jueves, enero 23, 2020

Estudiantes de la Universidad Central frenaron a Inversiones Norte Sur


Otro pequeño triunfo logró el movimiento universitario. Luego de cinco meses movilizados, la Asamblea General de Socios de la Universidad Central retiró la reforma estatutaria que permitía el ingreso de Inversiones Norte Sur, ligada a la Democracia Cristiana, a dicha casa de estudios. Los estudiantes exigen ahora la renuncia del rector interino, Ignacio Larraechea.

Los estudiantes de la Universidad Central propinaron un nuevo triunfo para el movimiento estudiantil luego del retiro por parte de los socios de dicha casa de estudios de la reforma estatutaria que se tramitaba en el Ministerio de Educación para el ingreso de Inversiones Norte Sur.

La decisión de la asamblea detiene la venta del 50% de las acciones de la casa de estudios y el 45% de sus inmuebles a la Sociedad de Inversiones Norte Sur, grupo económico ligado a la Democracia Cristiana.

A juicio de los estudiantes se trata de “un  golpe también para el Gobierno, porque demuestra que podemos conseguir reivindicaciones que nos corresponden respecto de nuestro derecho a educarnos” -según un comunicado del Consejo de Presidentes de la Universidad.

Mauricio Carrasco, presidente del Consejo de Presidentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central (Feucen) y la vocera Daniela López, sostuvieron que lograron detener el lucro y mantener la condición de su casa de estudios como un espacio democrático y sin fines de lucro.

Las movilizaciones en la Universidad Central se prolongaron por más de cinco meses, fueron sumariados 120 estudiantes y unos 200 resultaron detenidos.

Tanto el Consejo de Presidentes, como la Federación de Estudiantes de la Universidad destacaron el logro de “un triunfo histórico en contra del negociado empresarial que se ha asentado en la educación superior privada en nuestro país”.

LOS CAMARADAS DE LA DC

El ingreso de Norte Sur como socio estratégico de la Universidad Central la convertía en una sociedad de inversiones que se configuraba con 19 sociedades anónimas, un fondo de inversión privado y seis sociedades por acciones, transformando a sus docentes en accionistas de una universidad empresa.

Inversiones Norte Sur está ligada a la Democracia Cristiana y tiene como presidente a Vicente Caruz, quien fuera gerente del Banco del Desarrollo; al ex presidente de Celulosa Arauco y ministro de Vivienda y Urbanismo del gobierno de Aylwin, Alberto Etchegaray; y a Sergio Molina, presidente del Banco Central y ministro de Hacienda, Educación y Planificación en los gobiernos concertacionistas.

El gerente general de la sociedad es Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo, quien de empresario salmonero y presidente SalmonChile pasó a ser subsecretario de Pesca en el gobierno de Ricardo Lagos.

El grupo económico a su llegada destituyó a un rector, Luis Lucero; varios decanos y otros 210 docentes de la universidad fundada en 1982.

El año 2001 la Universidad Central acordó un estatuto que indicaba que no tendría dueños, sino que sería conducida por una junta directiva de seis miembros, nombrada por la asamblea general de académicos.

Pero Inversiones Norte Sur nombró a Ignacio Larraechea, pariente cercano de la esposa del ex candidato presidencial, Eduardo Frez Ruiz Tagle, como rector suplente.

En el plan de la sociedad de inversiones ligada a la DC se contemplaba tener como  Decano de la Facultad de Salud a Ricardo Fábregas, ex candidato a diputado demócrata cristiano por Maipú y Cerrillos y a Sebastián Bowen, coordinador de la derrotada campaña de Frei a la presidencia, como encargado de Responsabilidad Social.

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ESPIONAJE Y MATONERÍA

El mismo día de saberse la noticia, la Confederación de Estudiantes de Chile, Confech, denunciaba los sumarios masivos, espionajes de parte de sus autoridades y una investigación llevada por la PDI, pedida por el rector, Ignacio Larraechea.

En la oportunidad un comunicado de la Confech decía que “estamos en absoluto desacuerdo con las prácticas poco democráticas y  matonescas que han desplegados las autoridades de la Universidad Central en contra de sus estudiantes y en especial a sus dirigentes al denunciar la compraventa de  su casa de estudios”.

En el mes de junio los dirigentes Carrasco, López y Aldo Flores (Ex Vicepresidente de la Feucen) denunciaron en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que los guardias utilizan las cámaras de vigilancia dispuestas en los edificios de la universidad para registrar las actividades de los dirigentes estudiantiles, las organizaciones estudiantiles e, incluso, los vigilantes recurrieron a un lápiz cámara con que se grabaron conversaciones con los estudiantes. Otro lápiz con cámara fue utilizado por un decano.

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Los sumarios, según el comunicado de la Confech, fueron porque los estudiantes ejercieron “su derecho a  manifestarse en contra de un negocio en la educación, que es el derecho a la libre expresión garantizado en nuestra Constitución Política de la República, y que se aleja a toda política democrática, pluralista y educacional de toda casa de estudios”.

También la PDI notificó a tres estudiantes de la universidad por 100 millones de pesos en daños, supuestamente ocurridos durante las tomas y las autoridades del plantel autorizaron la entrada de carabineros para desalojar a los estudiantes en nueve ocasiones.

SATISFACCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES

Una declaración de la Federación de Estudiantes de la U. Central señala que “los estudiantes de las universidades privadas de Chile somos los más vulnerables, las víctimas más representativas del negociado que existe en la educación chilena. Tenemos que pagar los créditos con tasas de intereses más altas y recibimos peor calidad de nuestra enseñanza”.

El documento de la Confech junto con solidarizar con sus compañeros de la  Universidad Central, concluye dándoles su respaldo y rechazando “las prácticas mafiosas y dictatoriales que llevan a cabo sus autoridades y en especial su Rector, en contra de sus dirigentes al luchar por denunciar y oponerse al negociado que quieren concretar en su universidad que refleja las prácticas privatizadoras que lleva a cabo el Gobierno y de las que ha sido víctima la educación en nuestro país”.

Para los estudiantes Larraechea fue electo de manera ficticia y en contra de los estatutos vigentes, por lo que piden su desvinculación inmediata. “El cargo de interinato no existe en nuestros estatutos vigentes. Este cargo ficticio ha significado para la comunidad estudiantil la imposición de un Rector elegido dedocráticamente que violenta con su actuar los derechos de los estudiantes” -acusan los alumnos.

Por Mauricio Becerra R.
@kalidoscop

El Ciudadano

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