Raúl de la Puente: «Es inadmisible la amenaza de un subsecretario del Interior de aplicar la Ley de Seguridad a los trabajadores del Estado»

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La reacción del Gobierno frente a la postura inamovible de los funcionarios de mantener la paralización fue protagonizada por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien afirmó que se “podría llegar a la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado” a los funcionarios del Registro Civil. Para el subsecretario, la movilización es “ilegal” y no podrá haber diálogo hasta que los trabajadores depongan el paro.

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En respuesta a las declaraciones del subsecretario, el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, afirmó que es «inadmisible» la amenaza de un subsecretario del Interior de aplicar la Ley de Seguridad Interior a funcionarios del Estado. “Eso no lo veíamos desde la dictadura”, agregó  y calificó de “equivocación” las palabras de Aleuy.

Sobre la consideración de la huelga como “ilegal”, el dirigente replicó que “el subsecretario y los ministros están absolutamente equivocados. Es erróneo que los trabajadores no podamos realizar huelgas o paros. Eso está establecido en el Convenio 87 de la OIT aprobado y ratificado por el Gobierno de Chile y también el Convenio 151”.

En la misma línea se pronunció la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, quien dijo que “es una afrenta que lo único que hace es buscar agudizar el conflicto. No se puede decir por un lado, en señales erráticas, estamos disponibles al diálogo y por otro lado utilizar la política del garrote”.

Frente común de los dirigentes sindicales

Esta mañana la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, acompañada de la presidenta de la CUT y el líder de la ANEF presentaron un recurso de protección contra el Estado por prácticas antisindicales. En este sentido, criticaron que a causa de las movilizaciones, sus labores son encomendadas a funcionarios de las intendencias y gobernaciones.

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Raúl de la Puente, explicó que “hemos decidido iniciar movilizaciones crecientes y por lo tanto hoy nuestra primera acción en ese sentido es aquí en los tribunales”. Y recordó que las molestias ocasionadas a los usuarios que no pueden resolver sus trámites “son responsabilidad del Gobierno” frente a la negativa de dialogar.

Por su parte, Bárbara Figueroa aseguró que “es el propio Estado empleador quien actúa como rompehuelgas”, hecho que “contradice todo el debate”, aseguró. Figueroa criticó que “se les dice a los trabajadores del servicio público que se pongan en contra de los trabajadores del Servicio Civil”. Y añadió: “Usan medidas de presión para descomprimir el diálogo”. Para ella, la solución “se trata no solo de que el Ministerio de Justicia tenga voluntad sino de que también Hacienda ponga de su parte”.

Nelly Díaz aseguró que los funcionarios decidieron radicalizar el paro por “la nula voluntad del Gobierno a conversar». «Ayer fui a conversar con el subsecretario de Gobierno y no me quiso recibir, no es culpa de nosotros. El Gobierno después de 25 días no puede decir que no ha habido voluntad”, explicó.

Finalmente, el presidente nacional de la Federación de Funcionarios del Ministerio del Interior, Marcos Dinamarca, espetó que las acciones del Gobierno sostenidas en el plan de contingencia “rallan la ilegalidad”. Y agregó: “Nuestros funcionarios no están capacitados para llevar a cabo esta labor. Están siendo obligados”.

Meritxell Freixas