Acuerdo SQM-Codelco: Consulta Indígena de Corfo a la rápida y con poca información

“Nos entregaron un cuaderno de mil hojas y tenemos que leerlo de aquí a un mes”. Así cuenta una pobladora de la comunidad de Socaire, al interior de San Pedro de Atacama, como está viviendo el proceso de consulta indígena que está siendo llevado a cabo por la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo) entre las comunidades atacameño lickanantay en relación al acuerdo SQM Codelco, que contempla un fuerte aumento de las toneladas de extracción de litio.

Este lunes se desarrolló la Primera Reunión de la Etapa de Diálogo de la Consulta Indígena al pueblo atacameño lickanantay de la Cuenca del Salar de Atacama por parte de Corfo. El encuentro es parte de la cuarta parte de un proceso que se inició en noviembre de 2024 y define la distribución de aportes a las comunidades en caso de aprobarse el polémico acuerdo entre la empresa de Francisca Ponce Pinochet y la cuprífera estatal. Es llevado a cabo por Corfo, al ser la entidad estatal dueña de las pertenencias mineras en el acuífero.

SQM y el aumento de las cuotas explotación de litio tras preacuerdo con Codelco

La polémica negociación implica la entrega hasta el 2060 del 49,99% de la explotación del litio a SQM, controlado desde hace pocas semanas por la nieta de Pinochet. En una asociación con Codelco, el acuerdo reemplazaría el actual pacto que exige la devolución en el año 2030 de las pertenencias mineras que explota SQM en el acuífero atacameño a la Corfo. Además el nuevo convenio conlleva un aumento automático de la cuota de extracción de litio de las actuales 165 mil toneladas anuales permitidas -que SQM estaría agotando antes del 2030- a 300 mil tons.

CONSULTA OBLIGADA A LOS HABITANTES DEL TERRITORIO

Es obligación del Estado consultar a los pueblos indígenas que habitan un territorio cuando hay medidas o proyectos que se desarrollen en sus espacios. Dicha determinación es ratificada en el Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, vigente desde el año 2009 en Chile.

Según la legislación chilena, el Ministerio de Desarrollo Social, regula el proceso para llevar a cabo una Consulta Indígena, ya sea si es procedente o el procedimiento adecuado, lo que es definido en el Decreto del MDS Nº 66, que exige que sea realizada previamente a desarrollarse la intervención, a través de mecanismos apropiados, por medio de las instituciones representativas y con el objetivo de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento.

Se realizaron así reuniones correspondientes a la Etapa de Planificación en las comunidades de Peine, Solcor y Toconao durante el mes de noviembre de 2024. Luego se siguió en el resto de las 27 comunidades atacameñas lickanantay.

AFECTACIÓN DIFERENCIADA

En el encuentro llevado a cabo el lunes reciente participaron 27 comunidades del Consejo de Pueblos Atacameños y 22 asociaciones, ya sean de regantes, agricultores o estancieros de las mismas comunidades.

Yermin Basques, presidente de la comunidad de Toconao, una de las más próximas a las faenas de SQM en el Salar de Atacama, valoró la generación de un espacio de respeto con las autoridades.

Explicó que es una primera experiencia en que el Estado, a través de Corfo, negocia las regalías para las comunidades y los resguardos medioambientales. “El Estado no tiene una forma de trabajo con los pueblos originarios. Y este proceso ha servido para eso. Se nos ha escuchado, hemos sido críticos, pero tenemos que ser consecuentes en reconocer que por primera vez nos dan una participación real”.

Si en un comienzo, Corfo presentó siete medidas a considerar en relación a los posibles impactos por la explotación del salar, las comunidades del sur del acuífero lograron instalar en el proceso de discusión otras 6 medidas, sumando 13 en total, las que acabaron siendo aceptadas por Corfo. “Son las más sensibles relacionadas con el impacto ambiental, la forma de monitorear el salar”- esas cosas nos interesaban, comentó Basques.

