Más allá del matrimonio igualitario

Si bien la discusión respecto de la diversidad sexual se concentra hoy en el tema de un matrimonio igualitario, activistas reclaman que se está olvidando la ansiada Ley Antidiscriminatoria, cuya discusión en el Congreso eliminó el término ‘orientación sexual’

Si bien la discusión respecto de la diversidad sexual se concentra hoy en el tema de un matrimonio igualitario, activistas reclaman que se está olvidando la ansiada Ley Antidiscriminatoria, cuya discusión en el Congreso eliminó el término ‘orientación sexual’.

 

Gato por liebre pareciera ser la propuesta del gobierno que responde a la demanda de las organizaciones de disidencia sexual. Se trata de un Acuerdo de Convivencia No Matrimonial que apunta a regular las uniones de hecho de personas del mismo sexo, que si bien permitirá su validación en el Registro Civil, no cambiará el estado civil de los contrayentes

 

Así fue lo informado por el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, y la jefa de asesores de La Moneda, María Luisa Brahn, a algunas organizaciones GLBT* en agosto pasado. La iniciativa responde al compromiso de campaña Piñera con gays y lesbianas. Una propuesta muy distante al matrimonio igualitario.

 

Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional, considera que “el reconocimiento que se haga a nivel de parejas debiera ser el mismo para parejas homosexuales o heterosexuales. No nos oponemos a que haya una institución de matrimonio y una paralela de vida en común, pero para que no exista discriminación, ambas debieran estar abiertas a todo tipo de parejas”.

En Argentina, en julio se celebró un año de ser el primer país en América Latina en igualar a nivel vincular a parejas heterosexuales y gays. A la fecha 2.697 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio.

Bruno Bimbi, activista de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, comentó a El Ciudadano que se trata de “los mismos derechos con los mismos nombres, es decir, no hablamos de unión civil.  Se olvidan de que cuando los gays alquilamos una casa, firmamos un contrato que se llama ‘de alquiler’, no de ‘vínculo inmobiliario homosexual’. Cuando decidimos casarnos, queremos que se llame matrimonio: los mismos derechos con los mismos nombres. Si no, sería como si a las parejas de afrodescendientes les hubiesen dicho que las reconocían mediante una ‘ley de unión entre negros’. El ejemplo no es antojadizo: en España, cuando se reconoció el derecho al voto a las mujeres, la derecha proponía que se llame ‘derecho a la participación política’, pero no ‘derecho al voto’, porque el voto es y ha sido siempre un atributo masculino”.

 

Gonzalo Cid, del Movimiento Unitario de Minorías Sexuales (MUMS), plantea dudas  respecto de la discusión, ya que “desde el nombre, que en vez de intentar reparar el tema de la regulación y beneficios patrimoniales, se habla de una negación de algo”.

 

El dirigente del MUMS espera que “al menos haya un reconocimiento explícito de que dos personas, sean heterosexuales o no, que tienen afecto entre ellas se les reconozca por escrito en el registro que el país se ha dado para ordenar los tipos de contrato que hacen los ciudadanos; y que este acuerdo entregue todos los beneficios legales, patrimoniales, de herencia, de protección social que dan otros acuerdos que regulan la relación de pareja”.

 

“CONTRARIOS AL ORDEN NATURAL”

 

Revuelo causaron las declaraciones del diputado UDI, Enrique Estay, quien públicamente se refirió a las personas gay como “maricones”, palabra que luego definió como “invertido, sodomita y contrario al orden natural”. Pero más revuelo causó que la  Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados rechazará sancionarlo o, al menos, llamarle la atención.

El hecho da cuenta de la profunda homofobia existente en la clase política chilena, la que a diferencia de otros países, aún no tiene un integrante que se haya declarado gay.

 

El clima homofóbico es propiciado hasta por el timonel del partido del presidente, el designado senador Carlos Larraín, quien consultado respecto de si daría su apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo respondió diciendo que “¿por qué tenemos que apoyar a la comunidad homosexual? Tendríamos luego que apoyar a los grupos que proponen relaciones anómalas con niños”.

