miércoles, abril 8, 2020

Intendencia Metropolitana invoca Ley de Seguridad del Estado contra manifestantes del Transantiago

Metro taco

Intendencia Metropolitana acude a la desfasada Ley de Seguridad del Estado para denunciar lo ocurrido durante la mañana de este viernes en el metro de Santiago. Las autoridades piden aplicar esta ley a las 12 personas detenidas por bajar a las vías del Metro y caminar entre las estaciones de Los Héroes y La Moneda deteniendo en hora punta el tránsito de los trenes.

Esta forma de protesta, nos explicó el dirigente sindical Manuel Aguilar, fue una medida extrema pero necesaria «pues hay que dar a conocer el conflicto, hay que mostrarlo«.

Según la Ley de Seguridad del Estado, el delito que se le imputa a los 12 trabajadores en huelga tiene penas de entre 3 y 10 años.

Ramón Abarzua, miembro del sindicato Aluchar Lautaro, participó esta mañana en la movilización que se llevó a cabo en el Metro de Santiago: «Fue una estrategia para que la prensa pudiera acercarse a nosotros y a nuestras peticiones porque la empresa no quiere dar nada«. El dirigente sindical explica que los abogados de los detenidos luchan para evitar que a los trabajadores se les aplique la Ley de Seguridad del Estado.

El Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, explicó: «Como Gobierno respetamos el derecho de los trabajadores que luchan por mejoras en sus derechos o condiciones laborales. Sin embargo nos parece que no es aceptable que esos mismos trabajadores afecten el bien común y la seguridad del resto de la población para llevar a cabo sus demandas«, según declaraciones publicadas por Biobio.

La ley de Seguridad de Estado tipifica delitos contra la soberanía nacional y la seguridad exterior del Estado, contra la seguridad interior del Estado, contra el orden público y contra la normalidad de las actividades nacionales. Fue promulgada por el presidente Carlos Ibáñez del Campo en 1958 y permite a los tribunales de justicia acelerar los procesos judiciales y dictar sentencia con mucha más rapidez. Las personas que sean condenadas por esta ley, como podría ser el caso de los doce huelguistas, quedarán inhabilitadas para ejercer cargos y oficios públicos, según las normas que establece el Código Penal.

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Durante el régimen dictatorial de Augusto Pinochet, la Ley de Seguridad del Estado fue objeto de reformas destinadas a ampliar las conductas punibles y a aumentar las penas, especialmente para los delitos que «atenten» contra el orden público.

En su Título IV, el Artículo 11 dicta: «Toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos, o de utilidad pública, o en las actividades de la producción, del transporte o del comercio producidos sin sujeción a las leyes y que produzcan alteraciones del orden público o perturbaciones en los servicios de utilidad pública o de funcionamiento legal obligatorio o daño a cualquiera de las industrias vitales, constituye delito y será castigado con presidio o relegación menores en sus grados mínimo a medio«.

Dirigentes sindicales, empresa y Gobierno se reunirán este viernes por la tarde para tratar de llegar a un acuerdo que beneficie a los trabajadores y que ponga fin a esta huelga legal y legítima que comenzó el pasado martes y que ha generado importantes molestias tanto a los usuarios del transporte público como a los propios huelguistas.

Más información:

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