Gobierno vuelve a retirar el carácter de urgencia a Ley Monsanto y organizaciones ambientales hablan de lobby político

Luego de urgencias y aplazamientos de dudosa justificación, la tramitada Ley que adhiere a Chile al Convenio internacional UPOV 91, conocida como Ley Monsanto, vuelve a ser derogada después de haber tenido el tercer puesto en la tabla de votación de la Cámara Alta. Sólo hasta allí llegó, luego de que el gobierno volviera a sacarle el carácter de urgente.  La acción no sorprende a quienes se oponen al proyecto, dado que desde hace tiempo denuncian un acomode político para lograr sacar adelante esta legislación que amenaza la agricultura campesina familiar. Diversas organizaciones ambientales y ciudadanas habían viajado hasta el Congreso para demostrar su rechazo y fiscalización de la promesa de 22 senadores que públicamente garantizaron votar en contra.

Lucía Sepúlveda, organizadora de la campaña  nacional Yo No Quiero Transgénicos en Chile, describe como un tiempo de lobby lo sucedido tanto en el Congreso como en el Gobierno, entre urgencias y aplazamientos de la discusión del proyecto apodado Ley Monsanto. Un hecho repudiado que hoy pudo haber terminado con la controvertida ley ratificadora del Convenio UPOV 91 que, dicho sea de paso, nunca fue sometida a consulta de los Pueblos Indígenas como lo exige el Convenio 169 y como así lo recomendó el Tribunal Constitucional. “El panorama es dudoso, ha sido como un jugar con los ciudadanos y organizaciones poniendo y sacando urgencias en las tramitaciones según cómo les conviene. Primero fue previo a las elecciones, donde todos nos levantamos y presionamos hasta conseguir que 22 senadores aseguraran su voto en contra de la medida, luego, el gobierno retira la urgencia para ponerla en tiempos que creyó que la gente se dispersaría y los ánimos serían otros, y finalmente ahora que la vuelve a quitar al ver que no fue así y que aquí estábamos para presionar el rechazo”.

Si bien es verdad que el tema del convenio no ha sido de los preferidos por el Gobierno en sus anuncios, y más bien se ha convertido en un intento de gol a las organizaciones ambientales y la ciudadanía que no bajan la guardia, Lucía declara, “pese a que pensaran de que podrían sacar la Ley sin la presión ciudadana, hemos tenido manifestaciones todos los días y llegamos hasta acá a fiscalizar a los mismo senadores que dieron su palabra”. La iniciativa consiguió que 22 legisladores (de un total de 38) se comprometieran de manera pública a votar en contra del proyecto. El nombre de quienes dieron su palabra son: Ximena Rincón, Juan Pablo Letelier, José Antonio Gómez, Fulvio Rossi, Jaime Quintana, Mariano Ruiz Esquide, Isabel Allende, Jorge Pizarro, Soledad Alvear, Camilo Escalona, Patricio Walker, Guido Girardi, Alejandro Navarro, Ricardo Lagos W, Hosain Sabag, Eduardo Frei, Eugenio Tuma, Antonio Horvath, Carlos Cantero, Carlos Bianchi, Pedro Muñoz y Francisco Chahuan.

El vaivén del gobierno ha sido tal, que para la activista no era una sorpresa que éste a última hora hiciera una jugada que quitara nuevamente la urgencia del proyecto y sacara el tema de la tabla.

Los oscuros intereses de aprobar la Ley Monsanto

La Ley de Derechos de Obtentores Vegetales, más conocida como Ley Monsanto, no ha sido más que el intento de meter un gol de oro desde las empresas con buenos brazos políticos como lo es Monsanto y su presión en el mercado, y las familias Mayol y Von Baer con sus conflictos de interés en el gobierno.

Si bien el ministro de agricultura, Luis Mayol, poseedor de un 2,5%  de la empresa Copeval, socia de la Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS), no le correspondía votación en el Senado y a la senadora Ena von Baer, con conflictos con la empresa productora de semillas von Baer, no le quedó otra que abstenerse ante la presión de los detractores de la legislación, ambos políticos han calificado dentro del impulso de esta ley que amplía el poder de las (sus) empresas por sobre los medianos y pequeños agricultores. Un poder referido a las mayores garantías y privilegios hacia las transnacionales productoras de semillas alteradas como Monsanto, y socios de ANPROS.

