Gendarmes mantienen movilización

Pese a la amenaza del Gobierno de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, los funcionarios de Gendarmería se mantienen movilizados en todo el país demandando que el reajuste salarial sea igual al resto de las fuerzas armadas y mejores condiciones laborales.

A una tensa situación está llegando el paro nacional de Gendarmería que partió este lunes, luego de que el Gobierno decidiera amenazar con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y enviar a carabineros a desempeñar las funciones de custodia de los reos, anuncio que fue rápidamente rechazado por los funcionarios movilizados.

Los gendarmes piden reajustes salariales, ampliación del personal de planta y mejoras en la infraestructura. Además piden una ley que otorgue un reajuste extraordinario similar al de las policías (12,3%) y la eliminación del cargo de vigilante, denominado ‘grado 26’.

La adhesión desde el lunes es del 100%, según los funcionarios de Gendarmería. Uno de sus dirigentes, Pedro Hernández, sostuvo que “no tenemos personal, no tenemos infraestructura y además no tenemos los elementos de seguridad que nos permitan contener motines, grescas y otros”. En Gendarmería trabajan unos 10 mil uniformados y 3 mil civiles.

Juan Marichal, secretario general de la Asociación Nacional de Suboficiales, dijo que la nula acogida del ejecutivo a sus demandas “nos obliga a tener que radicalizar el movimiento”.

La movilización mantiene en suspenso diversos procedimientos de los centros de justicia, el traslado de reos y en las comisarías a un sinnúmero de personas que desde el lunes debieran estar en las cárceles o bajo tuición del poder judicial.

El lunes el sindicato de gendarmes cedió 17 funcionarios para que se realizaran las  audiencias del Centro de Justicia en Santiago. Respecto de ello, Marichal dijo que “nosotros flexibilizamos (nuestra postura), permitimos que en el fondo gendarmes cooperasen en el Centro de Justicia, pero hoy día ya lamentablemente este tipo de concesiones no se van a poder realizar”.

AMENAZA DEL GOBIERNO

Por su parte, este martes el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, amenazó con que el Ejecutivo presentará un requerimiento judicial para aplicar la Ley de Seguridad del Estado. “Yo el día sábado le pedí a los gendarmes que recapacitaran y que volvieran al trabajo. Hoy, es un día distinto. Vamos a presentar un requerimiento por Ley de Seguridad Interior del Estado en el curso del día, porque la situación ha sobrepasado los límites tolerables para el Gobierno y la ciudadanía”- sostuvo Rosende.

Rosende agregó que “la función de los gendarmes es una función pública, que debe cumplirse las 24 horas al día, ellos saben cuáles son los principios y cuáles son las normas que rigen a la institución. La tolerancia y el respeto se acabó”.

La aplicación de dicha ley, una vez visada por el Poder Judicial, significaría intervenir en los recintos penales y poder determinar quiénes participan del acuartelamiento.

En la tarde del martes el gobieno presentó formalmente la querella.

Pero la amenaza lo que menos hizo fue amilanar a los gendarmes, quienes luego del anuncio de Rosende, decidieron acuartelarse en todos 165 recintos penales del país.

“Hoy día nos acuartelaremos todos y no entregaremos ningún centímetro de lo que nos corresponde en las unidades penales para que ingrese Carabineros (…) en cada unidad donde aparezca un funcionario de carabineros se formará un motín porque la población penal jamás va a aceptar a un policía dentro de la cárcel”- dijo Hernández.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Cristian Alveal calificó la decisión como “lamentable. Estábamos buscando dignificar la calidad de vida de los penados y mejorar las condiciones laborales del personal. Hay un sentimiento de la totalidad de los funcionarios para mantener la movilización y  si aquí hay una medida de ese tipo, es que creo que no hemos logrado en nada sensibilizar de que la problemática penitenciaria es algo que le corresponde al Estado”.

PARO ANUNCIADO

Hace semanas que los gendarmes venían anunciando su movilización. Incluso llegaron a realizar marchas vestidos con sus uniformes, una de las cuales terminó frente al palacio de gobierno, provocando resquemor por ver a los policías de las prisiones en los maquilladores del régimen ciudadano de Bachelet.

A fines de marzo realizaron la ‘Marcha por la dignidad’, efectuada desde el frontis de la ex Penitenciaría hasta el palacio de gobierno convocó a más de un centenar de efectivos que trabajan en prisiones.

La protesta fue convocada por la Asociación Nacional de suboficiales de Gendarmería (Ansog), la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) y la Asociación de Directivos, Profesional, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile (Adiptgen)

El paro de esta semana se inició el lunes y cobró inusitada fuerza en regiones. Así ocurrió en el penal El Manzano de Concepción; la cárcel Llancahue de Valdivia y en Osorno. En todos esos penales los ingresos están clausurados con cadenas

APOYO DE LA ANEF

La movilización de Gendarmería despertó el apoyo de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), cuya primera vicepresidenta, Nury Benítez, anunció hoy que sus más de 150 asociaciones vinculadas podrían ir a paro nacional si el conflicto entre los funcionarios penitenciarios y el Gobierno no se soluciona antes del próximo lunes.

“Estamos en condiciones de llamar a paro nacional si el lunes no hay una solución a nuestros compañeros de Gendarmería”- sostuvo Benítez luego de una asamblea de la agrupación.

La Anef se declaró así en estado de ‘alerta permanente’ y exigió al Gobierno el retiro de la querella que recurre a la Ley de Seguridad del Estado para detener el movimiento de los funcionarios penitenciarios.

En tanto el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, se mostró dispuesto a mediar entre el Gobierno y los funcionarios de Gendarmería para poner término a la  movilización..

Además diversas colectividades pol´ticias han hecho llegar su apoyo al movimiento de Gendarmería. Entre ellos, el presidente del MAS, Felipe Hazbún, sostuvo que “es inmoral la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado a los Gendarmes”.

Hazbún agregó que “el gobierno no puede apagar el fuego con bencina, menos con funcionarios que dependen del Estado. Gendarmería siempre ha sido el hermano pobre del proceso de Justicia, con menos personal y peores condiciones de trabajo, lo que también se ve refleja en las condiciones carcelarias que viven los presos. Es necesario más personal  para solucionar la crisis penitenciaria, esta Ley de Planta no es una medida que ayudará a evitar conflictos como los vividos recientemente en Colina II. Claro, después la gente reclama contra los gendarmes como responsables, pero como van a ofrecer un buen cuidado si existen 10 funcionarios para cuidar dos mil presos”.

El directivo del Movimiento Amplio Social reiteró su apoyo a las movilizaciones que están llevando los funcionarios de Gendarmería, “por condiciones justas de trabajo, por una ampliación necesaria de funcionarios, y porque en el fondo de la discusión nos podemos dar cuenta que la solución no está en la nueva ley. El gobierno ha optado por externalizar servicios carcelarios, concesionando penitenciarías por las que paga una gran cantidad de dinero, mientras Gendarmería tiene que rascarse con sus propias uñas. Determinemos responsabilidades, pero tengamos claro de dónde nacen los problemas”.

El Ciudadano