lezama Bonilla remarcó que no aceptarán un acuerdo, pues señaló que no se puede reparar el daño con dinero, como pide defensa de Ricardo N, la cual no ha presentado una oferta a la agraviada.

Fotos: Agencia Enfoque

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