Conflictos de intereses vergonzosos, aún cuando el actual ministro de agricultura se intentó excusar diciendo que dicha empresa (Copeval) no se dedicaba a la venta de semillas, el mismo sitio web de la compañía lo pone en evidencia, “Ofrecemos a nuestros clientes semillas con la mejor genética del mundo bajo el respaldo de reconocidos proveedores nacionales e internacionales que le proveerán el principal insumo para lograr cultivos de excelencia con un alto potencial de rendimiento”.

¿Qué es el Convenio UPOV 91 y por qué preocupa tanto?

Chile desde el año 1996 se rige dentro de los convenios de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización intergubernamental propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas. Las industrias miembro corresponden a Monsanto – con el 90% del mercado de la semilla transgénica- Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer, todas en sus inicios dedicadas a la producción de híbridos y ahora en su mayoría extendidas en el comercio de los transgénicos.

Actualmente Chile adhiere al segundo convenio surgido del UPOV, el 78, y por ende se habla de una cuenta pendiente ante la modificación del año 1991, UPOV 91, al que se integraría de ser aprobada la ahora aplazada Ley Monsanto. Sin embargo esto no es más que un decir ya que no existe presión alguna que obligue a Chile a incluirse en este Convenio, siendo es más su propia ciudadanía por medio de organizaciones ambientales y campañas nacionales la que le ha hecho el llamado a que no lo haga.

Pero, ¿por qué tantos detractores? María Isabel Manzur, Bióloga  de la Fundación Sociedades Sustentables, así lo explica: “El Convenio lo que hace es restringir excesivamente el derecho de los agricultores sobre las semillas protegidas, impidiendo tanto su uso en una próxima temporada, como en la comercialización y la multiplicación”. Al mismo tiempo agrega que este proyecto tampoco reconoce el derecho de los agricultores, campesinos y pueblos indígenas a recibir compensación por ser el aporte del material que dio origen a la innovación -establecido por la Convención de la Diversidad Biológica, suscrita por Chile en 1995-. Por lo que la iniciativa permitiría la apropiación de las variedades nacionales y amenazaría la conservación de las semillas locales que se están perdiendo por desuso.

Ahora, si bien sus defensores se han desarmado en palabras para graficar que la ley no habla nada respecto al uso de transgénicos, para la bióloga el hecho es claro, esto “fomenta la expansión de los transgénicos y la contaminación genética, pues otorga demasiados beneficios y poder a las empresas semilleras para perseguir judicialmente a los agricultores, destruir sus cosechas y confiscar sus productos”. Es que en ninguna parte se verá la palabra “transgénicos”, pero todos saben que las empresas que se verán beneficiadas por esta ley son mayoritariamente productoras y exportadoras de alimentos alterados genéticamente.

Ante este panorama, la organizadora de la campaña  nacional Yo No Quiero Transgénicos en Chile explica, “lo que están haciendo es asegurarse de que si el día de mañana se extiende la autorización para cultivos internos de transgénicos (que hoy sólo son de exportación) puedan tener la garantía de que no se les demande y por el contrario existan aprehensiones de contratos que hagan depender de una gran empresa como Monsanto”.

Lucía cuenta que las consecuencias caerán en la propia alimentación de los chilenos dado que nos abastecemos de manera importante de la fruta y verdura producida por la agricultura familiar campesina. “Esto es un atentado al campesinado chileno y un favorecimiento a las grandes exportadoras. El perjuicio es contra  el mercado local, es decir las ferias libres a las que estamos acostumbrados”, sentencia Sepúlveda.

Lo preocupante es que para muchas organizaciones el asunto no sólo queda en la agricultura, sino en diversos alcances como Medioambiente, Salud y Derechos Humanos, por lo que el proyecto debió haberse discutido en cada una de las respectivas comisiones.

Finalmente, Lucía Sepúlveda es clara al develar que desde el año 2009, en que se ingresó este proyecto, hasta ahora, las cosas han tomado el ritmo y tiempo que las empresas han necesitado para el lobby de sus intereses. Es más, la dirigente de la campaña detractora acusa de un lavado de imagen, “las cosas se están presentando como si los obtentores hoy día no estuvieran ganando nada con el actual convenio, y eso es totalmente falso. Desde el año ‘96 que ellos controlan el mercado alimentario por medio de los valores inflados de estas semillas registradas que ni siquiera se ha comprobado si su alteración genética es o no útil, sólo basta con que ellos digan que es diferente.”

Por María Jesús Ibáñez Canelo

El Ciudadano