El dirigente de Toconao agregó que “como hemos dicho antes, tal vez no es el mejor espacio ni proceso, pero sentimos que por primera vez nos han consultado, y es importante que seamos parte del proceso a través de la gobernanza”.

Basques también defiende el principio de afectación diferenciada, que implica que las comunidades que están más cerca de las faenas de explotación del Salar de Atacama deben recibir mayores compensaciones. “Antes Corfo nos entregaba un valor fijo, con polinomio de repartición bastante desequilibrado. Por ello queremos que se nos respete la afectación diferenciada, si bien somos una sola nación, nosotros al estar más cerca de las faenas tenemos 2 pozos de agua dulce, en tanto que Camar tiene 4 y Socaire muchos más pozos de agua dulce y salmuera implicados. En tanto, la comunidad de Peine es la más afectada. Hemos ido asumiendo así que los pueblos tenemos afectaciones distintas”.

La compensación diferenciada, defendida por los presidentes de las comunidades más próximas al Salar de Atacama (Toconao, Socaire, Camar, Talabre y Peine) es vista como una estrategia de división por otros comuneros o, incluso, algunos integrantes de las mencionadas. Así la propuesta de compensación presentada por la Corfo fue construida a partir de la diferenciación de tres grupos, estableciendo a estas comunidades en el primero; seguidas por las 22 comunidades lickanantay restantes y, en un tercer grupo, a las asociaciones de agricultores, regantes o de pastores.

En Toconao, por ejemplo hay siete asociaciones, representando a los regantes, canteros, el turismo y los agricultores.

MECANISMO DE LA CORFO

Otros participantes en el proceso de consulta tienen una perspectiva más crítica. Denuncian que la Corfo ha intentado imponer sus plazos para desarrollar el proceso de manera muy ajustada, sin considerar los tiempos de las comunidades; así como tampoco la asimilación efectiva de la información entregada. Las comuneros que conversaron con El Ciudadano prefieren hacerlo en modo off the record, ya que son reconocidas en sus pueblos y la Corfo exigió una cláusula de confidencialidad.

Dicha cláusula se impuso sobre los cuatro documentos que han circulado por las comunidades, los que llevan como título ‘Anexos Borrador Modificación Contrato Proyecto 2025-2030’; ‘Anexos Borrador Modificación Contrato Arrendamiento 2025-2030; ‘Anexos Borrador contrato proyecto 2031-2060’; y ‘Anexos Borrador contrato Arrendamiento 2031-2060’.

Una comunera de Talabre comentó que “ellos no querían entregar los borradores y querían que tomáramos la decisión a partir de los power point que habían mostrado en las reuniones efectuadas en las comunidades”.

Contó que los documentos mencionados recién pudieron ser vistos a partir del mes de marzo de 2025, ya que antes “no querían entregarlos ni mostrarlos”.

Para la comunera “se trata de documentos largos, que entienden abogados y que significan decisiones que afectan nuestras comunidades para los próximos 35 años, es decir, más que afectarme a mí, lo hace con mis hijos”.

Otra comunera proveniente de Camar concuerda con lo planteado. Comentó que “no querían entregar los borradores y los anexos de contrato, es como tomar una decisión sin leer. Eran 400 páginas de un vocabulario muy complejo y tenemos que bajar la decisión a nuestros socios”.

“En noviembre empezaron con la planificación y se termina en abril, anunciaron”- destacó.

También comentó que “lo que estamos viendo es que hay criterios que se establecen de Corfo en base a la conveniencia. Ocurre que en la primera etapa de planificación, si bien pueden generarse posibles consensos a partir del diálogo, hay cosas que sin haberse votado ellos lo tomaron por consensuado. Y justamente, se trata de las propuestas que ellos mismos traen y no quieren modificar. En cierto sentido hay autoritarismo en la forma de hacer una consulta”.

Lady Sandon, presidenta de la comunidad de Coyo, consultada por El Ciudadano, observa cierta parcialidad en como se está llevando la consulta indígena. “Cuando se hace una consulta tiene que ser integral. El consentimiento tiene que darse”- comentó.