 

Días antes el propio Sebastián Piñera aseveró que “el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, que se casan para compartir un proyecto de vida, para generar una nueva familia, para recibir los hijos que Dios nos mande”.

 

Claro que los más acérrimos partidarios de la discriminación están más allá que los parlamentarios de derecha. Juan Antonio Montes, director de Acción Familia, señala que “no se debe establecer un pseudo matrimonio homosexual porque esto, lejos de beneficiarlos, perjudicaría de modo grave a todo el país, inclusive ellos”.

 

Su posición ha ido perdiendo adeptos en los últimos años, sobre todo entre la  gente más joven. Así lo demuestra la encuesta “Posicionamiento de la Juventud Chilena frente a temas de Contingencia Nacional”, realizada por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) en 2009, donde el 56% de los jóvenes apoyan el matrimonio igualitario, así como el derecho de estas parejas a adoptar hijos (51,3%).

 

LA URGENCIA DE UNA LEY ANTIDISCRIMINATORIA

 

Para el MUMS es más importante la Ley Antidiscriminatoria y ven que el tema del matrimonio copo la agenda. Mauricio González, Coordinador de Derechos Humanos del MUMS, expresa su desazón frente al estancamiento en que se encuentra la Ley contra la Discriminación en el Congreso, la que tras años de lucha por promulgarla “está congelada   específicamente por el concepto de orientación sexual, porque sectores de Derecha y conservadores establecieron que si se elimina esa frase (referida a la orientación), la ley se puede aprobar, incluso, el día de mañana”.

 

“Esperamos una política de Estado contra la discriminación  y después establecer regulaciones patrimoniales y legales. Vemos que la reducción de la discusión actual sólo al tema del matrimonio es un triunfo de sectores conservadores, ya que se ha invisibilizado la Ley Antidiscriminación, que se tramita a espalda de la sociedad civil”- sostiene Cid.

 

El activista agrega que este proyecto de ley “se ha ido desmantelando en el Congreso y el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande que no se sepa, incluso con actores que han sido funcionales a esta cortina de humo”.

 

Las  críticas hacen referencia a que la discusión de dicho cuerpo legal eliminó las medidas afirmativas de prevención y educación que corresponde al Ejecutivo como políticas transversales. El proyecto sacó de los motivos de discriminación los conceptos de género y de orientación sexual, el que reemplazó por ‘condición sexual’.

 

Para Montes, la Ley Contra la Discriminación es una amenaza al establecer “medidas penales contra la discriminación por orientación sexual, en virtud del cual, si es aprobada, ningún católico podrá manifestar sus convicciones morales contrarias a la homosexualidad, so pena de ser arrastrado a los tribunales y a la cárcel, como ya está sucediendo en varios países europeos”.

 

Por su parte, Piquer destaca que Chile suscribió el Pacto de San José de Costa Rica, que implica sancionar todo tipo de discriminación. De aprobarse la ley como está hoy, “cuando alguien recurra a dicha legislación tendrá el problema que la ley no explicita la discriminación por orientación sexual, lo que deja a los gay en una posición desmedrada respecto de otras categorías de discriminación”- acusa Cid.

 

¿MATRIMONIO? NO GRACIAS

Un lienzo de un grupo lésbico español decía hace algunos años: ‘Mantened vuestras leyes fuera de nuestros coños’, refiriéndose a la discusión sobre el matrimonio gay. Esto da cuenta de que al interior de los grupos de disidencia sexual no hay consenso respecto del tema.

 

Felipe Rivas, de la chilena Coordinadora Universitaria por la Diversidad Sexual (CUDS), plantea que le molesta ser representado por algo así como una ‘agenda gay’, ya que “no creo que una categoría como la de ‘gay’ pueda dar cuenta de la complejidad de mi experiencia y proyectos de vida, sexuales, afectivos o políticos”.

