Un juez federal en Quintana Roo concedió una suspensión provisional que detiene temporalmente la construcción de una casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las inmediaciones de la Laguna de Bacalar, también conocida como la Laguna de los Siete Colores. La resolución fue emitida en respuesta al amparo promovido por 23 niñas, niños y adolescentes indígenas, quienes fueron representados por sus tutores legales y acompañados jurídicamente por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
La medida judicial reconoce el riesgo ambiental y cultural que implica el proyecto militar, cuyas obras incluyen excavación, dragado y relleno en una zona federal protegida. Según el juez, la edificación representa un peligro grave e irreversible para el ecosistema, la flora y fauna local, así como para el patrimonio histórico y visual del Museo El Fuerte de San Felipe, declarado Patrimonio Histórico Nacional.
El recurso legal se presentó el 30 de abril ante el Juzgado Primero de Distrito en Chetumal, donde se impugnaron las labores constructivas realizadas por la Sedena. El juez David Pacheco Monroy requirió a las autoridades involucradas —incluyendo Semarnat— rendir un informe sobre la legalidad de sus actos. De no hacerlo, podrían enfrentar una multa superior a 11 mil pesos.
La suspensión también se extiende a otras dependencias federales y locales como PROFEPA, CONAGUA, INAH, SEMA, PPA y el Ayuntamiento de Bacalar, quienes deberán realizar inspecciones para evitar modificaciones ambientales o culturales en la zona.
“La edificación está contaminando, afectando a la comunidad, la flora y fauna, al ecosistema lagunar de Bacalar. Además perjudicará la visibilidad del Museo El Fuerte de San Felipe”, denunció Orvelín Montiel, subdirector de vinculación del IFDP.
El juez fundamentó su decisión en principios clave del derecho ambiental: el principio precautorio, el principio de no regresión y el principio in dubio pro natura. Estos criterios obligan al Estado mexicano a prevenir cualquier daño ambiental, incluso ante incertidumbre científica.
El amparo también denuncia la violación de derechos fundamentales de la infancia, como el acceso al agua, la salud, un medio ambiente sano y la participación en decisiones ambientales, en concordancia con la Constitución mexicana y el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que México ha suscrito.
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La audiencia incidental está programada para el 21 de mayo de 2025, fecha en que el juzgado decidirá si mantiene la suspensión de manera definitiva. Posteriormente, se fijará la audiencia constitucional.
Fotografía: Redes
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