De igual modo coincidió que Corfo no respetó los ciclos de las comunidades lickanantay. “Acá tenemos actividades agrícolas y ganaderas que requieren un tiempo diferente a la ciudad, por lo que el comienzo del proceso de consulto fue cuando estábamos en tiempo de siembra, porque en octubre se siembra”.

Se les exigió así enterarse de los pormenores del acuerdo, expuestos a la rápida en power point en las reuniones agendadas, mientras debían estar atento de la siembra del choclo, verduras, zapallos, alfalfa, maíz y habas, cultivos tradicionales de la zona.

“La gente como cría animales y cultiva hortalizas tenemos algo de soberanía alimentaria -recalcó Sandon- pero justo nosotros estábamos terminando el proceso de siembra y nos llegan con que tenían el decreto y son tantos días que debe estar validado”.

Por su parte, la comunera de Talabre comentó que “cuando hablan de flexibilidad, esta no se hace de acuerdo a los tiempos de los pueblos, dejen de imponernos sus fechas Cuando estábamos en la consulta le hicimos entender a Corfo que debían respetar estos tiempos, a lo que dijeron que sí, pero también acortaron los plazos de entrega de información”.

La comunera agregó que “un abogado nos asesoró en entender los documentos, pero de igual forma había que analizar muchas cláusulas de los contratos, abajo me salen términos de definiciones que tal vez no coincidan, por lo que había que leer con cuidado. Esto está hecho para personas técnicas y ellos querían que lo abordáramos de una manera más rápida, con el acelerados agitado. Muchos reclamamos eso y por el corto tiempo, terminé con dolor de cabeza”.

En su sentir, “ellos querían terminar rápido con la etapa de diálogo y chao”.

“No se está dando igualdad de condiciones, ellos presentaban una forma técnica que era una tonelada de información. Para muchos comuneros hablaban en chino mandarín”- comentó la comunera de Camar.

De igual forma la presidenta de la comunidad de Coyo nos contó que hay una contra propuesta presentada por las 27 comunidades y 21 asociaciones de 1.500 páginas, la que esperan sea considerada en el acuerdo final.

El dilema a que se enfrentan es si aceptan tal cual la propuesta de Corfo, si es rechazada de inmediato o la rechazan abriendo un espacio de diálogo para su mejora, reflexiona.

También la dirigenta destacó que la consulta habla de la Estrategia Nacional del Litio, pero no habla de lo que pasa con el potasio, el sodio o la bischofita, recursos minerales que también son extraídos actualmente por SQM desde el Salar de Atacama.

EL FUTURO DEL SALAR DE ATACAMA

El aumento de la cuota de extracción a 300 mil toneladas anuales es un punto ensombrecido en las negociaciones. Además de SQM, que explota el Salar de Atacama desde fines de la década de 1980, también extrae litio y otras sales minerales en la parte sur del acuífero la estadounidense Albemarle. Ambas utilizan el sistema de evaporación del agua contenida en la salmuera, lo que es realizado en piscinas que reciben la intensa radiación solar del desierto.

Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy publicaron en 2018 un estudio, en el que calcularon que se evapora en promedio medio millón de litros de salmuera por tonelada de carbonato de litio (1).

Como la extracción de litio está secando el Salar de Atacama

En 2019, investigadores de la School of Geographical Sciences and Urban Planning, de la Arizona State University, reportaron un importante aumento en las últimas dos décadas de las pozas de evaporación de litio en desmedro de la cobertura vegetal en el salar atacameño, lo que implica una temperatura más alta y el descenso de la humedad del suelo (2). En tanto, los resultados de una investigación publicada el año pasado, dieron cuenta de la disminución del Salar de Atacama entre 1 a 2 centímetros producto de la actividad minera en los últimos cuatro años. “Las mediciones indican que en el salar de Atacama, el bombeo de salmuera rica en litio ocurre a una tasa mayor que la de recarga de los acuíferos”- concluyó el artículo (3).

