Pobladores de Ixtacamaxtitlán acusan presión de minera por su proyecto

Integrantes de Unión de Ejidos observan que la empresa busca dividir las opiniones de la población para conseguir apoyo

Con dádivas, la minera Gorrión, filial de la empresa canadiense Almaden Minerales pretende dividir a la población de Ixtacamaxtilán en la Sierra Norte de Puebla, para presionar por la aprobación de un proyecto minero, que debe ser sometido a consulta en la comunidad indígena.

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A pesar de no contar concesiones para la explotación de la tierra, la firma permanece en el municipio y no abandona sus intenciones, aseguraron los habitantes de la localidad este miércoles.

Desde el zócalo de Puebla capital, los integrantes de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra y de la Vida exigieron sacar de la localidad a los “emisarios” de la empresa y no otorgar más permisos para minería.

Miguel Sánchez, uno de los ejidatarios de la comunidad de Santa María Sotoltepec, acusó que Almaden quiere “generar un conflicto” en la región al dividir las opiniones del proyecto y sus supuestos beneficios.

La empresa habría recurrido a repartir dinero y regalos a adultos e incluso niños para “comprar voluntades”, aparentemente con anuencia de las autoridades locales.

“La minera ya tiene cómo manejar a la gente y empieza a comprar a las autoridades, para mí y para los pueblos que vivimos en la sierra es una pinche grosería que en el palacio (municipal), ya sea de un pueblito, pero ahí tienen su oficina, comprando voluntades”

Antes de la denuncia de pobladores, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseveró durante su conferencia matutina que la minera no tiene permisos para realizar alguna actividad en la zona.

En febrero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó dos concesiones que dio la Secretaría de Energía (Sener) de México a la minera Gorrión, por no consultar primero a la comunidad indígena Tecoltemi.

Los permisos por parte del gobierno federal fueron otorgados en 2003 y 2009 respectivamente, y en conjunto permitían la explotación de 14 mil 229 hectáreas en el proyecto Ixtaca, que pretendía una mina a cielo abierto para extraer oro y plata.

Las comunidades indígenas denunciaron que el proyecto afectaría sus tierras y el agua, por lo que fue rechazado y tramitaron un amparo contra la concesión y una controversia constitucional contra la Ley Minera, que no progresaron ante la Primera Sala del máximo tribunal.

Foto: Internet

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