Trump declara la guerra a las universidades: Millonarios recortes de fondos para silenciar la voz crítica de EE.UU.

Las universidades en EE.UU. está sufriendo un ataque por parte de la administración Trump, que incluye recortes por miles de millones de dólares, investigaciones por supuestas violaciones de normas federales, retirada de visados a estudiantes internacionales y presione que amenazan la autonomía.

Trump declara la guerra a las universidades: Millonarios recortes de fondos para silenciar la voz crítica de EE.UU.

Autor: Leonardo Buitrago

Las universidades de Estados Unidos (EE.UU.) se encuentra bajo un asedio sistemático y sin precedentes por parte de la administración del presidente Donald Trump. Lo que comenzó como retórica de campaña, tachando a las universidades de “centros de adoctrinamiento» por parte de la izquierda radical”, se ha materializado en una guerra declarada que incluye millonarios recortes de fondos, trabas a investigaciones por supuestas violaciones de normas federales, retirada de visados a estudiantes internacionales y presiones ideológicas.

.Esta ofensiva, orquestada por el inquilino de la Casa Blanca y basada en planes como el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, una hoja de ruta hecha por y para conservadores, combina el poder de la chequera federal con una presión para amenazar la autonomía institucional y la libertad académica.

El arsenal desplegado por el republicano está diseñado para castigar, doblegar y reconfigurar el sector.y se ha centrado en las casas de estudio, que a su juicio, están incumpliendo las leyes y reglamentos federales y que desafíen su agenda en temas como programas de diversidad, equidad e inclusión, la participación de atletas transgénero en deportes femeninos y las protestas estudiantiles que él considera “ilegales”.

El Departamento de Educación tiene la facultad de suspender la financiación a universidades que violen las leyes de derechos civiles, pero debe seguir un proceso que incluye audiencias y notificaciones al Congreso.

Sin embargo, el gobierno del ultraderechista ha optado por una estrategia más agresiva, basada en imponer sanciones con poco margen para la negociación.

El Departamento de Educación ha abierto investigaciones a decenas de universidades. Unas 60 son investigadas por antisemitismo y docenas más por sus programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y por supuestas preferencias raciales en las admisiones.

Además, este organismo despidió casi el 50% de su fuerza laboral, alrededor de 4.100 trabajadores en su mayoría responsables de supervisar la educación superior.

La administración del republicano solicitó al Servicio de Impuestos Internos (IRS) que revocara la exención de impuestos de la universidad y ha revocado su elegibilidad para recibir estudiantes extranjeros. Además declaró inconstitucionales los programas DEI y reformó el sistema de acreditación universitaria y ordenó la privatización de los préstamos estudiantiles.

Millonarios recortes de fondos para silenciar la voz crítica de EE.UU

Desde su regreso a Washington, Trump ha cancelado más de 3.000 millones de dólares en fondos federales para investigación, un golpe devastador a proyectos científicos, médicos y tecnológicos, Universidades de la llamada Ivy League, conocidas por su excelencia académica, como Harvard, Columbia, Princeton, Pensilvania y Brown han visto suspendidos o amenazados miles de millones en financiación, siendo chantajeadas para ceder a las exigencias gubernamentales a cambio de restaurarla.

De acuerdo con un análisis de The Associated Press (AP), el financiamiento federal ha representado hasta la mitad de los ingresos totales de algunas universidades especializadas en investigación.

En el año académico 2022-2023, alrededor de universidades que actualmente están bajo investigación por políticas de diversidad, equidad e inclusión, o por no hacer lo suficiente contra el antisemitismo, recibieron más de 33 mil millones de dólares en fondos federales, por lo que la suspensión de estos recursos podría afectar el desarrollo científico y tecnológico de la nación nortamericana.

