La Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, hoy se encuentra concretando su segundo y último día de paro nacional, tras reclamar por el despido de más de 2.500 empleados públicos.
El presidente de la Anef, Raúl De la Puente, calificó de exitosa la movilización de hoy, a la que calculó adhirieron cerca de un 80% de los funcionarios públicos. Los trabajadores del Estado, pertenecientes a diversos gremios, se apostaron en las afueras de La Moneda, cubriendo todo el perímetro de la casa de gobierno, con pancartas y gritos en contra de las políticas hacia el sector público establecidas por la administración de turno.
El presidente del gremio afirmó que espera que el Gobierno reaccione en los próximos días, y que acepte dialogar, de lo contrario, seguirán evaluando futuras movilizaciones.
Ante la no adhesión del Registro Civil al paro, De la Puente afirmó que esto se debe al miedo producido por el “clima del terror” instaurado por el gobierno de Sebastián Piñera. Además advirtió que “hemos roto el miedo”, ante los posibles despidos o descuentos que se le realicen a los funcionarios de la Anef, los cuales adhirieron a un paro considerado “ilegal” por el Gobierno.
A la movilización también llegaron integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Aces, quienes irrumpieron por calle Agustinas cortando el tránsito vehicular por algunos minutos. Los estudiantes manifestaron su completo apoyo al paro de la Anef y sus motivos y afirmaron que “vamos a salir a la calle una y mil veces”, en apoyo a este tipo de causas.
LA INESTABILIDAD LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO
Los funcionarios públicos se rigen por el Estatuto Administrativo, emanado de la ley Nº 18.834, el cual establece tres modalidades de trabajo para los trabajadores del Estado: de planta, a contrata y a honorario. A estos dos últimos se les aplican las normas de un contrato privado, sin derecho a la protección de la normativa laboral común.
Los trabajadores a contrata y a honorario no poseen ningún tipo de estabilidad laboral, ya que su trabajo, y la duración de éste, son exclusivamente las establecidas en el contrato privado que firman, razón por la cual no pueden acogerse a la legislación laboral a la que tienen derecho todos los trabajadores del sector privado.
Al respecto, la Anef señaló que estos funcionarios no son trabajadores privados, por lo que no están protegidos por el Código del Trabajo, pero tampoco son funcionarios públicos propiamente tales, así que no tienen ninguna de las garantías que otorga el Estatuto Administrativo.
Raúl de La Puente afirmó que en la actualidad hay un 60 % de los funcionarios públicos bajo el régimen a contrata o a honorarios, a pesar de que el Estatuto Administrativo establece legalmente que sólo debe existir un 20% de empleos variables y un 80% estables, es decir, bajo régimen de planta.
A pesar de la inestabilidad laboral y la desprotección ante la que se encuentran los trabajadores a contrata y a honorario, De la Puente no piensa que se deba cambiar la legislación, con el fin de permitir que todos los trabajadores públicos gocen de seguridad en el trabajo; él sólo cree que se debe respetar la ley en lo que respecta a los porcentajes allí establecidos.
Por Katherine Torres
El Ciudadano