¿Quién protege a Toledo?

MC impugna ratificación del triunfo de Mauricio Toledo; la denuncia, en la Sala Superior

Movimiento Ciudadano impugnó y llevó a la Sala Superior del TEPJF su queja por el triunfo de Toledo como diputado federal

Mauricio Toledo candidato a diputado en San Martín Texmelucan

Luego de que la semana pasada la Sala Regional de la Ciudad de México del TEPJF ratificó el triunfo de Mauricio Toledo como diputado electo del Distrito federal 5, con cabecera en San Martín Texmelucan, Movimiento Ciudadano impugnó la resolución y llevó su denuncia a la Sala Superior.

Lo anterior, al presentar un recurso de impugnación en contra de las resoluciones SCM-JIN-44/2021 y SCM-JIN-45/2021 acumulado, en las cuales se validó el triunfo del político del PT.

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Ahora, el caso escaló hasta la última instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y se turnó a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso.

Movimiento Ciudadano pretende invalidar, primero, la resolución de la Sala Regional que confirma el triunfo de Toledo; y, segundo, la emisión de los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la respectiva constancia de mayoría. De esta manera, se anularía el triunfo de Toledo.

Es de recordar que el partido emecista presentó una denuncia en contra del triunfo de Toledo argumentando que no vive en San Matías Tlalancaleca, como él lo registró para las elecciones.

No obstante, al resolver la querella de Movimiento Ciudadano, apenas la semana pasada, la Sala Regional argumentó que se debe respetar “la presunción de cambio de domicilio«, asentada en una tesis de 2012; esto significa que en casos como el de Toledo, el actor político sí se cambió de casa pero no actualizó su credencial para votar.

Además, le tomaron como válido un recibo de luz que incluso está a nombre de otra persona, pero que él presentó como evidencia del domicilio donde vive.

Mauricio Toledo, además, enfrenta un proceso —aunque lento y entorpecido por el mismo Congreso federal— de desafuero por presunto enriquecimiento ilícito.  

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