Salar de Atacama se fractura por explotación excesiva de litio

También encendió las alarmas de las comunidades la petición hecha por la minera Albemarle, en mayo de 2024, ante la institucionalidad ambiental de revisar los estudios de impacto otorgados tanto a sus operaciones como a SQM, luego de constatar un importante descenso de agua en los pozos al interior del Salar de Atacama. Los lugareños creen que se modificó la cuña salina, que es la que separa el agua dulce de la salmuera.

En la comunidad de Peine dicen asumir que el daño es casi irreversible. Ya debieron enfrentar que se secara una laguna y un bosque de algarrobos producto de la explotación de SQM del salar, así como también faenas mineras de cobre próximas hechas por Minera Escondida y Zaldívar.

Una comunera de dicha localidad, la última al sur del acuífero, comentó que “pese a que aparecemos conformes con lo logrado hasta ahora, como ya nos secaron una laguna y esto se viene más grande la mayoría piensa en cómo podemos aprovechar lo que podamos. Si es que no, no vamos a ganar nada”.

La comunera de Talabre comenta que, en el fondo, “acá todos dicen que no importa el daño que nos hagan, porque si pagan todos felices, pero eso es no tener respeto por las futuras generaciones. Están más concentradas en el presente que en el futuro. Es pura pelea de plata, mientras por ahora ya nos afecta el polvo y la contaminación a las personas, pero en el futuro se amenaza la escasez del agua”.

También despierta suspicacias que el resultado de la consulta no es vinculante el acuerdo entre Codelco y SQM. Basques comenta que “si bien el Decreto 66 que regula las consultas indígenas permite que no sea vinculante, se evaluará a través de estos procesos, y en conjunto con Corfo se establecerán resguardos sobre el control del salar, las formas de extracción y ojalá se llegue a definir una tecnología que no permita que los pueblos queden si agua”.

LA HUELLA DE SQM EN EL PROCESO

Consultadas respecto de la posición que está tomando la Corfo, las dos comuneras consultadas coincidieron cuando una de ellas dijo “SQM están moviendo las fichas y la ficha de SQM es Corfo. Tienen intereses muy similares. Se nota demasiado esa alianza tras bambalinas”.

Corfo reconoce monopolio del potasio en manos de SQM

Los presentimientos de las comuneras fueron confirmados por el vice-presidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, quien citado ante la Comisión Investigadora de la Cámara que evacuó un informe contrario al acuerdo, comentó respecto de SQM que “nosotros estamos alineados con el incentivo de ellos”.

Si bien en Corfo esperan tener pronto concluida la consulta indígena y con el broche de un consentimiento favorable, las críticas a lo rápido con que se está llevando el proceso y la asimetría de información real que llega a los comuneros dan cuenta de que la participación de las comunidades afectadas es para las autoridades un trámite más por resolver, resultando en la práctica la consulta en un juego más formal que realmente participativo e informado que respete los estándares del Convenio 169. Así, la Consulta Indígena es un escollo más a superar para dejar amarrado antes del fin de gobierno un acuerdo bastante caro de defender.

Mauricio Becerra R.
El Ciudadano

NOTAS:

(1) Victoria Flexer; Celso Fernando Baspineiro; Claudia Inés Galli. Lithium recovery from brines: A vital raw material for green energies with a potential environmental impact in its mining and processing. Nature Reviews Earth & Environment volume 4, 2023. pp. 149–165.
https://www.nature.com/articles/s43017-022-00387-5

(2) Wenjuan Liu; Datu Buyung; Soe W. Myint. Spatiotemporal patterns of lithium mining and environmental degradation in the Atacama Salt Flat, Chile. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 80, 2019, pp. 145-156.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0303243419300996

(3) F. Delgado, T. Shreve, S. Borgstrom, P. León-Ibáñez, J. Castillo and M. Poland, «A Global Assessment of SAOCOM-1 L-Band Stripmap Data for InSAR Characterization of Volcanic, Tectonic, Cryospheric, and Anthropogenic Deformation,» in IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 62, pp. 1-21, 2024.
https://ieeexplore.ieee.org/document/10586971