Uno de los casos más críticos es el de la Universidad Johns Hopkins, que recibió 4 mil millones de dólares en fondos federales, lo que representa el 40% de sus ingresos. La mayor parte de este dinero se destinó a investigaciones en defensa, salud mental, neurociencia e inmunología. Sin embargo, hoy día la casa de estudio está en el centro de una investigación por antisemitismo que amenaza con recortar aún más su financiamiento. En el primer trimestre de ese año, la institución anunció el despido de 2 mil 200 empleados debido a la falta de recursos.

En la misma línea, la Universidad de Pensilvania resultó afectada con la suspensión de 175 millones de dólares en fondos del Departamento de Defensa y del Departamento de Salud. Desde la Casa Blanca argumentaron medida responde a una revisión de los recursos destinados a las universidades y ha sido vinculada con la controversia sobre la participación de una nadadora transgénero en competiciones universitarias.

Estos recortes ya están teniendo efectos negativos en la educación superior, ya que algunas universidades han debido reducir la cantidad de estudiantes de posgrado aceptados, afectando el desarrollo de futuras generaciones de científicos e investigadores.

Mientras las universidades enfrentan despidos, recortes en admisiones y la cancelación de proyectos de investigación, Trump ha defendido su política de recortes y acoso, asegurando que las instituciones están cediendo a sus demandas.

«Ustedes ven lo que estamos haciendo a las universidades, y todas se están doblando», declaró el presidente. Sin embargo, expertos y defensores de la libertad académica han alertado que esta estrategia podría debilitar la capacidad de Estados Unidos para mantenerse a la vanguardia en ciencia, tecnología y educación superior.

Trump busca construir una nueva elite conservadora

Según Sebastián Royo, investigador y catedrático del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Clark, Donald Trump actúa «motivado por el deseo de castigar a sus enemigos, desmantelar la elite intelectual progresista que piensa que domina los campus y construir una nueva elite que refleje los valores culturales conservadores»

En opinión de la exrectora de Harvard, Claudine Gay, es evidente que «el gobierno estadounidense arremete contra la educación superior y las universidades».

«Se trata de destruir las instituciones del conocimiento porque son centros de pensamiento e información independientes. Nada lo justifica ni lo explica, salvo el hecho de que a los poderes autoritarios no les gustan los centros independientes de reflexión e información», indicó.

Gay fue la primera mujer afroamericana al frente de Harvard en 368 años y dimitió en enero de 2024 tras las presiones que recibió luego de unas protestas registradas en el campus de la universidad contra el genocidio en Gaza y ser acusada de supuestamente no hacer lo suficiente para combatir el antisemitismo.

Justicia anula millonarios recortes de Trump a la Universidad de Harvard

Sin embargo, la semana pasada fue noticia que el republicano tuvo un revés por parte de la justicia, ya que un tribunal federal anuló los recortes de financiación de miles de millones de dólares impuestos por su administración a la Universidad de Harvard.

En su fallo, la jueza Allison Burroughs dictaminó que el gobierno de EE.UU. violó el derecho a la libertad de expresión de la universidad de la Ivy League al revocar cerca de US$2.000 millones en becas de investigación.

«El Tribunal anula y deja sin efecto las órdenes de congelación y las cartas de rescisión por violar la Primera Enmienda», indicó la magistrada, cuyo tribunal tiene como sede la ciudad de Boston.

Además, bloqueó cualquier otra suspensión de fondos federales del gobierno a la universidad, con sede en Cambridge, Massachusetts, y le prohibió retener el pago de las subvenciones existentes.

Cuando en abril de este año, congeló el financiamiento, la administración Trump acusó a Harvard de impulsar el antisemitismo, ideologías de «izquierda radical» y prejuicios raciales.

La sentencia supone una importante victoria legal para la casa de estudios. Alan Garber, presidente de la universidad, destacó que «el fallo ratifica la Primera Enmienda y los derechos procesales de Harvard».

Planteó que ningún gobierno «debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden desarrollar».

