Rubén González, dirigente sindical venezolano en la cárcel: «por primera vez en nuestra historia se está criminalizando la protesta de los trabajadores»

En Venezuela existe un contexto creciente de criminalización de la protesta social, en el cual más de 2.400 personas están sometidas a regímenes de presentación en tribunales por haber participado en una manifestación por sus derechos. Durante el año 2009, además, destacó la aplicación de medidas judiciales contra 33 trabajadores y líderes sindicales, cuyo caso más grave lo constituye el de Rubén González, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), una empresa estatal ubicada en el estado Bolívar, por haber participado en una paralización de actividades en agosto de ese año.

El Ministerio Público no es el único instrumento punitivo de la protesta, sino también los medios de comunicación estatales quienes han difundido que estas manifestaciones laborales poseen una motivación distinta que la reivindicación de derechos de los trabajadores, tal como lo fue el caso del conflicto dentro de Ferrominera. Esta versión del gobierno fue legitimada, además, por medios paraestatales como el portal web Aporrea, el cual durante el conflicto tomó partido por la patronal y el gobierno, difundiendo solamente las versiones oficiales.

El Libertario visitó a Rubén González en la cárcel, quien todavía se identifica como militante del partido de gobierno (PSUV), en la sede de la policía del Municipio Caroní, en el estado Bolívar, donde cumple una pena indeterminada de privación de libertad, vulnerando todas las garantías procesales y el derecho a su defensa. Las autoridades sólo permisaron una conversación de pocos minutos, la cual fue realizada en el estacionamiento del cuerpo policial bajo un sol de casi 40 grados de temperatura. La difusión de esta conversación tiene como objetivo sensibilizar a los activistas, tanto nacionales como internacionales, acerca de la situación de Rubén González, solicitar su libertad inmediata e incondicional y, por último, denunciar la situación de criminalización a los sectores sociales en lucha en Venezuela.

– Se afirma que tu situación es producto de rivalidades políticas entre sectores afectos al gobierno bolivariano en la región, y no a tu actuación como dirigente sindical. ¿Qué nos puedes decir al respecto?

– Esa es una manipulación que han venido difundiendo. Lo que esta tras bastidores es que en la empresa tienen líderes sindicales “rojo rojitos”, que le hacen el lobby a la empresa, al gobierno y a su grupo. Así que sacándome a mí los dejan a ellos. Ellos están diciendo que me fui en contra del partido porque me postulé a alcalde del Municipio Raúl Leoni de Angostura, y cuando lo hice me fui con el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), que era un partido del gobierno apoyando a Francisco Rangel y al presidente Chávez. Esto lo hacen ver ahora para decir que soy un indisciplinado y todo eso. ¿Cómo se puede ser disciplinado cuando realmente estas viendo que las cosas no están marchando bien? Cuando te imponen una línea que si no cumples sencillamente o te vas o te agarran y te ponen preso. Ellos lo ponen en la mesa pero eso no es así.

– ¿Entonces tu detención es producto de tu participación como líder sindical?

– Habíamos terminado de firmar una convención colectiva en Ferrominera en diciembre del 2008. En junio del 2009 empezó a tener vigencia. Cuando entra en vigencia tienen que pagar el retroactivo, pagar para el mes de julio lo que está planteado en la convención colectiva que son montos de 7 mil, 4 mil y 9 mil bolívares. Tienen que poner también 40 Bs. a los trabajadores que están fuera de la convención colectiva. Entonces vienen un domingo, el día 09 de julio, llega el presidente Hugo Chávez a la fábrica y se para uno de los dirigentes sindicales que estoy comentando y dice que en Ferrominera está todo bien, que no hay ningún problema y que no se les debe nada a los trabajadores. Eso inquietó mucho. En Ciudad Piar los trabajadores se paran en el portón. Llego yo al portón. Les digo “¿ustedes están de acuerdo?, ¿se van a quedar parados?, porque si es así ustedes saben que esto es fuerte”. Ellos me dicen que sí, y que busque al presidente de la empresa para que les explicara por qué no se le habló claro al Presidente de la República, porque a ellos les tienen deudas laborales, y que nuestra situación está bastante mal: la clínica no funciona, el transporte y los insumos no funcionan. No hay ni papel sanitario ni toallas en los baños, eso es un desastre.

