Lo que cuestan a Puebla los tres hoyos financieros recién descubiertos

Este año el gobierno de Salomón Céspedes Peregrina ha revelado tres probables casos de daño patrimonial al estado, que suman 3 mil 922.3 millones de pesos.

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Los dos primeros casos son herencia del gobierno de Rafael Moreno Valle (2 mil 600 mdp) y del gobierno de Luis Miguel Barbosa (600 mdp) mientras que en el tercero y más reciente (722 mdp) se ven involucradas las administraciones de Barbosa y de Guillermo Pacheco Pulido.

El nuevo hoyo financiero revelado en Puebla, de 722 millones de pesos, tuvo su origen en un aparente mal cálculo del pago del Impuesto Sobre la renta (ISR), que ocasionó una evasión fiscal.

Ahora el gobierno estatal debe solventar la deuda en un plazo de seis años, aunque hay voces que señalan que se puede recuperar hasta el 75 por ciento del dinero.

La secretaria de Planeación y Finanzas del estado, Josefina Morales Guerrero, dijo que el adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se produjo en 2019 y 2020, en la transición del gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido y el inicio de la administración de Barbosa Huerta.

Ante la ausencia de la exsecretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, y el silencio de la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, el diputado local Jorge Estefan Chidiac ha relativizado el asunto y negado alguna responsabilidad cuando fue secretario de Finanzas en el gobierno interino.

El grupo compacto del exgobernador Barbosa y sus excolaboradores más cercanos han guardado silencio y la única que ha salido en su defensa ha sido su viuda y expresidenta del DIF estatal, María del Rosario Orozco Caballero, quien calificó como dolo y desinformación los señalamientos contra el gobierno de Barbosa.

Ante el SAT, mal cálculo es mal asunto

Morales Guerrero explicó recientemente que el crédito fiscal se produjo porque el gobierno barbosista calculó mal cuánto debía pagar al SAT por el Impuesto sobre la Renta (ISR) de todo el personal al servicio del Estado.

El monto faltante obedece a que no se tomó en cuenta la retención proporcional de las despensas que recibió el personal entre enero y diciembre de 2019 y entre mayo y diciembre de 2020.

Estefan Chidiac afirmó que esto se debió a una “disparidad de criterios”, pues sostuvo que hasta el año 2015 el apoyo de la despensa en especie no era gravable y ahora ya lo es, pero mediante convenios entre autoridades se puede exentar el gravamen y el gobierno estatal se adhirió a ese beneficio, así que atribuyó el asunto a una confusión.

Aunque ya no es parte de la administración pública, Rosario Orozco Caballero aseguró en un comunicado que a la fecha no existe ninguna resolución definitiva que asuma el supuesto adeudo de 722.3 millones de pesos, pues dijo que los ejercicios 2019 y 2020 son objeto de una auditoría por parte del SAT.

Orozco Caballero reconoció que dicha revisión comenzó en noviembre de 2022, pero estimó que hasta dentro de unos meses se conocerán sus resultados y ahí se determinará si hay algún adeudo por parte del gobierno de Puebla.

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Mientras tanto, rechazó que hubiera evasión u omisión en el pago de impuestos y sostuvo que el gobierno de Barbosa Huerta se encargó de poner al corriente al estado en las obligaciones fiscales que administraciones pasadas habían incumplido.

La expresidenta del DIF estatal afirmó que actualmente el gobierno del estado “se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y se apoyó a los municipios en la regularización de sus adeudos impositivos”.

Tres gobiernos, un socavón financiero

Este año el gobierno de Céspedes Peregrina ha revelado tres probables daños patrimoniales que suman 3 mil 922.3 millones de pesos.

Los dos primeros casos son herencia del gobierno de Rafael Moreno Valle (2,600 mdp) y del gobierno de Barbosa (600 mdp) mientras que en el más reciente (1,322 mdp) se ven involucradas las administraciones de Barbosa y de Pacheco Pulido.