 

Rivas destaca que no hay que olvidar que “el Matrimonio es una institución conservadora y patriarcal que regula desde instituciones como el Estado, el modo en el que uno debe articular sus relaciones afectivas y sexuales. Durante mucho tiempo, el movimiento feminista denunció al matrimonio como una institución opresora de las mujeres. También el matrimonio es una institución de prestigio social. Nuestra sociedad valora mucho más a una persona casada que a alguien soltero, el Estado promueve el matrimonio con planes de asistencia social especiales, que no se le otorgan a las personas solteras”.

 

Cid coincide en que le incomoda el titulo de ‘Matrimonio’ por “su procedencia eclesial y que claramente tiene un arraigo patriarcal, lo que hace que en Chile muchos ciudadanos no hagan uso de este vínculo”.

 

“Nos parece un avance como país tener otra institución que regule a las uniones de pareja y creemos que las sociedades modernas avanzan hacia el desarrollo de instituciones de regulaciones civiles de hecho y no fortaleciendo instituciones como el matrimonio”- recalca Cid.

 

Rivas llama la atención sobre el hecho de que exigir un matrimonio “puede estar fundamentado en cuestiones conservadoras, que aparecen -paradojalmente- como demandas del mundo progresista. Pienso que en cierto punto uno tiene que sospechar de las demandas de derechos, especialmente cuando pueden reafirmar instituciones de opresión. Por ejemplo, que las minorías sexuales exijan el derecho a ingresar al ejército, ¿hasta qué punto no deja incuestionada la lógica militarista? Ese es el problema de las políticas integracionistas, pues nos obligan a hablar en los mismos términos opresores del sistema”.

 

Rivas destaca que la Disidencia Sexual no se plantea ‘en contra’, ya que ese lugar discursivo ya está ocupado por los reaccionarios y conservadores: “Hablaría más bien de un ‘más allá’. El desafío más importante en estos momentos es poder contrarrestar al mundo conservador, pero sin caer en el juego integracionista de reafirmar instituciones de poder normalizadota”.

 

ENTRE LA ACEPTACIÓN SOCIAL Y LA PENA DE MUERTE

 

La discusión en Chile se produce justo cuando Nueva York se convierte en el sexto estado de EEUU en permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, luego de una fuerte disputa entre senadores estaduales republicanos y demócratas terminara con la aprobación del proyecto del gobernador Andrew Cuomo, que tuvo 33 votos a favor y 29 en contra.

 

Si bien los colectivos GLBT norteamericanos aplaudieron la iniciativa, las parejas del mismo sexo no pueden adoptar y su unión sólo es válida a nivel estadual.

 

Nueva York es el sexto estado en EEUU que permite el matrimonio gay. Desde que en 2004 se legalizaran las uniones entre personas del mismo sexo en Massachusetts, los estados de Iowa, Connecticut, Vermont, New Hampshire y la capital federal, Distrito de  Columbia,  se han sumado a la boda.

 

La lucha en la nación del norte se dio en los frentes judiciales y en las cámaras de representantes, tal como ha ocurrido en otros países.

 

Así España, Holanda, Bélgica, Portugal, Suecia, Noruega, Canadá, Sudáfrica y Argentina permiten la igualdad ante la ley a la hora de optar por el matrimonio a parejas del mismo sexo.

 

Pero este avance en los derechos humanos tiene un envés del terror. A los menos 70 estados no aceptan ni siquiera la unión informal entre personas del mismo sexo, y muchos de esos países contemplan serias penas a quienes expresan públicamente su atracción por alguien similar.

 

En Sudán, Yemen, Mauritania, Arabia Saudita, Irán, el norte de Nigeria y el sur de Somalia se castiga con pena de muerte la expresión de un vínculo homoerótico. En los países del norte africano incluso un simple beso entre hombres es castigado con 60 o más latigazos para cada uno.

Mauricio Becerra R.

(texto y fotos)

@kalidoscop

El Ciudadano

*GLBT: Lesbianas, gay, bisexuales y transexuales

 


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