El montaje anti okupas del gobierno ciudadano

Horas previas a la elección la policía de Bachelet se lanzó nuevamente contra los centros sociales autogestionados, allanando 8 casas y deteniendo a 13 personas. Al final de la jornada del sábado aprendimos que ahora las bicicletas, revistas fotocopiadas y pilas son pruebas para acusarnos de fabricar bombas.

En una insólita muestra de la democracia que nos rige, en horas previas a las elecciones presidenciales fueron allanadas casas okupa y particulares, dando cuenta del pavor que tienen las autoridades a los espacios más visibles de disidencia a la representatividad delegada.

Pretextando la investigación por las bombas de ruido que han estallado en Santiago desde el 2004, agentes de la PDI y carabineros allanaron en la madrugada del sábado la biblioteca y centro social Sacco y Vanzetti. A medida que avanzaba la jornada se allanaron otras casas okupa, como la ubicada en Santa Isabel 380; el centro social La Idea, ubicado en Rafael Sotomayor 449; y una tercera casona ubicada en Los Carolinos 554, comuna de El Bosque.

Al final de la jornada las policías chilenas habían allanado 8 casas, retenido a 50 personas y detenido a 13 de ellas. Según carabineros, 4 de ellos estarían involucrados con las bombas de ruido.

Claro que al momento de exhibir la evidencia que relaciona las casas okupa con las bombas se dice que se hallaron pilas, extintores o bicicletas (¿????), cosas hallables en cualquier casa. También los periodistas al momento de explicar los allanamientos decían que se halló literatura anarquista.

El hecho da cuenta de la frágil densidad crítica de la prensa chilena si es que no obedece a un dispositivo de representación y estigmatización de determinados actores sociales. Vaya uno a saber. Lo cierto es que no es necesario ser periodista para preguntarse si un par de pilas, una bicicleta o un fanzzine permiten criminalizar a alguien públicamente.

Además de la ausencia de densidad crítica, se observa una dependencia bastarda de fuentes oficiales. El coronel Miguel Angel Castro, prefecto de la zona Central de Carabineros  dijo que las pilas y un extintor son “elementos y especies que eran necesarios para la elaboración de estos artefactos explosivos” y los periodistas de los principales medios reproducen la información sin cuestionamiento alguno.

Además se echa de menos una ecuación básica del reporteo: contraste de fuentes. No hay espacio para ello en la televisión chilena.

Este sábado El Mercurio lleva en portada la detención de uno de los jóvenes; el Canal 13, por su parte, mostraba imágenes de los allanamientos sin poner en cuestión las cosas mostradas como evidencia.

Mientras el periodista de Canal 13, Rodrigo Barrera, relaciona las bombas de ruido que han estallado en Santiago en los últimos años con los okupas, la imagen de relleno muestra una camioneta de la PDI cargada con bicicletas sacadas del centro social Sacco y Vanzetti.

“En este lugar la policía encontró algunos elementos sospechosos, por ejemplo: algunas pillas, un extintor, elementos que por si solo probablemente no significan nada, pero según los especialistas, son utilizados para confeccionar los artefactos explosivos”- dijo el periodista de Canal 13.

Barrera dice luego que las bicicletas son supuestamente usadas por los okupas para poner las bombas. De ser así cualquier allanamiento debería considerar como pruebas todo tipo de zapatos, zapatillas o triciclos.

PRUEBAS PARA UN MONTAJE

Al igual cuando en la mañana del 29 de marzo del 2008, cuando la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) había llamado a una jornada de protesta nacional, los televisores nos desayunaron con la incautación en la Usach de machetes de utilería y bidones con “peligrosas sustancias explosivas”, que no eran sino deshechos de la Escuela de Química y Farmacia de dicha universidad.

Si bien el bochorno fue grande para el subsecretario del Interior de la época, Felipe Harboe, la noticia difundida en horas de la mañana apuntó a criminalizar la protesta social y producir un enemigo social que asolaría la ciudad ese día.

La estrategia de Harboe se repite. No en vano el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, dijo irónicamente que “gracias a Dios” los fiscales dieron la orden de allanamiento.

Nada inocente de su parte. Lo cierto es que en vísperas de las elecciones tenemos como  efecto de una operación armada desde La Moneda y amplificada por los medios masivos, la criminalización del movimiento okupa y libertario, tan diverso como irreductible, al establecer la relación entre sus espacios de encuentro y las bombas de ruido que han asolado la ciudad neoliberal en los últimos años.

El principal efecto termina siendo el imaginario creado a la población: Ahora para los votantes, en su mayoría mayores de edad y adictos televisivos, tienen un verdugo en los okupas, quienes acechan las jornadas electorales fabricando supuestas bombas. No habrá joven vestido de negro o con un parche anarco que se salve.

La acción sólo terminó por dar cuenta de lo burdo de quienes les gusta dedicarse a ser ‘autoridades’ en Chile a la hora de actuar para eliminar disensos. Si bien, dentro de las variadas tendencias anarco libertarias hay quienes legitiman el uso de la violencia, en su gran mayoría los okupas han surgido como espacios de encuentro libres de los fondos del Estado y de la subvención privada y son usados por muchos jóvenes asolados por la ciudad neoliberal que ha puesto precio hasta por estacionar una bicicleta.

Hay un miedo allí y no es a bombas (las que desde el 2004 no han dejado víctima alguna). Es el miedo de los burócratas al joven disenso que no acepta sus elecciones como única forma de ejercicio político, sino que deciden vivir de acuerdo a sus convicciones. ¿Qué delito hay en ello?

El Ciudadano