Se paran entonces los trabajadores y yo me traslado a Puerto Ordaz. Logro conversar con el gerente general del personal, el cual me pregunta si yo quería hablar con el presidente de Ferrominera. Le digo que sí, porque quería expresarle que los trabajadores estaban solicitando su presencia. ¿Qué pasó? Que ese mismo gerente me dice que el presidente no quiere saber nada de mí. Yo le dije “está bien, que no hable conmigo, pero esos trabajadores que están allá también los dirige él”. ¿Saben lo que hicieron? Jugaron al desespero de los trabajadores, y pasaron 15 días y ningún representante de la empresa se presentó. Todo de una forma totalmente irresponsable. A los 16 días se presenta, al cual se le dijo que lo que se quería era llegar a un entendimiento. Inclusive firmamos un acta de compromiso y todo. Con esa acta fuimos a una asamblea en la que había más de 1.000 trabajadores. Allí el presidente dijo que lo habían engañado, pues le habían dicho que lo que había eran 40 pelagatos. Yo le dije “vea para allá presidente, ¿ve que no son 40 pelagatos?, ellos estaban pidiendo su presencia para ver qué pasaba con sus pagos”.

Allí firmamos el acta en donde dice que el iba a buscar el dinero para cancelarle a los trabajadores, y que también iba a evaluar lo del pago de los días que estuvieron paralizados. Pasó todo eso sin consecuencias, y ahora la situación está mucho más crítica. Entonces los trabajadores tienen razón.

– ¿Cómo fue el proceso de privación de su libertad?

– ¿Qué paso allí? Yo soy concejal del municipio también, en dos oportunidades he sido electo por el municipio Raúl Leoni, y lo que hicieron fue hacerme una emboscada. Con la Disip me mandan una citación. Yo acudo a esa citación, y allí me marean para esperar que venga el CICPC a agarrarme. Los tipos aplicaron ahí la fuerza, pero yo también me defendí. Y uno de los Disip me dice “estate tranquilo Rubén que tienen una orden de captura, y si tienen una olvídate que te van a llevar”. Me metieron en un carro, me llevaron al CICPC, allí me sentí un poquito mal.

– ¿Cuáles son los delitos que se te imputan?

– Agavillamiento, instar a delinquir, cierre de vías, traspasar zonas de seguridad y violación del derecho al trabajo. Sobre que hechos están relacionados estos delitos no lo sé, pues no dan ninguna explicación. Ahora es que más o menos se regularizó el problema, pues yo tuve 4 meses que era preso de nadie. Primero me llevaron al retén de Guaiparo, un sitio en donde tenían también a todos los malandros. Luego me mandaron a sacar y me trajeron a Patrulleros del Caroni. Cuando me presentaron en tribunales es que me entero de todos esos delitos. El tribunal sentencia una medida cautelar privativa de libertad de arresto domiciliario, con lo que me llevan a mi casa. Yo tenía casi 4 meses arrestado en mi casa. Hace como un mes, no recuerdo la fecha ahora, se presentó un comando del Cicpc y me secuestraron de mi casa. Me dijeron “te vamos a llevar allá, firmas y te vienes”. Entonces me retienen y nadie sabía de mi paradero, y fuentes ligadas a ese mundo nos dijeron que la orden era matarme.

Me dejan en Patrulleros dos días, y luego a las 10 de la noche me vuelven a llevar vía Ciudad Piar, una vía sola, y me vuelven a traer. Me meten en el tribunal a las 11 y 30 de la noche. Y para que tu veas lo inaudito, a las 7 de la noche botan a la juez, y a las 10 ponen a un nuevo juez, y a las 12 de la noche sacan una carta de excarcelación para meterme acá preso. A esa hora trabajaron el expediente para dejarme acá. Allí me vuelven a llevar de nuevo al CICPC y a las 2 de la madrugada es que me entero que me habían revocado la anterior medida y que ahora estaba preso en un calabozo. Después metimos un recurso de amparo, el cual dieron con lugar, mandan a convocar a las partes. El juez de aquí no convoca a las partes. Metimos otro recurso de amparo que admiten pero que luego lo declaran sin lugar. Manipulan diciendo que nosotros nos autoconvocamos, ¿Por qué digo eso? Porque desde que dictaron la medida de privativa de libertad el tribunal quedó sin juez y sin despacho. ¿Cómo se explica que si esto es así la fiscal del Ministerio Público metió un acto conclusivo? Ese acto conclusivo es el que nosotros estamos atacando, porque no tiene ningún tipo de legalidad. Las normas dicen que todo lo actuado en ese lapso de suspensión es nulo. No quieren acatar nada de eso, sino que quieren llevarme a juicio, a una preliminar.

