Espionaje ilegal contra mapuches, periodistas y asambleístas que rechazan la megaminería

Organizaciones sociales e indígenas denunciaron que el Poder Judicial de Chubut guarda informes de inteligencia sobre activistas de Esquel que se oponen a la instalación de minas

Organizaciones sociales e indígenas denunciaron que el Poder Judicial de Chubut guarda informes de inteligencia sobre activistas de Esquel que se oponen a la instalación de minas. Según los fiscales, el espionaje fue realizado por un organismo nacional. “Delito federal que atenta contra el estado democrático y remiten a las épocas más oscuras de nuestro país”.

noalaminaesquel

“Gran activista. Opositor al Gobierno.” “Alto perfil de izquierda.” “Profesora de música, baja línea del no a la mina.” “Periodista de radio Kalewche. Vocera de Asamblea.” Son algunas de las “fichas” de espionaje ilegal que están en el Poder Judicial de Chubut. Las víctimas son periodistas, docentes, referentes mapuches, empleados estatales y activistas sociales. Todos tienen un punto en común: el rechazo al extractivismo. “La investigación persecutoria y el espionaje ilegal son delitos federales que atentan contra el estado democrático y remiten a las épocas más oscuras de nuestro país”, denunció la Asamblea de Vecinos por el No a la Mina. Según el Ministerio Público Fiscal de Chubut, las tareas de espionaje fueron protagonizadas por “un organismo nacional”, pero se negaron a precisar cuál. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) repudió los hechos.

El 28 de agosto se desarrollaba una audiencia en los tribunales de Esquel. La multinacional Benetton (titular de la Compañía de Tierras del Sud Argentino) se transformaba formalmente en denunciante del Lof Mapuche en Resistencia del Departamento Cushamen, que desde marzo pasado decidió volver a su territorio originario, paraje Leleque, donde hoy se erige una de las estancias de la compañía.

El defensor público (abogado que interviene en favor de los mapuches), Fernando Radziwilowski, exhibió ante el juez Martín Zacchino parte de la prueba que la Fiscalía (los acusadores) tiene en su poder. Aparecen nombres, apodos, apellidos, DNI y fotos de vecinos de Esquel. Y “perfiles” ideológicos. “Es preocupante que estas cosas sucedan en el marco de un estado de derecho”, remarcó el defensor oficial.

Se puede leer: “Empleado público. Autor ideológico de muchas de las acciones del No a la Mina. En los eventos siempre se queda detrás observando y rara vez hace declaraciones”. Otra ficha señala: “Periodista de Radio Kalewche. Docente. No a la mina”. Se conocieron 22 fichas, pero el Poder Judicial reconoció que son 34.


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