La imputación de estos tres militares se enmarca en la investigación de la JEP sobre más de 6,400 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia entre 2002 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe. Este nuevo paso busca romper la impunidad en un fenómeno sistemático donde jóvenes de bajos recursos fueron presentados falsamente como bajas en combate para inflar resultados militares.