Mi esposa viendo todo esto estuvo 19 días en huelga de hambre. Te puedo decir que no se presentó nadie, ninguna autoridad. Un grado de insensibilidad total.

– ¿Cuanto va durar la privación de su libertad?

– Todo depende de ese tribunal que me está juzgando. Estoy en las manos de gente política que levantan un teléfono y le dicen a un juez o a una fiscal “déjalo ahí, no lo saquen”. Aquí no vale el 48 del Código Orgánico Procesal Penal, el 49 de la Carta Magna, acá no vale eso, acá no existe ninguna constitución. Aquí no se cumple nada de acuerdo al derecho, sino el mandato de quienes están tras bastidores.

– ¿Cuáles son sus condiciones de reclusión actuales?

– Gracias a Dios no tengo quejas ahora, acá me han tratado bien. Estoy junto a 4 personas que son funcionarios policiales que han tenido algún problema. Pero yo no quiero estar aquí, yo voy para 51 años y no merezco este trato, pues yo lo que he hecho en mi vida es trabajar. He tratado de hacer las cosas pulcramente, desde que estoy en el mundo sindical. Soy militante del PSUV, organicé el partido en varios municipios, estuve en el referéndum, la enmienda constitucional, la reforma constitucional, la elección del presidente, todo eso lo apoyé. Cuando la cosa está mala yo digo que está mala, y cuando está buena yo lo reconozco, pero ellos quieren que a lo malo le digamos bueno, y a lo bueno le digamos malo. Yo creo que hay que defender la conciencia de lo que tenemos que hacer.

– ¿Cuál ha sido la actitud del PSUV?

– Omiso totalmente. Algunos que me respaldan tienen miedo a salir a poyarme, porque eso significa destitución y persecución. Por ejemplo hubo un estudiante que me ha apoyado y le pusieron a la Disip debajo de su edificio. ¿Qué mal hice? ¡Lo que he hecho es cumplir con mi trabajo! Si la gente está parada y yo soy el secretario general, ¿cómo le puedo dar la espalda a los trabajadores? Tengo que ponerme al frente. Cuando tú me dices “agavillamiento”, ¿Cuál agavillamiento? “Tranca de vías”, nosotros no trancamos ninguna vía. E inclusive quien trancó los portones fue la misma gente de la vigilancia. Y lo más fuerte es “instar a delinquir”, si allí no rompimos nada.

– ¿Qué mensaje quiere darle al movimiento social y de trabajadores del país?

– Hago un llamado, como dirigente sindical, a toda la masa trabajadora venezolana y a toda la dirigencia sindical, una dirigencia que en un momento fue elegida para representar los intereses de los trabajadores. Ese es su fin, no para venderse al patrón ni endosar a partido político ni a intereses particulares. Nuestro cumplimiento está dentro de la convención colectiva, la Ley del Trabajo y las leyes como tal. Hago un llamado para que reflexionen sobre el trabajo que están realizando y que cumplan con el mandato de los trabajadores. Sobre la criminalización de la protesta, creo que por primera vez en nuestra historia se está criminalizando la protesta de los trabajadores por el incumplimiento de sus beneficios. Si a mí me dicen que dentro de Ferrominera no hay incumplimiento, está bien que yo esté preso. Pero allí todavía sigue el incumplimiento total de todos los beneficios de los trabajadores que quedaron plasmados en una convención colectiva, y en ningún momento se les está cumpliendo. Gracias por venir a visitarme, rieguen la voz a los organismos internacionales. Esta democracia, aquí como se está llevando en Venezuela, no tenemos derecho a la protesta y el que proteste sencillamente hay que meterlo preso o hay que desparecerlo.

