Inicia Congreso petición para suspender a Francisco Romero de la ASE por presunta violencia familiar

El Congreso del Estado de Puebla inició el proceso para suspender de forma temporal a Francisco José Romero Serrano, como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar contra de un menor de edad.

En sesión ordinaria, la presidenta suplente de la Mesa Directiva, Karla Victoria Martínez Gallegos (Morena), informó que un juez de control de la Región Judicial Centro-Poniente en el estado ordenó como medida cautelar suspenderlo provisionalmente de su cargo.

Se trata de un proceso legal en el expediente 840/2022 Cholula, a cargo del juez de control y abogado Javier Vázquez Fernández.

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En el documento, con fecha de 13 de febrero de 2022, se detalla que tras la audiencia oral y pública de Francisco Romero se decretó como medida cautelar la separación temporal del cargo que ostenta, mientras continúa la investigación.

“A dicho imputado se le indicó la carpeta judicial administrativa al rubro indicado, por su probable intervención en el hecho con apariencia del delito de violencia familiar cometido en agravio del menor de iniciales A. Z. B., representado por el autor especial abogado Arturo Almonte Carrera adscrito a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”.

Karla Victoria Martínez Gallegos
Presidenta suplente de la Mesa Directiva

El oficio indica que el Congreso Local debe agilizar los trámites administrativos que se requieran para cumplir con la orden judicial.

La petición fue turnada a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado (Jugocopo), a la nueva Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado y a la ASE, para que se resuelva en los próximos días.

¿Quién nombró al titular de la ASE?

El 27 de noviembre de 2019, el Congreso del Estado nombró a Francisco José Romero Serrano como auditor superior del estado de Puebla, a pesar de que los diputados del PAN calificaron como inconstitucional la designación.

La decisión fue tomada por la LX Legislatura, con 27 votos a favor, 10 en contra, dos abstenciones y dos votos nulos; sin embargo, para un fallo así se necesita el voto a favor de las dos terceras partes del pleno, conformado por 41 legisladores, es decir, 28 votos.

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La terna estaba compuesta por el ahora titular de la ASE, Juan Carlos Díaz Carranza y Salvador Sánchez Ruanova. Antes de la elección los diputados petistas José Juan Espinosa Torres y Héctor Alonso Granados denunciaron presuntos errores en el proceso de selección.

También se solicitó que el diputado Fernando Jara Vargas y las diputadas Guadalupe Muciño Muñoz y Estefanía Rodríguez Sandoval, no participaran en la votación, por haber apoyar abiertamente al auditor.

En ese momento, fue el diputado Gabriel Biestro Medinilla quien defendió la postulación y elección de Francisco Romero y dijo que las acusaciones en su contra eran parte “de una guerra sucia” para manchar el proceso.

A pesar de que su cargo estaba planeado para siete años, su destitución es cada vez más cerca, pues se han concretado las modificaciones legales y estructurales para removerlo del cargo.

¿Acusado de violencia familiar?

Francisco Romero se vio involucrado en un presunto conflicto familiar, que derivó una orden de aprehensión en su contra, dada a conocer el pasado 22 de diciembre de 2021.

La denuncia contra del auditor fue interpuesta por policías de San Andrés Cholula, que atendieron un reporte de los vecinos que acusaron a Francisco Romero de agredir a Joseline Zurita, su pareja sentimental, así como al hijo de la mujer, quien padece del síndrome de espectro autista (Asperger).

Días después, en la víspera de Navidad, Joselyn Zurita desmintió haber denunciado a su pareja por violencia de género o maltrato familiar y acusaron una campaña de desprestigio en su contra.

Aunque señalaron que las denuncias y la orden de aprehensión eran mentira, el auditor se amparó el pasado 5 de enero y un juez federal suspendió de manera provisional la orden de aprehensión.

También denunció que, al menos 70 sujetos obligados evadieron su responsabilidad de entregar información necesaria para su fiscalización, lo que ha retrasado los trabajos de la dependencia a su cargo y responsabilizó al personal del gobierno del estado de orquestar la operación en su contra.

Explicó que Amanda Gómez Nava, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), retrasó la entrega de documentos a la ASE, incurriendo con ello en el delito de obstrucción de la fiscalización.

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El pasado viernes, a través de redes sociales, anunció su incorporación al Sistema Nacional de Fiscalización del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, al ser nombrado presidente de la Comisión de Seguimiento, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, lo que “lo motiva a seguir trabajando a favor de la transparencia”.

Denuncian persecución

Ante el presunto hostigamiento del que fueron objeto, Francisco Romero y su pareja interpusieron quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para solicitar medidas cautelares, petición que fue respondida por la dependencia el pasado 11 de febrero.

De acuerdo con el oficio 6271, con fecha del 4 de febrero de 2020, con el número de expediente CNDH/6/2022/417/Q, solicitaron al fiscal general, Gilberto Higuera Bernal; así como al secretario de Seguridad Ciudadana de San Andrés Cholula, Humberto Rivera García, su apoyo para resolver el conflicto.

En el texto, se explica que las quejas presentadas ante la CNDH fueron registradas con los folios 118385/2021 y 9821/2022; mismas que descartan que existieran actos de violencia cometidos por parte del denunciado.

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Una semana después, de acuerdo con el oficio FGE/FEDH/UDM/685/2022 con fecha 11 de febrero, la CNDH señaló que las denuncias fueron aceptadas y solicitó a la FGE emitir medidas cautelares para proteger a la familia del auditor, incluyéndolo.

De igual forma, la resolución del oficio FGE/FEDH/UDM/683/2022 fue remitida a la Fiscalía Especializada en Violencia de Género.

En el texto aparece como peticionaria Joseline Zurita Compañ, las medidas de protección debían ser acatadas de forma inmediata, para proteger la información privada y los derechos humanos de los implicados.

También se solicitó que se frenara la integración de la carpeta de investigación por el caso, cosa que no ocurrió. 

Fotos: Agencia Enfoque

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