La "Operación Imperio" desarticuló una red criminal que defraudó más de 3 mil millones millones mediante estafas y lavado de activos, cuya investigación reveló una grave infiltración en el Estado, con la formalización de un funcionario del Poder judicial como asesor de la banda y la de dos funcionarios de la PDI, incluyendo a un subcomisario, acusados de filtrar información clave a los líderes del clan delictivo.