Yo estoy aquí, aun siendo del partido de gobierno porque no comparto algunos lineamientos. O están buscando intereses personales dentro de un sindicato, y por eso hay que sacarme. Tengo adversarios tanto en la alcaldía como en la dirigencia sindical, pero el sentido democrático es actuar con todos los factores, y al final prevalezca el raciocinio, las ideas y la discusión, no la imposición de nadie en particular. También quiero agregar que había trabajadores despedidos, afortunadamente declararon sin lugar el despido, y hay calificaciones de despido contra 6 dirigentes sindicales. Yo llamo a todos los trabajadores a que se quiten el miedo y que espanten el temor por exigir sus derechos. Pero con todo lo que está pasando igual vamos a seguir la lucha. Hay uno que luchan un día y son buenos, otros que luchan 5 años y son mejores, otros 10 años que son excelentes, pero lo importante son quienes luchamos toda la vida para seguir adelante.

VENEZUELA: LAS REJAS NO PODRÁN SILENCIAR LA PROTESTA POPULAR

Campaña nacional e internacional de solidaridad epistolar con Rubén González

El pasado 07 de mayo, un tribunal de la ciudad industrial de Ciudad Guayana, en Venezuela, le negó la posibilidad al Secretario General de Ferrominera, Rubén González, de ser juzgado en libertad. Desde mediados del año 2009, este dirigente sindical se encuentra preso por apoyar una huelga de trabajadores para exigir mejoras en sus condiciones laborales. El 26 de agosto de 2009, Radwan Sabbagh -presidente de Ferrominera Orinoco- en un hecho público y conocido acordó con González la finalización del paro, así como la reactivación de las fichas de empleo de un grupo de trabajadores; asimismo convino no tomar represalias en contra de quienes acataron el cese de actividades; evaluar el pago de los salarios caídos de quienes no laboraron durante los 16 días de manifestación y el cumplimiento de sus reivindicaciones. Sin embargo, días después, González era detenido por su apoyo a la acción de los trabajadores, y acusado de los delitos “agavillamiento”, “instigación a delinquir” y “violación de la zona de seguridad”. Desde ese día se encuentra privado de su libertad y si el fallo del tribunal lo declara culpable, puede ser sentenciado a permanecer entre 5 y 10 años tras las rejas. González es un luchador social de conocida trayectoria en la región y militante del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El caso de Rubén González es un grave precedente del proceso creciente de criminalización de la protesta en Venezuela. Cifras recopiladas por las ONGs en derechos humanos estiman que existe una cifra mayor de 2.400 personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales por participar en movilizaciones por demandas sociales. Estos procedimientos legales pueden durar años, en donde otros derechos (libertad de expresión, reunión, manifestación) son prohibidos para los procesados y procesadas.

La Campaña por la Defensa del Derecho a la Protesta Social, promovida por una serie de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos (Provea, Espacio Público, Liga de Trabajadores por el Socialismo, Sintraince, Unidad Socialista de Izquierda, Socialismo Revolucionario, Paso a la Nueva Democracia, Periódico El Libertario, entre otros) considera que Rubén González es un preso político del gobierno venezolano, cuyo castigo intenta desmotivar la organización y lucha autónoma de los sectores laborales, contra sus patronos públicos y privados, para exigir y defender sus derechos.

Rubén González necesita ahora nuestra solidaridad activa más que nunca. Por ello estamos motivando a realizar un acompañamiento cercano de sus días tras las rejas, enviándole mensajes de solidaridad, cartas, postales y materiales escritos con los que pueda mantener en alto su autoestima, su espíritu combativo y su sensibilidad por las injusticias contra los asalariados. Por esta razón hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y populares tanto de Venezuela como de América Latina y el mundo, para que le envíen cartas de aliento y solidaridad.

Existen dos maneras de remitir los mensajes

1) A través del correo electrónico [email protected], en donde semanalmente una persona de Ciudad Guayana los imprimirá y se los llevará a su sitio de reclusión. (Rubén González no cuenta con acceso directo a Internet).

2) Enviando tu postal, carta o publicaciones a la siguiente dirección: Patrulleros del Caroní (A la atención de Rubén González), Parroquia Unare, sector Unare II, detrás de los trailers de CVG Alcasa y frente al hogar Madre Emilia, Municipio Caroní, Puerto Ordáz, estado Bolívar, Venezuela.

Libertad inmediata para Rubén González. Libertad plena a todos los procesados por participar en manifestaciones por derechos sociales en Venezuela

Campaña por la Defensa del Derecho a la Protesta Social

Fuente: periodicoellibertario.blogspot.com