Ignoran de qué se les acusó

El 60% de indígenas encarcelados carecieron de intérpretes durante sus juicios

La carencia de traductores de las lenguas nacionales es una de las causas por las que muchas personas de las comunidades indígenas son sentenciadas

Por Luis Yañez

28/08/2018

Publicado en

México / Pueblos

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En México el 3% de la población carcelaria son personas indígenas y el 60% de ellas tuvo fallas en su proceso judicial, al no contar por lo menos con un intérprete que le dijera en su lengua materna de qué se le acusaba y cómo defenderse.

Así lo señaló Alejandro Robledo Flores, coordinador general de Derechos Indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

“Estas personas privadas de la libertad, muchos tuvieron un problema, no tuvieron un proceso debido y fundamentalmente fue por la falta de traductores y por la falta de intérpretes, es el 3% de la población presa, de esos  más del 60% por ciento tuvieron una falla en el proceso”, dijo.

De ahí la importancia del proceso de certificación de peritos en lenguas nacionales o indígenas y que serán las que acompañe a los acusados o las víctimas en un proceso judicial.

Certificación de peritos

Ante la carencia de intérpretes de las lenguas nacionales y que es una de las causas por las que muchas personas de las comunidades indígenas son sentenciadas a una pena corporal dentro de una cárcel, la Comisión Estatal de Derechos Humanos lleva a cabo la certificación de peritos intérpretes.

El presidente de la comisión Alfonso Hernández Barrón, advirtió que“una persona que no domina el español, cuando va a un tribunal a demandar justicia, a presentar una denuncia o se ve como presunta responsable, tiene el derecho al debido proceso, esto implica el derecho a la audiencia, a la defensa, el derecho a una representación jurídica, saber de qué se le acusa o en su caso también la posibilidad de solicitar, como ya menciono, la atención de las autoridades cuando ha sido víctima del delito”.

Esta capacitación tendrá una duración de dos semanas en donde se abordarán las necesidades de las comunidades indígenas y la necesidad de garantizarse el debido proceso a una persona acusada de un delito.

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