Por Natalia Vitela / Rolando Herrera / Agencia Reforma

Luego de que el Conacyt cerró su ventanilla de asuntos jurídicos ante el incremento de casos de contagio de covid-19 entre su personal, la comunidad estudiantil del CIDE denunció que se trata de un acto de autoritarismo por parte de María Elena Álvarez- Buylla, directora de Consejo. 

Con el cierre, los recursos interpuestos en contra de la designación como director del CIDE de José Antonio Romero Tellaeche tendrán que esperar.

Reforma publicó que el Diario Oficial de la Federación decretó ayer la suspensión de las actividades de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt.

“Se trata de un intento inconstitucional por obstaculizar los juicios de amparo que la comunidad del CIDE ha presentado en contra de la imposición del Dr. Romero y de las convocatorias ilegales para reformar los estatutos del centro”, de acuerdo con un comunicado emitido por la comunidad estudiantil del CIDE.

La comunidad indicó que defiende el hecho de que se priorice la salud de las personas, sin embargo, el acuerdo se limita a una sola unidad y consideran que difícilmente responde a un interés genuino de proteger a los funcionarios.

“Esta medida contradice la presión que se ejerce para que todos los Centros Públicos de Investigación (Incluido el CIDE) reinicien actividades académicas y administrativas presenciales; a las que incluso se ha sumado el propio Dr. Romero”.

Con base en este acuerdo, se suspenderán en su totalidad las actividades de la Unidad de Asuntos Jurídicos respecto a la defensa y representación de los intereses del Conacyt ante las diferentes autoridades jurisdiccionales, contencioso administrativas, administrativas y de trabajo.

Desecha juez amparo contra convocatoria del CIDE

El Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Ulises Oswaldo Rivera González, desechó la demanda de amparo presentada por un académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) contra la convocatoria hecha por la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, para modificar el Estatuto de esa institución educativa.

El impartidor de justicia señaló que la demanda era notoriamente improcedente al considerar que la convocatoria para la sesión de la Asamblea General, a realizarse el próximo 24 de enero, no constituye un acto de autoridad en contra de un gobernado, sino que forma parte de la facultad de autogestión del CIDE.

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Foto: Twitter

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