Escala conflicto de gobierno federal contra Foro Consultivo Científico y Tecnológico, antigua aristocracia del CONACYT

POR REDACCIÓN

México, 24 de septiembre de 2021. El director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, fijó ayer su postura ante las investigaciones que se están realizando por parte del gobierno mexicano contra 32 científicos del CONACYT, al tuitear que la dependencia que él coordina “fue creada para  prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. NO para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que se encuentren en dichos supuestos”.

Esta mañana, Andrés Manuel López Obrador exhibió durante su encuentro matutino con los medios un documento que evidencia que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, asociación civil integrada por científicos del CONACYT-  recibió entre 2002 y 2018 “alrededor de 100 millones para proyectos de Ciencia y Tecnología y 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación, entre los que se incluían choferes, celulares, servicio de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero”.

El titular del Ejecutivo federal reveló que la asociación de científicos habría adquirido un inmueble de lujo en Coyoacán, tras lo que cuestionó la selección de dicha ubicación con la pregunta “¿Por qué no Iztapalapa?”.

López Obrador también señaló que dicha asociación científica “justificó en 2007 las omisiones de las autoridades federales en relación con el rescate de los cuerpos y la ampliación de investigaciones relacionadas con la mina Pasta de Conchos”.

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En la misma conferencia, el mandatario dio a conocer un supuesto tuit del ingeniero Aldo Aldrete, quien se ostenta como “científico, irreverente, transgresor, experto en seguridad, bioterrorismo y miembro del Comité Científico de la ONU”. El tuit exhibido contiene una serie de términos ofensivos y vulgaridades contra una “pseudoescritora, pseudoinvestigadora”, a quien sin embargo no se le pone nombre y apellido, pero López Obrador interpretó como alusivo a su persona y a la de su esposa.

Mientras el conflicto continúa escalando, Elena Álvarez-Buylla, directora del CONACYT y promotora en 2020 de la primera investigación de desvío de recursos, niega tener conocimiento de la investigación en curso contra 31 de sus investigadores por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

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“No sé de qué me hablas”, respondió a la prensa la doctora Álvarez Buylla, a las puertas del Centro de Innovación Tecnológica, “Yo no vengo a apoyar al gobierno de la Cuarta Transformación a acusar a absolutamente nadie”.

Sin embargo, medios nacionales han publicado que fue precisamente una denuncia de Álvarez-Buylla el fundamento de la investigación iniciada por el fiscal Alejandro Gertz-Manero contra los 31 científicos, entre quienes destacan el administrador Enrique Cabrera Mendoza, director de CONACYT de 2013 a 2018; la física  Julia Tagueña Parga, excoordinadora del Foro, al que renunció en 2019;  y el economista Víctor Gerardo Carreón Rodríguez, quien fuera director de la División de Economía del CIDE y director adjunto de planeación de CONACYT.

Por su parte, el ministro Arturo Zaldívar ha manifestado que se mantendrá independiente.

El miércoles 22 de septiembre, CONACYT divulgó en su sitio oficial un comunicado en el que atribuía a los medios y a las redes sociales «una campaña de desinformación» por das a conocer «órdenes de aprehensión contra científicos», cuyo objetivo sería «generar polarización e incertidumbre o temor en la comunidad científica».

«En el Conacyt trabajamos para fortalecer y beneficiar a la comunidad científica de México, así como para reforzar la soberanía del país. Lo hacemos bajo los principios del humanismo, la ética, la honestidad, la defensa de los derechos humanos, el diálogo, la inclusión social y el respeto a la libertad de pensamiento y de investigación», dice el comunicado de la dependencia cuya titular presuntamente habría interpuesto las denuncias en la FGR contra los 31 científicos hoy convertidos en sujetos de interés para la justicia federal mexicana.

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