Fundación Mary Street Jenkins anuncia denuncia penal contra JCIAP por incumplir mandato judicial

PUEBLA, Pue., 21 de julio (apro).- La Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) anunció que presentará denuncias penales por el supuesto incumplimiento del mandato judicial que, asegura, obligaba a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) del gobierno de Puebla a entregar el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), su administración y cuentas bancarias al patronato presidido por Margarita Jenkins de Landa.

En un comunicado, la FMJS acusa que la actuación del gobierno de Puebla va encaminada a “apropiarse de un bien privado”, por lo que constituye “una expropiación de facto” de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). 

En el escrito, la representación de los patronos que fueron destituidos por el gobierno estatal asegura que la suspensión de amparo que les otorgó el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil el 16 de julio tiene “efectos amplios” y demuestra presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por la intervención del campus de la UDLAP en la que participó la Policía Estatal el pasado 29 de junio.

La Fundación Jenkins acusa a la JCIAP, que preside José Daniel Vázquez Millán, de ser responsable de atropellos, como imponer un patronato “espurio” que, a su vez, nombró de “manera ilegítima” a Armando Ríos Piter como presunto nuevo rector de la UDLAP, sin tomar en cuenta mandamientos judiciales y estatutos que rigen la Universidad.

La “desobediencia reiterada” a las suspensiones de amparo, agrega, representan conductas ilícitas y distintos delitos federales como allanamiento, usurpación de funciones y falsedad en informes previos ante la autoridad judicial.

El comunicado hace referencia a las órdenes de aprehensión que, asegura, fueron “patrocinadas” desde el gobierno de Puebla.

También puedes leer: Tribunal administrativo otorga suspensión para que siga patronato nombrado por el gobierno de Puebla en la UDLAP

“Igualmente la fabricación de órdenes de aprehensión sin pruebas, patrocinadas desde el Gobierno del Estado de Puebla, demuestran un clima de persecución que tiene la finalidad de inhibir los efectos de suspensión para recuperar el campus de la universidad y evitar, a través de amenazas, la presencia física de autoridades universitarias en sus instalaciones.

“Lo que representa un conjunto de irregularidades para apropiarse de un patrimonio privado, por lo que además constituye un despojo con tintes de expropiación de facto que amenaza la certidumbre de los poblanos”, advierte.

La FMSJ insiste en la existencia de una campaña “dolosa” en su contra, la cual asegura es usada por el gobierno de Puebla para “normalizar una serie de atropellos inadmisibles en un Estado de Derecho”.