«Seguiremos evaluando las implicaciones del dictamen, monitoreando los avances legales y estando atentos al panorama cambiante en el que buscamos cumplir nuestra misión», afirmó, citado por BBC Mundo.

No obstante, desde la Casa Blanca anunciaron que apelaría la «atroz decisión» y calificando a la jueza – nombrada por el expresidente Barack Obama- de «activista» y alguien que jamás fallaría a su favor.

«Harvard no tiene derecho constitucional al dinero de los contribuyentes y sigue sin poder optar a subvenciones en el futuro», declaró la secretaria de prensa adjunta, Liz Huston.

Según el medio citado, el gobierno del republicano habría estado negociando con Harvard un posible acuerdo para descongelar los fondos federales con la intención de que pague al menos $500 millones de dólares.

Universidades de EE.UU. al borde de colapso por caída de matrículas extranjeras

Anteriormente la jueza Burroughs había bloqueado una medida de Trump aplicada por Trump para impedir que Harvard reciba estudiantes internacionales.

De hecho, el inquilino de la Casa Blanca ha presionado a las universidades para limitar el número de alumnos extranjeros e intensificado el escrutinio de las visas estudiantiles.

Su administración ha tomado medidas para deportar a estudiantes extranjeros involucrados en el activismo propalestino y las nuevas citas para visas estuvieron suspendidas durante semanas mientras se intensificó la revisión de las cuentas de los solicitantes en redes sociales.

Además, a finales de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que propondrá una norma para implementar nuevos límites al tiempo que los estudiantes pueden quedarse en Estados Unidos.

Todas estas acciones afectan aún más los ingresos de la casas de estudio de educación superior en el país norteamericano, que ya están atravesando problemas financieros.

A juicio de Justin Gest, profesor de la Universidad George Mason, especialista en política migratoria, todo este panorama ha provocado una severa inestabilidad financiera para las universidades , ya que seún explicó los extranjeros no pueden optar a las ayudas federales y suelen abonar el precio completo de la matrícula, que es el doble o incluso el triple de la tasa estatal que pagan los locales en universidades públicas.

“En términos económicos, si un estudiante internacional paga 80.000 dólares al año en matrícula, eso le da a las universidades la flexibilidad de ofrecer tasas más bajas y más dinero en becas a los estudiantes estadounidenses”, explicó Gest a Los Ángeles Times.

Sus declaraciones son respaldadas por un análisis de Associated Press (AP) que planteó que los estudiantes extranjeros representan al menos el 20% de las matrículas en más de 100 universidades con dotaciones de menos de 250.000 dólares por estudiante.

A la par, se prevé que el número de graduados de secundaria en Estados Unidos disminuya hasta 2041, cuando habrá un 13% menos en comparación con 2024, según las proyecciones de la Comisión Interestatal Occidental para la Educación Superior.

“Eso significa que si pierdes la participación de estudiantes internacionales, la situación es aún peor”, advirtió Dick Startz, profesor de economía en la Universidad de California, Santa Bárbara al diario citado.

Señales esperanzadoras ante la guerra de Trump

La administración Trump ha creado una tormenta perfecta para la educación superior, a través de un ataque frontal, aprovechando la caída en la confianza en las universidades de Estados Unidos.

Una encuesta de Gallup reveló que un 32% tiene cierta confianza, un 32% poca o ninguna confianza y sólo un 36% mucha o bastante.

Sin embargo, lareciente victoria legal de Harvard contra los recortes y el cambio en la opinión pública —una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research (AP-NORC) muestra que el 62% de los estadounidenses, incluido un 57% de republicanos, apoya mantener la financiación a la investigación— son señales esperanzadoras. Pero la batalla está lejos de terminar.

“Lo único que cambiará las cosas es cuando el público estadounidense en general se ponga de pie y diga que lo que está sucediendo es inaceptable y que está increíblemente preocupado por ello”, afirmó Sally Kornbluth, presidenta del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).


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