Fallido litigio de Moreno Valle

Los 2 mil 600 millones de pesos del hoyo financiero atribuido al gobierno de Rafael Moreno Valle, se perdieron por pagar al SAT menos ISR del que se debía, y porque, en vez de solventarlo, el gobierno morenovallista prefirió litigar el crédito fiscal pero perdió el caso y al adeudo original se sumaron los intereses generados durante el juicio.

El caso de los 600 millones de pesos invertidos en Accendo Banco derivó en la renuncia de la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, luego de que compareció ante el Congreso del estado donde reconoció que no hay garantía de que se pueda recuperar el dinero porque hay más de 300 acreedores.

La exsecretaria también reveló que el gobierno realizó operaciones por más de 6 mil millones de pesos con el mismo banco antes de su quiebra pues se trataba de una institución seria y segura, aunque la última inversión, hecha en junio de 2021, ya no se pudo recuperar porque tres meses después llegó la quiebra y luego el proceso de liquidación.

Lo que Puebla pudo tener sin socavón financiero

Los casi 4 mil millones de pesos de los tres hoyos financieros son una cifra mayor al presupuesto anual de secretarías estatales como la de Infraestructura, que este año tuvo 3 mil 835 millones de pesos; la de Planeación y Finanzas, a la que asignaron 3 mil 233 millones, y la de Seguridad Pública, que dispuso de 4 mil 220 millones, de acuerdo con la Ley de Egresos del estado.

Con el dinero de los hoyos financieros habría alcanzado para construir el nuevo hospital del IMSS San Alejandro, que costará 2 mil 700 millones de pesos, de acuerdo con Céspedes Peregrina, y hasta habría sobrado para mil patrullas más, pues el gobierno de Barbosa Huerta rentó mil durante dos años por mil 300 millones de pesos.

También se habrían podido pagar, durante dos años y medio, las tres obras morenovallistas que aún se deben: el Museo Internacional del Barroco (MIB); el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis y la plataforma de la planta de Audi en San José Chiapa, por las que se abonan 1 mil 443 millones de pesos anuales.

Incluso se habría podido financiar el conjunto de proyectos de obra de este año, estimado en 1 mil 493 millones de pesos, con el cual se rehabilitarán los penales de San Miguel, Tepexi de Rodríguez y Ciudad Serdán, así como el Estadio Ignacio Zaragoza y el Lago de la Concordia, además de la construcción de la Unidad de Cardiología y la Unidad de Oncología, ambas en el Hospital para el Niño Poblano.

Acciones ante al boquete financiero

Ante el primer boquete financiero de 2 mil 600 millones de pesos, Céspedes Peregrina anunció que buscaría la forma de recuperar un porcentaje mediante un acuerdo con el SAT, y la semana antepasada se anunció que se recuperaron mil 300 millones de pesos.

Ante el nuevo hoyo financiero de 722 millones, el gobernador señaló que se pagará y luego se buscará la forma de recuperar una parte, ya que no pagar aumentaría la deuda 8 millones de pesos cada mes.

Mientras tanto, se busca también fincar responsabilidades por la vía administrativa o penal a quienes tuvieron tengan alguna culpa por acción u omisión, tanto en el adeudo fiscal, como en la fiscalización de los recursos.

Céspedes Peregrina y la oposición en el Congreso del estado se han pronunciado a favor de que comparezca la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, para explicar si encontró y fue omisa ante alguna irregularidad detectada en las cuentas públicas 2019 y 2020, de las que ya fueron aprobadas observaciones.

Dirigentes estatales del PAN y el PRI han alertado de una posible complicidad de la auditora con la administración barbosista, pues fue secretaria de la Función Pública y Barbosa Huerta impulsó su arribo a la ASE.

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Los partidos opositores también han demandado localizar a Castro Corro, para que responda por el nuevo hoyo financiero y el caso de Accendo Banco, pues ella y sus colaboradores simplemente se fueron de la Secretaría de Planeación y Finanzas sin enfrentar a la justicia, a pesar del aparente daño patrimonial a las arcas del estado.

Ilustración: Iván Castillo

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