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Las señales que dejó el Paro Nacional en Chile

 

El Paro Nacional del miércoles recién pasado y la puesta en movimiento de estudiantes y trabajadores, alrededor de 100.000 sólo en Santiago, nuevamente ponen en jaque al gobierno Piñera y a las alianzas electorales, esta vez faltando cuatro días para la realización de las primarias y cinco meses para las elecciones generales.

Inicialmente convocado por la Confederación de Estudiantes de Chile (COONFECH), Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile (ACES), Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), el Sindicato Interempresas de la Gran Minería y Ramas (SITECO) y la  Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), finalmente se realiza también con la adhesión de la Confederación de Trabajadores Portuarios (CTP), Central Única de Trabajadores (CUT) y la Asociación Nacional de Maestros.

El planteamiento central de los estudiantes es “una educación gratuita y de calidad para todos”. Y, en el caso de los trabajadores organizados en la CTC, sus demandas principales son “pensiones dignas, nueva política nacional minera de renacionalización, terminar con los abusos y maltrato laboral, fiscalización eficaz de la legislación laboral y previsional, y poner fin a los accidentes de trabajo”.

En el mismo espacio y tiempo, en varias regiones del sur, organizaciones sociales y comunidades del pueblo mapuche persisten en conseguir la libertad de sus dirigentes encarcelados, la recuperación de sus tierras y territorios, al igual que el ejercicio pleno de su derecho a la libre autodeterminación y autogobierno. Y, en regiones del norte, organizaciones sociales aymaras exigen al gobierno y estado el cuidado de los habitantes y la preservación de los ecosistemas que habitan.

Inclusive, aunque de modo todavía dispar, entre las propuestas y demandas de los movilizados durante el paro, también tienen cabida planteamientos conducentes a la realización de una Asamblea Constituyente, para facilitar cambios estructurales de largo plazo y reemplazar la constitución pinochetista de 1980. En ese sentido, antes del paro mismo, la propuesta de una “huelga electoral”, abstenerse de participar en las próximas elecciones generales y así hacer evidente la pérdida de legitimidad del sistema político, es convergente con el planteamiento de adicionar un ánfora y una papeleta de votación en las próximas  elecciones generales, en este caso para consultar a la ciudadanía la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

 Es decir, después de veinte años de gobiernos de “la Concertación” (1990-2010), y algo más de tres años de gobierno de “la alianza por el cambio” (2010-2013); una de las cuestiones centrales que develan los conflictos y movimientos sociales en curso, es la pérdida de legitimidad de un sistema de representación y ejercicio de gobierno, en el que los representantes por lo general deciden y actúan en ausencia de los representados y a contrasentido de sus propuestas y demandas.

Según ADIMARK, en mayo pasado, la “alianza por el cambio” y “la concertación” sólo obtienen un 29% y 23% de aprobación, respectivamente. En el Congreso, la Cámara de Senadores consigue un 21% de aprobación y 68% de desaprobación, y la Cámara de Diputados obtiene un 16% de aprobación y 74% de desaprobación. Y, en el mismo mes, la administración Piñera consigue un 40% de aprobación y 50% de desaprobación.

En un escenario así, cuyo antecedente es un 60% de ausentismo de la población electoral en las elecciones municipales del 2012; los movilizados en el paro nacional saben muy bien que “si no fuera por las movilizaciones aún se creería que lucrar con la educación es ser emprendedor”, y que sólo el poder constituyente de los movimientos sociales conseguirá realizar una Asamblea Constituyente, como ocurrió en Bolivia, Ecuador y probablemente ocurra en Brasil.

Danilo Quijano            

Alainet

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